Cientos de miles de personas recorren cada día las instalaciones, los pasillos y las puertas de la zona de vuelos internacionales del aeropuerto Jorge Chávez. Unos desembarcan de los vuelos que recién aterrizan, mientras otros apuran el paso para llegar a tiempo al gate correspondiente. Entre todo ese murmullo inacabable, permanecen quietas las personas que no tienen a dónde ir ni por dónde salir.
Este es el caso de Duiliana Sánchez, una ciudadana venezolana de 28 años que sufrió el robo de sus documentos migratorios durante un viaje a Europa en setiembre del 2023. Entre los papeles extraviados se encontraba su pasaporte, su permiso temporal de permanencia y el salvoconducto de viaje emitido por la Superintendencia Nacional de Migraciones. El Comercio conversó con ella y reveló su complicada situación.
Antes de regresar al Perú, visitó las embajadas del Perú y de Venezuela en Roma, sin encontrar solución. Así, retornó a Venezuela el 14 de octubre, diez días antes de que venza el plazo de 30 días otorgado por la entidad peruana para los extranjeros que cuenten con un permiso temporal de permanencia.
El nuevo pasaporte -necesario para ingresar al Perú nuevamente- fue emitido con demoras en su país natal. El 31 de enero, Sánchez llegó al país y -desde entonces- vive en el aeropuerto. Para ella, volver a Venezuela no es una opción; sin embargo, es la única alternativa que determinan las entidades peruanas.
El Comercio pudo conocer que Sánchez presentó una solicitud de refugio al Estado peruano, la cual fue denegada en una primera instancia. En un inicio, la afectada presentó un recurso de apelación, pero este también fue rechazado por la Comisión Especial para los Refugiados, indicaron fuente de este Diario. Ante esto, Sánchez envió una apelación, la cual viene siendo contemplada y al cierre de esta edición no se ha llegado a un veredicto. Migraciones alertó a El Comercio que también se ha presentado un hábeas corpus ante el Poder Judicial.
No es un hecho aislado
Este fin de semana, el dominical Cuarto Poder reveló que en el Jorge Chávez no solo existe este caso. Sánchez convive con otros ‘vecinos’ que se encuentran en situaciones similares. Entre ellos, muy poco los une. Mientras que Sánchez es una venezolana que ha sumado años viviendo en el Perú, Adama Ouedraogo se encuentra en tierras completamente desconocidas.
Es residente de Burkina Faso, un país en ubicado en África donde la guerra y el hambre acechan la nación, catalogada como una de las más pobres del mundo. Según reveló el reportaje, Ouedraogo es padre de familia, habla francés (idioma oficial del país) y no sabe escribir. Lleva cerca de dos meses deambulando por los pasillos del Jorge Chávez, convirtiéndose en un elemento más del aeropuerto, tras haber perdido sus documentos. Está -según dijo- a la espera de un abogado que pueda ayudarlo a encontrar una solución.
Fuentes de la Comisión Especial para los Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores aclararon que ya sea ha realizado una entrevista para conocer si su caso amerita o no una acción de refugio. De hecho, la Comisión ya denegó una solicitud de refugio presentada por el extranjero y ahora se ha iniciado un proceso de reconsideración.
Cabe resaltar que la Ley del Refugiado (N.º 27891) establece que “el solicitante de refugio puede permanecer en el país hasta que se defina en última instancia su situación”. La misma norma señala que la Comisión tiene “el plazo máximo de 60 días hábiles [para emitir] una resolución debidamente fundada […] salvo que existan circunstancias razonables para prorrogar las veces que sea necesario dicho término”.
Embarcados de vuelta
Asimismo, se conoció que al menos tres extranjeros de Nepal -país ubicado en Asia, al norte de la India- permanecieron viviendo en el Jorge Chávez desde mediados de febrero. Sin embargo, la Comisión no registra -al cierre de esta edición- ninguna solicitud actual de refugio proveniente de un ciudadano nepalí. Años atrás, se rechazó la solicitud de cerca de veinte ciudadanos nepalíes vinculados al tráfico de migrantes.
Migraciones detalló a El Comercio que los nepalíes afectados ya fueron reembarcados a su país de origen. El tercero ya tiene un vuelo programado -aclaró la entidad- pero al cierre de esta edición permanece en suelo peruano. La entidad migratoria comentó la cifra de personas en situaciones similares “es dinámica” y “su reembarco se realiza de manera habitual”.
De hecho, Migraciones informó que desde el 2023 al lunes 11 de marzo se ha denegado el acceso a 2.470 extranjeros en el Puesto de Control Migratorio del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, “principalmente por no cumplir con los requisitos de ingreso establecidos por el Estado peruano, como el visado”. Este fue el caso de la joven venezolana, los viajeros nepalíes y el ciudadano burkinés. “En menor medida, por tener alertas restrictivas, pretender ingresar con documentos falsos, fraguados o adulterados, representar un riesgo para la seguridad, entre otros”, sostuvo la Superintendencia.
Responsabilidades compartidas
Cada país tiene una serie de requisitos para aceptar o rechazar a los viajeros que busquen ingresar por el camino regular. El primer filtro que debe garantizar que esto se cumpla -más allá de la responsabilidad propia del turista- es competencia de las propias aerolíneas. Incluso, el reglamento del Decreto Legislativo de Migraciones (1350) señala en su artículo 191 que “el transportar pasajeros que no cuenten con los requisitos necesarios para su ingreso y salida del territorio nacional. La multa equivaldrá a tres UIT por cada persona”.
En el transcurso de 2023, se ha ejecutado la cobranza de multas por más de S/ 12,4 millones aplicadas a un total de 28 compañías aéreas por ese motivo.
Como se expresó líneas arriba, Migraciones no permitió el ingreso a 2.470 extranjeros que no cumplieron con cruzar el punto de control migratorio. Esta es la segunda barrera de verificación. En caso una persona no sea aceptada por la entidad migratoria, esta es puesta “a disposición de la aerolínea para el reembarque al lugar de donde vino, de manera gratuita”. El artículo 176 del reglamento mencionado aclara que “el pasajero extranjero inadmitido queda bajo custodia de la empresa transportadora, hasta su traslado al lugar de procedencia o a aquel donde sea admisible. El traslado se realiza por cuenta de la empresa de transporte”.
Sin embargo, las entidades alertaron a El Comercio que el reembarque puede demorar varios días en casos específicos. Lima Airport Partners (LAP) -empresa administradora del aeropuerto Jorge Chávez- indicó a este Diario que “todos los días se genera una lista de pasajeros inadmitidos, el número es variable y son las aerolíneas las responsables de atender a los pasajeros”. Cabe señalar que las personas que no son aceptadas por Migraciones “no cruza el recinto de control migratorio, sino que permanece temporalmente en el área de tránsito internacional que administra el concesionario [Lima Airport Partners] hasta su reembarque”, dispuso la Superintendencia.
A diferencia de otros casos, la ciudadana venezolana y el ciudadano burkinés no aceptan ser enviados de vuelta al país de procedencia. Ambos han demostrado que quieren mantenerse en el Perú, pues volver no es una opción para ellos. Es así que se inician las solicitudes de refugio, evaluadas por la Comisión Especial para los Refugiados.
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