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No tapemos el sol con un dedo, por Fernando Cáceres

“¿Alguien cree que la no reelección de parlamentarios va a cambiar en algo la sensación de impunidad que nos carcome?”

Fernando Cáceres Freyre Analista de políticas públicas

Foto El Comercio

“Lo que necesitamos son mecanismos más ágiles para sancionar a las autoridades”.

El problema de la propuesta del Ejecutivo de modificar la Constitución para restringir la reelección parlamentaria es que busca tapar el sol con un dedo. Genera la falsa expectativa de que ‘ahora sí’ no habrá impunidad en los congresistas, cuando el origen de ese mal es un pernicioso combo entre inmunidad y antejuicio político. Si la reforma en marcha no ataca ese combo, aun cuando no haya reelección parlamentaria, del 2021 al 2026 solo tendremos más de lo mismo.

Hagamos un paralelo con nuestro día a día. Mientras los consumidores podemos sancionar inmediatamente a las empresas por vendernos productos defectuosos o estar involucradas en conductas antiéticas, dejando de adquirirles bienes o servicios, los ciudadanos debemos esperar hasta cinco años para poder dejar de ‘adquirir’ los servicios de autoridades cuestionadas. Y esto ocurre aun cuando nuestro rechazo hacia las autoridades se origine en constatar que estas han cometido delitos, que llevarían a cualquiera de nosotros a enfrentar una sanción penal, o incluso la cárcel. Así ocurre en países como Inglaterra.

¿Alguien cree que la no reelección de parlamentarios va a cambiar en algo la sensación de impunidad que nos carcome? Lo que necesitamos son mecanismos más ágiles para sancionar a las autoridades. No tener que esperar a la siguiente elección, donde –además– los niveles de reelección actualmente no son elevados (27,7% en el 2011 y 26,9% en el 2016, Congreso, 2016), lo que da cuenta de que en el mediano plazo la propia elección funciona como la mejor sanción.

El escudo de la inmunidad se origina –hace siglos– en la necesidad de que los parlamentarios no puedan ser perseguidos por gobiernos ni privados opositores, mientras están cumpliendo su mandato popular, para garantizar que puedan realizar adecuadamente su función pública. En tanto, el antejuicio busca que durante su mandato y cinco años después, las altas autoridades, incluyendo parlamentarios, presidente, jueces supremos, etc., no se vean expuestas a juicios penales sin verosimilitud alguna. Quien tiene inmunidad tiene antejuicio, pero no viceversa.

Ante todo, cualquier escudo que se conceda a las altas autoridades solo tiene sentido tratándose de delitos directamente relacionados con el encargo público que cumplen. Uno podría argumentar, por ejemplo, que los parlamentarios no deberían poder ser enjuiciados por delitos de difamación, porque la libertad de expresión es esencial para realizar su función de representación. Pero todos estaremos de acuerdo en que, si un congresista viola, mata, realiza tráfico de influencias o falsifica documentos a lo largo de su mandato, se debería ir a la fiscalía, sin que ninguna comisión congresal tenga que analizar absolutamente nada.

Lamentablemente, hoy asiste a los congresistas un escudo llamado inmunidad que obliga a que –incluso frente a delitos ajenos a su función– tengan que ser los demás congresistas quienes decidan su enjuiciamiento por el Poder Judicial. Esto claramente debe revisarse bajo la actual reforma. Una opción es que la inmunidad solo abarque a las reglas de la ‘parliamentary non-liability’ o inviolabilidad (protección especial a la libertad de expresión de los congresistas por sus votos, como ocurre en El Salvador y México), pero no a las de ‘parliamentary inviolability’ o inmunidad parlamentaria (inmunidad frente a delitos comunes). De hecho, ya en Europa se viene recomendando que los parlamentarios solo se queden con el primer tipo de escudo, al considerar que en un sistema democrático moderno es innecesario darles inmunidad frente a delitos (Venice Commission, 2014).

Por último, también el antejuicio debe revisarse, porque es este escudo el que permite absurdos como que ya se haya enjuiciado al juez superior Walter Ríos, pero que el juez supremo César Hinostroza siga recibiendo un sueldo de nuestros impuestos. Apunte bien, presidente Vizcarra. La oportunidad de dejar un legado que cambie las reglas de juego es ahora.


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