El gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, será investigado por el presunto delito de colusión en la obra de construcción del canal de riego San Bartolo, en calidad de representante de la empresa JJM Minería y Construcción SAC, que se ejecutó en el 2009.
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Así lo dispuso el magistrado de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Santa, Wilder Delgado Flores, quien ha incluido en la investigación preparatoria a las cuatro compañías que conformaron el consorcio San Bartolo.
También ha comprendido en la formalización de la pesquisa al representante de la empresa A y R SAC Contratistas Generales, Francisco Argumedo Druett, al titular de la empresa JJM Contratistas Generales SRL, Janet Etelvina Morillo Ulloa, la representante de la empresa Project Constrution SAC, Yuri Valery Manrique Rivera, y el representante común del consorcio San Bartolo, Francisco Iván Argumedo Estay.
En tanto, el fiscal Wilder Delgado informó que se amplió la formalización contra el ex presidente regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, el ex gerente de Estudios y Medio Ambiente de Chinecas, Yordan Américo Baldoceda Ponce, y contra los ex gerentes de Chinecas, Juan Gualberto Cortez Chicoma y Víctor Joel Cerna Baes.
Según el Ministerio Público, los integrantes del referido consorcio se habrían coludido con la ex autoridad regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, para defraudar al Estado con la obtención de la buena pro a través de un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Una obra que fue presupuestada en más de S/17 millones y terminó costando S/36 millones.
La fiscalía también sostiene que los empresarios se pusieron de acuerdo con los ex funcionarios del Proyecto Especial Chinecas para beneficiarlos durante la ejecución de la obra con el pago irregular de adelantos directos.
La Contraloría determinó que el proyecto se ejecutó sin considerar la fase de preinversión, lo que generó 12 adicionales de obra, dos adicionales de servicio, 594 días de ampliación de plazo y el pago de S/6 millones que se le pagó al consorcio San Bartolo a través de un laudo arbitral.
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