No pasaron ni 24 horas del vergonzoso episodio protagonizado este lunes por el presidente Pedro Castillo ante los reporteros que le preguntaron sobre las contradicciones entre sus declaraciones a CNN y a la fiscalía, a propósito de sus reuniones con Karelim López, para que el Gobierno volviera a mostrar su disposición hostil ante la prensa.
El martes por la mañana, efectivamente, los periodistas que intentaron acercarse al mandatario al final de una actividad en San Juan de Lurigancho para pedirle explicaciones sobre su resistencia a responder acerca de un asunto tan serio y su forma ofensiva de aludir a quienes habían buscado entrevistarlo el día anterior (“Esta prensa es un chiste”, había proclamado en esa oportunidad frente a los micrófonos que lo rodeaban) fueron impedidos de hacerlo por un cerco policial. El insólito comportamiento de los efectivos fue justificado más tarde por el general PNP José Zapata con el argumento de que “son situaciones propias de la dinámica del momento porque subyace la seguridad en cuanto a la vida e integridad física de las personalidades”. Pero a nadie le pasó desapercibido que esa fórmula burocrática de caricatura escondía mal un afán oficial por bloquear cualquier posibilidad de que el jefe del Estado fuera nuevamente requerido acerca del espinoso asunto ya mencionado o su reciente actitud de desprecio hacia la prensa.
La reiterada torpeza, por supuesto, levantó una ola de protestas que horas más tarde forzó al presidente a murmurar, frente a las solitarias cámaras de TV Perú (el llamado “canal del Estado”), unas excusas poco convincentes. “Si se ha herido parte de la susceptibilidad de la prensa, pido las disculpas correspondientes”, dijo. Una frase en la que el supuesto ánimo de admitir la falta y reparar el daño se vio desvirtuado por el tono condicional y la introducción del giro “parte de la susceptibilidad de la prensa”, con el que se quiso sugerir, aparentemente, que el ofendido fue solo un sector del periodismo que tiene la sensibilidad a flor de piel.
Las reacciones del Colegio de Periodistas de Lima y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) demuestran lo contrario. Pero, además, un hecho divulgado esa misma noche confirmó, por enésima vez, la hostilidad de este Gobierno hacia los medios y hombres de prensa que no puede controlar. Nos referimos al anuncio hecho por el periodista Enrique Chávez, conductor hasta entonces del espacio “Cara a cara”, de que había sido despedido de TV Perú, el supuesto canal de todos los peruanos, sin que mediara razón atendible. Posteriormente, Chávez reveló que había recibido información sobre una orden del gerente de prensa de TV Perú, Julio Navarro, para que no emitiera en el noticiero la nota en la que el presidente Castillo decía que la prensa era “un chiste”. Esta circunstancia no pasó desapercibida para el Consejo de la Prensa Peruana, que a través de un comunicado afirmó estar “en alerta por las presiones del Gobierno sobre este canal del Estado”.
En un esfuerzo por maquillar lo sucedido, el Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP), del que depende TV Perú, emitió un comunicado en el que afirmaban que la salida de Chávez “se dio en el marco de la culminación de una orden de servicio […] que tenía como plazo de finalización el 28 de febrero de este año”. Un nuevo ejercicio de retórica burocrática en el que se omite toda alusión a los motivos que habrían llevado a la no renovación de una relación que se había extendido ya por siete años o al hecho de que la prestación del servicio fuera cortada una semana antes de lo que establecía el contrato…
Si recordamos lo dicho en setiembre por el actual titular de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, a propósito del medio en cuestión (“Canal 7 nos golpea a nosotros como si fuera un canal extraño, también tenemos que hacer cambios ahí”), queda claro que estamos ante una arremetida más del Gobierno contra los medios y los periodistas que le son críticos. El cerco que hemos visto tanto en el despido de Chávez como en el cordón policial no es imaginario. Y se está estrechando.