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Autodestrabe, por Fernando Cáceres Freyre

“Desde el 2006, los altos funcionarios públicos han perdido el 44% de su poder adquisitivo”.

Fernando Cáceres Freyre Analista de políticas públicas

Martin Vizcarra

“En adelante, la aprobación presidencial dependerá más de las ‘obras y reformas’ que de la narrativa anticorrupción”. (Foto: Archivo).

El 9 de diciembre no solo será importante por las cuatro reformas que votaremos en el referéndum. Ese día también se dará una ‘cita’ entre Martín Vizcarra y la población, que pondrá fin a una etapa de enamoramiento.

En adelante, la aprobación presidencial dependerá más de las ‘obras y reformas’ que de la narrativa anticorrupción, que empezará a ser percibida como una tarea más ‘en cancha del sistema de justicia’.

El presidente lo ha advertido. Por ejemplo, en materia económica se ha trazado como meta hacia el 2021 “recuperar por lo menos 20 posiciones de las que hemos perdido”, en referencia a las 32 posiciones que hemos bajado en los últimos siete años en el ránking Doing Business (Banco Mundial). Una meta ambiciosa que espero vaya aparejada de la reactivación del Consejo Nacional de Competitividad, sin cuya gestión no pasaremos a la acción.

Pero para lograrla no basta con ‘más destrabe’. Las reglas bajo las que trabaja el sector privado son claves, pero también es necesario que el Ejecutivo se mire el ombligo. ¿Están las entidades públicas –vinculadas al clima de negocios– en condiciones de acompañar ese salto de competitividad?

En el 2006, el gobierno de Alan García impuso un tope arbitrario de S/15.600 a los salarios de los funcionarios públicos, que afecta en cascada a casi todos. Salvo algunas excepciones, como el personal de alta calificación y los de la Ley Servir, ese tope sigue vigente 12 años después.

Desde entonces, los altos funcionarios públicos han perdido nada menos que el 44% de su poder adquisitivo, solo por inflación. Así, un alto funcionario que entró ganando el tope en el 2006, y sigue en el Estado, está recibiendo en términos reales hoy casi la mitad de lo que recibía en el 2006.

En las instituciones públicas asociadas a los sectores productivos, otro problema recurrente es que, desde el Congreso y el propio Ejecutivo, suele encargárseles más funciones, sin que nadie se ponga a pensar si los recursos que tienen asignados les van a alcanzar. Prueba fiel de ello son los innumerables proyectos de ley, donde los congresistas declaran que la iniciativa no le va a costar al Tesoro Público (¿las normas se implementan solas?).

Por ejemplo, el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información ha hecho que, en los últimos años, se encargue al Osiptel nuevas tareas como supervisar el uso de dinero electrónico en los equipos móviles, la neutralidad de la red, el acceso de los operadores móviles virtuales, la geolocalización de equipos móviles, la red dorsal de fibra óptica, etc. Al mismo tiempo, sin embargo, no han llegado mayores recursos. ¿De dónde pecata mía?

Para que el enamoramiento de Vizcarra con la población se convierta en una relación estable, es aplaudible que este asuma retos económicos concretos. Pero no se debe ceñir a los pedidos empresariales solo de ‘destrabe’, pues sin un autodestrabe del propio Estado no podremos dar ese salto de competitividad.

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