La ausencia de filtros efectivos para evitar que personas con problemas con la justicia lleguen a las listas congresales –y eventualmente sean elegidas– afecta prácticamente a todos los partidos inscritos en el registro electoral. En el caso de Alianza para el Progreso (APP), sin embargo, parece haberse convertido en un sello de fábrica.
Como se recuerda, en el 2016, esa organización postuló al Parlamento a Benicio Ríos, que tenía en ese momento un proceso judicial por colusión agravada, y a Edwin Donayre, quien arrastraba un juicio oral por apropiación indebida y desvío de combustible. La información que hacía inconveniente auspiciarlos políticamente no estaba oculta: figuraba en sus hojas de vida. Y llamaba tanto a escándalo que el líder de la agrupación, César Acuña, anunció durante la campaña una investigación al respecto y hasta insinuó la posibilidad de que fuesen apartados de la competencia. Pero al final nada sucedió y los dos resultaron elegidos. Con el correr del tiempo, además, ambos fueron también sentenciados a cárcel efectiva y, antes de ser encerrados, estuvieron prófugos de la justicia.
Tras esa ingrata experiencia, lo lógico habría sido que el partido en cuestión fuese extremadamente celoso al momento de conformar su nómina de aspirantes a una curul en el proceso complementario del 2020. No fue eso, no obstante, lo que ocurrió. Esta vez APP postuló –y consiguió llevar hasta el Legislativo– a Humberto Acuña, hermano del mandamás del movimiento y sentenciado en segunda instancia por el delito de cohecho pasivo genérico. Y a pesar de que, al día de hoy, pesa sobre él una inhabilitación por tres años, las dilaciones para hacerla efectiva han abundado.
Por no hacer mudanza en su costumbre, la agrupación que nos ocupa lanzó para las elecciones de este año a Yeny Quispe Quiquijana, con el número 6 de su lista por Puno: una ciudadana que, de acuerdo con información proporcionada por la Policía Nacional y el Ministerio Público, fue detenida hace un año en Tacna cuando transportaba 11,9 kilos de cocaína y estuvo en prisión por siete meses. Fue beneficiada luego por un decreto que buscaba reducir el hacinamiento en los penales por el coronavirus, pero la fiscalía la ha acusado de favorecimiento al tráfico ilícito de drogas y ha pedido nueve años de cárcel para ella.
En APP, al parecer, no conocían la historia y cuando este Diario la divulgó, días atrás, la reacción inicial fue decir que se trataba de un caso de homonimia. La verdadera ‘burrier’, según el excongresista Richard Acuña, se encontraba detenida. Rápidamente, sin embargo, la realidad se abrió paso y el partido no solo tuvo que aceptar que su postulante era la presunta traficante, sino pedir oficialmente su retiro. Un pedido que ayer el Jurado Electoral Especial (JEE) de Puno acogió.
Las alarmas, felizmente, sonaron esta vez a tiempo… pero no porque los filtros de la referida organización política hubiesen funcionado, sino porque alguien se los advirtió y ellos tuvieron que actuar en consecuencia.
Lo cierto es que, con este episodio, la sistemática ligereza de ese partido para revisar los antecedentes o la idoneidad moral de sus candidatos ha tocado fondo. Y las explicaciones de que en este caso “hubo una confianza en la palabra de la señora”, ensayadas por el vocero de la bancada de APP, César Combina (quien pocas semanas atrás declaró para este Diario que su organización había fortalecido “muchos filtros internos” para este proceso), son sencillamente inaceptables. Si un medio pudo acceder a la información que produjo el desenlace que aquí comentamos, es evidente que el propio partido pudo hacer lo mismo. A veces, lo único que se requiere es hacer una búsqueda en Google (una observación que vale también para los numerosos casos de candidatos con multas por manejar ebrios, sin brevete y un sinfín de otras faltas, que publicamos ayer en estas páginas). Pero, por lo visto, en ese conglomerado político, como en tantos otros, prefieren seguir siendo siempre los últimos en enterarse.
Habrá que ver cómo esa desidia se refleja en las ánforas.