Desde el inicio del estado de emergencia a nivel nacional por el COVID-19, la fiscalía anticorrupción ha detectado 32 casos de funcionarios públicos que habrían cometido delitos aprovechando sus cargos en medio de la pandemia.
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El coordinador nacional anticorrupción, fiscal superior Omar Tello detalló a El Comercio que entre estos está el caso de un suboficial de la Policía en Arequipa, quien solicitó dinero a un ciudadano para devolverle su vehículo. Otro, es el del fiscal adjunto provincial Xavier Rezabal Falcón atrapado en Huaura con S/500 que le habría pedido a la esposa de un detenido para favorecerlo. A este fiscal ya se le dictó 18 meses de prisión preventiva. Además de él, hay otros 17 detenidos en flagrancia.
“Ocurre mucho que estas personas están asignadas a una determinada función en este contexto del COVID-19 pero están haciendo uso personal de los recursos públicos. Por ejemplo, con los vehículos oficiales o los pases de tránsito”, declaró Tello. El fiscal añadió, que el universo de denuncias por corrupción de funcionarios en el país supera los 13 mil casos.
Tello indicó que tras la decisión del Ejecutivo de transferir S/213 millones 650 mil a las 1.874 municipalidades del país para entregar productos de primera necesidad, el equipo de fiscales anticorrupción recibió el mandato de hacer “vigilancia disuasiva” para que los alcaldes y demás funcionarios municipales ejecuten los gastos de forma transparente.
“Los fiscales anticorrupción estamos realizando las acciones de prevención para adelantarnos a cualquier hecho delictivo y ya se han hecho visitas a los municipios, videollamadas, llamadas telefónicas y enviado cartas. Hasta el jueves en la noche se hicieron 310 acciones de prevención”, dijo el fiscal. Subrayó que el personal a su cargo está especializado en detectar diversos tipos de fraudes en la compra de bienes y servicios.
El fiscal declaró que entre los delitos que podrían incurrir estos funcionarios por un mal manejo de los recursos están: el delito de colusión simple o agravada, la negociación incompatible, el cohecho pasivo y el peculado agravado.
“El delito sería peculado agravado por el contexto en el que vivimos. Tiene que quedarles claro que las compras que se realicen deben tener exclusivamente fines asistenciales. Este delito se sanciona con una pena que va entre los 8 a 12 años”, acotó el fiscal.
Cuestionamientos contra alcaldes
Hace unos días, la fiscalía anticorrupción intervino a un funcionario de la Municipalidad de Villa El Salvador quien tenía a cargo la custodia vehículos y cobraba por dejarlos salir. Los fiscales también han intervenido en el caso del alcalde de Barranco, José Rodríguez quien fue denunciado por almacenar donativos en su casa y utilizar para el traslado vehículos municipales. Si bien el alcalde pidió disculpas y consideró que se trató de un “error”, la fiscalía mantiene la investigación de los hechos.
En Ucayali, el Ministerio Público inició una investigación preliminar contra el alcalde provincial Héctor Soto García por entregar víveres en bolsas con su nombre impreso. De otro lado, el alcalde del distrito de Bellavista, Daniel Malpartida fue cuestionado por montar un operativo falso para un programa de televisión, en donde presuntamente llama la atención a dos personas que incumplían la cuarentena.
En la región La Libertad, el alcalde de Santiago de Cao, Génaro Vásquez Reyes fue seriamente criticado por incumplir el aislamiento social obligatorio y la inmovilización social obligatoria en estado de emergencia al asistir a una reunión con el empresario Yacob Mubarak. En Piura, el alcalde provincial y excongresista Juan Díaz Dios se enfrentó con varios vecinos por la entrega de alimentos.
En Lima, el alcalde del distrito de La Molina y presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), Álvaro Paz de la Barra anunció un polémico cierre de sus “fronteras distritales” para prevenir el contagio del COVID-19. En Puno, funcionarios de la Municipalidad Provincial de Azángaro fueron intervenidos por la fiscalía por presuntamente manipular el padrón de beneficiarios del bono de S/380.
También se ha cuestionado al actual congresista y exalcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza por entregar víveres en bolsas con su nombre impreso entre los vecinos del distrito. Espinoza es padre del actual alcalde Rennán Espinoza Venegas.
En distritos como Comas y Carabayllo, las cuentas oficiales de Facebook cuelgan muchas fotografías de sus alcaldes entregando víveres que, según comentaron, provienen de fondos municipales y donaciones de empresas. El alcalde de Carabayllo, Marcos Espinoza, lloró en un reportaje de televisión por la situación de sus vecinos más pobres. El alcalde de Comas, Raúl Diaz también suele registrar la entrega de víveres con cámaras de televisión.
Consultado por El Comercio, el secretario General de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, opinó que la principal responsabilidad de los alcaldes y funcionarios municipales será orientar todos sus esfuerzos exclusivamente en llevar la ayuda a las familias que lo necesitan y hacer el gasto con transparencia.
“Hay un riesgo que la ayuda se oriente con criterio político cercano a los intereses de estas autoridades y eso se supera con mucha claridad en la lista de personas a las que se les brinden los alimentos o los bienes. Implicará un esfuerzo muy grande y el acompañamiento del Gobierno”, dijo Lanegra quien puntualizó que hay que diferenciar los casos de corrupción con un posible aprovechamiento político.
Contraloría brinda recomendaciones
La Contraloría General de la República habilitó desde este viernes una plataforma en su página web para que los alcaldes registren obligatoriamente las compras y entregas que realizan de las canastas básicas. Según la resolución de Contraloría N° 102-2020-CG publicada el jueves, los alcaldes y funcionarios distritales están obligados a actualizar esa información todos los viernes.
Ayer, los funcionarios de la Contraloría realizaron visitas de control en once municipalidades de Lima Metropolitana y dos en el Callao para validar el proceso de recepción, almacenamiento y distribución de las canastas de alimentos.
Dentro de las recomendaciones publicadas por la Contraloría a los municipios señalan que los recursos transferidos por el Ejecutivo no deben ser destinados a “difundir propaganda o publicidad orientada a persuadir a la población para favorecer a autoridades u organización política en particular”.
Además, la institución detalló que los productos que compren las alcaldías serán guardados en el almacén del gobierno local y no podrán ser retirados por ninguna razón.
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¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?
Entre los síntomas más comunes del covid-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.
¿Cómo se contagia el coronavirus?
La covid-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.
En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.
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