La titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de Tambobamba (Apurímac), Patricia Valencia, aceptó este miércoles el pedido del Ministerio Público de imponer 36 meses de prisión preventiva (hasta marzo 2022) contra los asesores legales de la comunidad de Fuerabamba, Jorge y Frank Chávez Sotelo; así como de Carlos Vargas Arizabal. Ellos son acusados de ser parte de la organización criminal Los Chavelos, sindicada de extorsionar a la empresa minera MMG Las Bambas desde el 2016.
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Según expuso la jueza Valencia, por los delitos de criminalidad organizada y extorsión se estaría proyectando una pena de 18 años de cárcel para los tres procesados. Adicionalmente, a Frank Chávez Sotelo el Ministerio Público lo acusa del presunto delito de tenencia ilegal de armas.
“Estaríamos hablando de 18 años para los tres procesados. Sumado a ello, tenemos para el procesado Frank Chávez Sotelo el delito de tenencia ilegal de armas, el cual también conforme ha referido el Ministerio Público vendría sumado a la pena antes referida. Así también, para el procesado Jorge Chávez Sotelo también se estaría sumando la tipificación legal en lo que respecta a la falsificación de documentos”, dijo Valencia durante la audiencia del miércoles, que se desarrolló en Cusco.
-Argumentos-La jueza Valencia expuso que, sobre el delito de extorsión, cuentan con una carta presentada a la minera Las Bambas en la que la comunidad de Fuerabamba pide el pago de S/500 millones. De no ser cancelado, se realizarían interrupciones con afectación a la compañía.
“Respecto a la extorsión, tenemos el documento, la carta presentada a la minera Las Bambas - la última carta – donde, sin guardar reparo alguno, la comunidad (de Fuerabamba) solicita en el término de 4 días se le pague la cantidad de 500 millones bajo expreso apercibimiento de interrumpirse el proyecto de Las Bambas, conforme incluso se ha hecho eficaz dicho apercibimiento”, dijo la jueza.
Para exponer sus argumentos, la jueza Valencia presentó las declaraciones de Gregorio Rojas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, recabadas el 28 de marzo de este año en Lima, en la oficina de División de Investigación Contra el Crimen Organizado.
El pago a los asesores legales: Respecto a los honorarios de los abogados, el presidente de la comunidad respondió que el monto sería fijado recién cuando se obtengan resultados en este proceso.
“Efectivamente, no le pagan, pero sí le pagan al término de la labor efectuada. Ese pago está trasuntado en el contrato, que es el 30% ¿del monto que perciban, del monto que coaccionen, requiera, bajo qué?, ¿bajo la presión de obstruir las vías, de no permitir transitar los vehículos de la empresa? Esto teniendo en cuenta el perjuicio no solo social, sino perjuicio al Estado, perjuicio laboral. Sin tener mayor consideración se procede a bloquear las vías para solicitar las compensaciones económicas no solo de una comunidad, sino de varias en forma secuencial”, expuso la jueza Valencia.
Carta enviada a Las Bambas: En la pregunta 14 formulada a Rojas, se le consultó si la carta enviada el 16 de mayo del 2018 al gerente general de Las Bambas, en la que solicitan el pago de S/500 millones, fue redactada por él o por otra persona.
Según la jueza, Rojas respondió: “El documento fue redactado por los asesores, Jorge y Frank Chávez Sotelo junto a la secretaria Noemí Portilla Vargas y la junta directiva, haciendo conocer en una asamblea a los comuneros de Fuerabamba”.
Para la jueza, esto evidencia que la decisión solo fue puesta en conocimiento a la comunidad. “Es claro, la decisión no se ha tomado en la comunidad, ha sido redactado por los asesores, lo cual ha sido puesto en conocimiento de la comunidad”.
Las medidas de protesta: En la pregunta 15 a Rojas, se le consultó si las acciones de protesta de Fuerabamba fueron realizadas de manera pacífica, a lo que el dirigente comunal respondió: “El 23 de agosto, en Yavi Yavi aperturamos unas zanjas de 70 centímetros de profundidad y un metro de ancho aproximadamente, cortando la carretera en ambos extremos del corredor sur y la propiedad de la comunidad de Fuerabamba para que no pasen los tractos de la empresa minera Las Bambas, aclarando que dejábamos pasar a otros vehículos que no eran de la empresa minera”.
Según sostiene la jueza Valencia, estas acciones tienen como finalidad presionar a la empresa minera, en referencia al presunto delito de extorsión. “Entonces, el actuar de los comuneros es simplemente para presionar a la empresa y, de esta manera, lograr sus pretensiones económicas. Ellos mismos reconocen: se dejaba pasar a todo vehículo, menos al de la empresa Las Bambas, acciones que denotan implicación penal conforme el Ministerio Público ha referido respecto al delito de extorsión”, dijo Valencia.
Bloqueo de la carretera: De acuerdo con la pregunta 37, se le consultó al dirigente Gregorio Rojas si Frank y Jorge Chávez Sotelo exigían a los comuneros tener que realizar bloqueos con el fin de que Las Bambas efectúe el pago. Rojas respondió que “previamente se recabó toda la información con respecto a la existencia o no de una vía en el sector de Yavi Yavi antes de que fuera declarada vía nacional. Esta información ya fue revisada por los abogados Chávez Sotelo, y luego de ello nos indicaron que por Yavi Yavi no había ninguna carretera y como propietarios podíamos cerrar en cualquier momento la vía“.
Tras esta declaración, la jueza Valencia concluye que quienes instan a cerrar la vía son los asesores legales. “De ello, se advierte que efectivamente quienes introducen esta idea en la comunidad de Fuerabamba son los asesores, la de cerrar la vía porque eran propietarios de este terreno”, explicó. ”De la misma forma, al terminar esta pregunta dice (Rojas), 'no teníamos conocimiento si estaba bien o mal, o si era delito por cuanto desconocemos las leyes. Solamente tomamos en cuenta el asesoramiento de los abogados'“, respondió Rojas, según consignó la magistrada.
Persistencia en el bloqueo: Asimismo, en la pregunta 39 formulada al presidente de la comunidad de Fuerabamba, se le pidió indicar si los Chávez Sotelo aconsejaban con seguir bloqueando la vía hasta que Las Bambas pague, según solicitan, el derecho de servidumbre.
“Sí nos decían que siguiéramos bloqueando las vías y que no pasen los camiones de la empresa minera Las Bambas”, respondió Rojas, dijo la jueza Valencia. “De la misma forma, en la repregunta, le dicen por qué permitían el paso de otros vehículos, pero no de Las Bambas, dijo: porque eran vecinos del sector, y los de la empresa no pasaban por no haber pagado el derecho de servidumbre y los daños ocasionados”, expuso Valencia.
Para ella, esto evidencia que los Chávez Sotelo influenciaban en los dirigentes de la comunidad para la persistencia en los bloqueos. “Declaración que en forma clara refiere que los hoy procesados han tenido una clara influencia en los dirigentes de las comunidades, propiamente de Fuerabamba, específicamente en el hecho atribuido por el representante del Ministerio Público como es el bloqueo de la vía de Yavi Yavi, que se mantiene bloqueada”, dijo la jueza.
Finalmente, mencionó que los elementos de convicción para el procesado Carlos Vargas Arizabal se cumple en todos sus extremos.
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