El alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia Aguilar, fue condenado a seis años de prisión tras ser hallado culpable del delito de colusión en agravio del Estado, al adquirir cámaras de seguridad de manera irregular y que finalmente no cumplieron su objetivo.
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En el año 2012, cuando Candia Aguilar era alcalde del distrito arequipeño de Alto Selva Alegre, su gestión compró 40 cámaras de video vigilancia para el servicio de seguridad ciudadana. De acuerdo a la investigación fiscal, todo el proceso de adquisición, desde las bases hasta la licitación, estuvo lleno de irregularidades. Se detectó un favorecimiento al consorcio Soluciones Andinas.
Para el juez del Juzgado Unipersonal Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa, Max Vengoa Valdiglesias, hubo una defraudación al Estado por S/2 millones 100 mil. Se contrató al consorcio para combatir con tecnología la inseguridad ciudadana, pero no se cumplió el objetivo. Al contrario, las cámaras de seguridad eran deficientes y sobrevaloradas.
-Irregularidades-
El magistrado concluyó que hubo un acuerdo colusorio entre funcionarios de la municipalidad distrital de Alto Selva Alegre y los representantes del consorcio. Se demostraron irregularidades en diferentes fases de la licitación pública para la adquisición de las cámaras de seguridad, como el cambio en los términos de referencia del proyecto, las bases de la licitación, el pago de cartas fianza y haber desatendido las observaciones realizadas por SEAL, Osinergmin y el Organismo Supervisor de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
El Ministerio Público solicitó 10 años de pena privativa para la autoridad y sus exfuncionarios, pero el juez los condenó a seis años de prisión. Junto al alcalde de Arequipa fueron condenados Daniel Gómez Benavente (gerente general de Alto Selva Alegre), Juan José Lipa Lizárraga (subgerente de Logística y Servicios Generales), Reynaldo Díaz Chilo (subgerente de Servicios Comunales), además de los representantes del consorcio José Ríos Sánchez y Sandro Martínez Rondón.
Los sentenciados también deberán pagar una reparación civil de S/2 millones 100 mil. Asimismo, deben cancelar una deuda a la Sociedad Eléctrica de S/36.000 y entregar una indemnización en favor del Estado de S/30.000 adicionales. La sentencia será ejecutada cuando quede consentida, en segunda instancia.
-Reacciones-
El alcalde de Arequipa, en horas de la tarde, asistió a la sesión de Consejo Municipal y en una corta y accidentada declaración a la prensa indicó que apelará la sentencia. Dijo sentirse tranquilo y asegura que hay elementos que no fueron valorados por el magistrado, por lo que espera que la Sala (donde se apelará) tome en cuenta todos los argumentos de su defensa.
“Todavía no puedo pronunciarme sobre la sentencia, a mí no se me ha notificado. La sentencia será notificada el día 6 de enero de 2020, ahí tendré un conocimiento claro respecto a lo que dice. Me denuncian por colusión, pero el señor fiscal en la audiencia indicó que no tenía ninguna prueba contra mí. Yo no cometí ningún delito ¿por qué tendría que ir a la cárcel?”, sostuvo la autoridad edil, ´para luego retirarse abruptamente.
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