Trazos para el 2026 (II)

Hace algunas semanas, esta columna ensayó algunos trazos con miras a las próximas elecciones generales, que muy probablemente tendrán lugar en el 2026 (El Comercio, 18/1/2024). El texto se centraba en aspectos políticos (la oferta electoral, el peso del oficialismo, las reglas con las que se conduciría el proceso), aunque mencionaba también condiciones económicas y sociales que podían impactarla.

¿Ha cambiado algo desde entonces? En apariencia, muy poco. Ello, a pesar de las mediáticas revelaciones de Jaime Villanueva que involucran a un amplio espectro de actores de relevancia política o de una mejora cualitativa en el Gabinete que lidera Alberto Otárola.

Hay, sin embargo, varios desarrollos que no deben perderse de vista, en los ámbitos económico y social. En primer lugar, esta semana se confirmó que el 2023 fue un año peor aún de lo que se esperaba. El PBI se contrajo en un 0,55%. Si sirve como referencia, es el peor resultado desde 1998, excluyendo a la pandemia.

Coherente con esta cifra, la pobreza crece. Videnza estima que en el 2023 la pobreza monetaria habría afectado a cerca de un tercio de la población (30,5%), una cifra que se ubica tres puntos porcentuales por encima de la correspondiente al 2022 (“Gestión”, 16/2/2024).

Hay, sin embargo, algo de luz al final del túnel. Elmer Cuba, socio de Macroconsult, le dijo a RPP que la naciente gestión de José Arista tendrá mejores vientos. Según Cuba, la economía peruana presentará un efecto rebote debido a la ausencia de los factores externos que causaron la recesión del 2023: la alta inflación, el impacto del fenómeno de El Niño y las protestas sociales. “Esos factores ya no están presentes, van a hacer que los vientos soplen mejor y que la gestión de Arista tenga números en azul pronto, ya desde enero”, refirió (Andina, 14/2/2024).

Con rebote o sin él, en cualquier caso, la economía peruana ha sido muy golpeada en los últimos años, lo que tendrá un impacto tanto en los indicadores como en las percepciones.

En lo social, es importante reiterar la apremiante situación de inseguridad, con picos en la capital. Cuando en enero el IEP preguntó sobre el tema, la mitad de los encuestados (50%) en todo el país dijo que la situación era “peor” comparada con hace 12 meses, mientras que poco más de un tercio (35%) indicó que era igual.

En la capital, entre tanto, la percepción negativa sube considerablemente: casi ocho de cada diez encuestados (78%) creen que la situación es “peor”. Si en Lima reside casi un tercio del país, puede entenderse la ubicuidad mediática del tema.

Debe anotarse que lo que podría ser la línea de base (enero del 2023) no era un paraíso en materia de seguridad. De hecho, el país acababa de salir del gobierno de Pedro Castillo, que no tuvo precisamente indicadores positivos en este rubro (en verdad, en ninguno).

De mantenerse inalterable, este será el telón de fondo de los comicios: un país golpeado en lo económico y acosado por la inseguridad –real o percibida–, con un liderazgo político que se manifiesta incapaz de hacerles frente. Con los cambios en el MEF y en el Minem podría abordarse lo primero, pero lo segundo parece mucho más difícil por la ausencia de un factor fundamental: la voluntad de cambio.

En cualquier caso, la crisis económica y la inseguridad serán dos temas que buscarán alguna personificación muy pronto. Como se sabe, las contiendas electorales suelen ser el escenario de ideas disparatadas: de tentaciones por la mano blanda para relajar los gastos y mano dura para aplicar la ley. Los candidatos presidenciales y congresales se pondrán imaginativos. Guerra avisada no mata gente.