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Febrero, mes clave para la política; por Pedro Tenorio

“Es evidente que la fiscalía se juega toda su credibilidad en este acuerdo”.

Pedro Tenorio Analista político

Odebrecht

“Los tres primeros meses luego de su firma (de febrero a abril) serán claves para confirmar si era o no el mejor camino disponible”. (Foto: EFE)

Como toda figura nueva, la “delación premiada” a la que se aproxima (porque técnicamente no lo es, pero se le parece) el acuerdo de colaboración eficaz que están a punto de firmar los fiscales peruanos y la empresa Odebrecht viene recibiendo duras críticas. Algunas sinceras y otras interesadas, es cierto, pero con la fuerza suficiente como para sembrar preocupación en un sector de la ciudadanía que mira este entendimiento con recelo. “¿Por qué solo cuatro casos, qué hay del resto? ¿Y por qué tan poca indemnización?”, se repite en estos días, sin que ello sea exacto porque Odebrecht parte de reconocer el pago de sobornos en cuatro proyectos, pero no descarta entregar información y allanarse si acaso los fiscales peruanos –o nuevos delatores– presentan pistas de otros ilícitos. Asimismo, los 610 millones de soles que se habrían acordado como multa no son un tope.

A cambio se han ofrecido nombres, pruebas y todos los elementos necesarios para obtener la condena de quienes resulten responsables, lo que de no ser veraz acarrearía la anulación de cualquier beneficio para la empresa y sus directivos. En Brasil funcionó, falta saber cómo será aquí en el Perú.

Sin embargo, más allá de las objeciones que sazonan este debate, del que todos los sectores políticos participan, desde el Ministerio Público están decididos a seguir por esta vía. Es evidente que la fiscalía se juega toda su credibilidad en este acuerdo: fallar no le está permitido. Del mismo modo, es un escenario en el que el gobierno de Martín Vizcarra arriesga lo suyo dado que apoya abiertamente al proceso negociador y la próxima firma de este entendimiento, en el que procuradores del Ministerio de Justicia también tuvieron vela.

Así, los tres primeros meses luego de su firma (de febrero a abril) serán claves para confirmar si era o no el mejor camino disponible.

Mientras esto sucede, el Congreso tiene la responsabilidad de sacar adelante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), cuyo tramo final vuelve a ser motivo de rencillas entre Daniel Salaverry y un sector del fujimorismo duro pro-Keiko. Este último, mientras intenta adivinar cómo bajarle la llanta política a Vizcarra, aparece alejado una vez más de las prioridades de Estado formuladas por el mandatario y que cuentan, guste o no, con amplio apoyo popular. El Parlamento se sigue moviendo con lentitud allí donde todos le exigen agilidad. No se trata de ir al ritmo que el Ejecutivo imponga, sino al que le permita reengancharse –¡parece una utopía!– con la ciudadanía. Algo que hoy está muy lejos de ocurrir y es peligroso.

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