Según los resultados del último simulacro de votación de El Comercio-Ipsos, nueve partidos pasarían la valla y tendrían representación en el próximo Congreso a partir del 28 de julio. Una circunstancia completamente distinta a la que se dio en el 2016, donde una bancada se hizo de una mayoría abrumadora en el hemiciclo. Las potenciales consecuencias de esta situación, sin embargo, están lejos de ser alentadoras, sobre todo si se considera la precariedad que ha regido la conformación de las listas de las diferentes agrupaciones políticas.
Para empezar, la atomización del Parlamento puede traer consigo un serio reto para la gobernabilidad del país. Si antaño la presencia mayoritaria de Fuerza Popular supuso una traba para que la administración de Pedro Pablo Kuczynski (con una bancada chica) pudiese trabajar con fluidez, la existencia de grupos pequeños y de ideas diversas podría generar efectos similares, si es que desde Palacio no se logra formar coaliciones con otras tiendas políticas. Quizá el ejemplo más nítido de los potenciales efectos de esta posibilidad sea lo que ocurre hoy: el Ejecutivo, con una bancada pequeña, vive atajando proyectos de ley pobremente sustentados provenientes de diferentes frentes y bajo la amenaza constante de que el presidente sea vacado.
La manera como han sido construidas las listas de candidatos al Congreso también puede jugar un papel importante en lo que describimos. Como ha informado nuestra Unidad de Periodismo de Datos, 43% de los postulantes se afilió al partido que hoy los acoge en el último mes del plazo oficial. Asimismo, 20% participó en anteriores procesos electorales con otro color de camiseta. Esto hace más posible que, como se ha visto en esta y otras composiciones legislativas, haya diferencias intestinas dentro de las agrupaciones y, por ende, una atomización general aún más marcada.
También está el problema de la poca experiencia en el trabajo parlamentario que registra la mayoría de los que quieren ocupar una curul, en buena medida por la descaminada prohibición de la reelección inmediata de los padres de la patria impulsada por el expresidente Martín Vizcarra. Así, solo 6% de los aspirantes ha sido congresista o ha ejercido una labor dentro del Legislativo. Ello podría suponer, en palabras de la politóloga Marisol Cuéllar, “una agenda desordenada y varias leyes inconstitucionales”.
El desempeño responsable y atinado del Congreso también tendrá mucho que ver con la calidad de los candidatos de cada partido. En ese sentido, que se hayan presentado 215 postulantes con antecedentes penales y civiles es poco alentador. También lo es la manera improvisada en la que algunos partidos han reclutado a sus listas, incluso sumando a personas que buscan representar a regiones en las que no viven y sobre las que no conocen absolutamente nada.
Lo peor es que a estas alturas resulta poco probable que las fichas vayan a moverse lo suficiente como para cambiar el panorama que describimos. A semanas de acudir a las urnas, es claro que el hartazgo ciudadano por la política va a producir un picadillo legislativo que solo la vocación de diálogo que nuestros representantes tengan podrá remediar. Pero incluso si esto último se da –difícil, dadas las diferencias ideológicas existentes–, nada nos libra de la mediocre oferta electoral actual, que desembocará en un poder del Estado igual de malo.
Así las cosas, los votantes no deben perder de vista cómo sus decisiones harán lucir el próximo Congreso. A la escrupulosa revisión de hojas de vida y trayectorias profesionales tiene que añadirse el análisis minucioso de las encuestas, para ver qué composición podría terminar por imponerse. Por otro lado, quienes busquen llegar a la Presidencia de la República tendrán que demostrar humildad y mucho tino diplomático para poder navegar las aguas del fraccionamiento.