Son 153 periodistas atacados durante casi dos meses de protestas

Hoy se cumplen dos meses desde que Dina Boluarte asumió la presidencia de la República, luego de que Pedro Castillo ejecutara un autogolpe de Estado fallido. Acción que lo llevaría a su reclusión preliminar por 18 meses por el presunto delito de rebelión. Ambas situaciones generaron una convulsión social que ha desencadenado más de 50 días de protestas, paros indefinidos y bloqueos de carreteras a nivel nacional. Para poder comunicar todos los acontecimientos que estas medidas acarrean, los hombres y mujeres de prensa salieron al campo. Sin embargo, este trabajo no ha sido fácil pues han sido víctimas de agresiones, robos y atentados por parte de vándalos y las fuerzas del orden.

Según un informe de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), desde el 7 de diciembre de 2022 hasta el 31 de enero de 2023, al menos 153 periodistas han sido afectados durante la cobertura de protestas por la crisis política y social que se registra en todo el país.

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En comunicación El Comercio, la presidenta de la ANP, Zuliana Laínez declaró que, tras la última marcha del sábado 4 de febrero en el centro de Lima, unos cuatro periodistas fueron agredidos por las fuerzas del orden. Con la suma de esto, “más de la mitad de los casos” de agresión registrados son por parte de las autoridades, dijo Laínez.

El documento “Ataques a periodistas durante la cobertura de las movilizaciones sociales en el contexto de la crisis política de enero 2023″, realizado por la ANP, señala que solo en enero 94 hombres y mujeres de prensa fueron agredidos, mientras que en diciembre de 2022 fueron 59.

Entre los tipos de agresión que este informe reúne están: hostigamiento, agresión física, estigmatización, traba de acceso, detención, vandalización y más.

El 4 de enero de 2023, el fotoperiodista Walter Hupiu sufrió agresión física por parte de agentes policiales mientras cubría una protesta en la Plaza Manco Cápac de La Victoria.

Según relató a este Diario, un contingente policial trató de impedir que registrara la detención de un joven en dicha plaza al termino de una marcha. “No cabía duda de que yo era prensa y atacaron en grupo, por la espalda, cuando yo miraba hacia el detenido que estaba cubierto por una cerca de escudos de la policía”, dijo.

Un aproximado de 6 efectivos policiales me capturaron y forcejearon para reducirme con golpes. “Uno me dijo que ‘le llegaba altamente’ que yo fuera prensa”, concluyó.

Tres días después, en Juliaca, la Provincia de San Román, Puno, el fotoperiodista de la Agencia EFE, Aldair Mejía, recibió un disparo de perdigón en la pierna derecha que le ocasionó una fractura. Él fue inmediatamente auxiliado por personas que estaban cerca del lugar.

Horas antes, Mejía se encontraba cubriendo los hechos en los alrededores del aeropuerto de Juliaca, un grupo de agentes del orden lo empujan provocando que caiga al suelo. Él se identificó como prensa, pero como respuesta solo recibió golpes. Además, intentaron romper su credencial.

“Identifícate, me dijeron. Yo ya lo había hecho, les había hablado amablemente. Me decían rebelde. Yo recién llegaba y me calificaban como tal”, contó. Tras ello, el fotoperiodista recibió otra amenaza, luego de capturar en imágenes la detención de una persona. Un agente le gritó “sal de aquí porque te vuelo la cabeza y te vas a morir aquí”. Actualmente, Mejía se encuentra en proceso de recuperación tras el impacto del perdigón.

De vuelta en Lima, el 20 de enero de este año, la reportera de RPP, Andrea Amésquita, sufrió el robo de su micrófono por parte de un manifestante durante la cobertura en el centro de Lima.

“Mi camarógrafo y yo nos quedamos prácticamente en el medio del fuego cruzado entre policías y manifestantes (...). En el jirón Apurímac encontramos una puerta abierta de un condominio, nos metimos y desde la puerta estuvimos registrando los hechos. Habían dos grupos: los manifestantes violentos tirando piedras a la policía y los agentes lanzando bombas lacrimógenas”, declaró a El Comercio.

La periodista decidió conversar con el dueño del lugar en vivo, fue en ese instante cuando se dieron cuenta (el dueño del lugar y otras personas que lo acompañaban) que era parte de un medio de comunicación y los trataron de retirar del lugar. Durante ese trayecto, mientras que Amésquita buscaba a dónde moverse con su compañero, un joven le quitó el micro y se fue corriendo.

Trascurridos siete días desde el ataque a la reportera de RPP, el periodista colaborador de El Comercio, Manuel Calloquispe fue amenazado por manifestantes en Puerto Maldonado. Los vándalos hicieron un piquete a pocas cuadras de su casa y reproducían mediante un parlante: “esta es la casa de Calloquispe, aquí vive Calloquispe”. El periodista tuvo que escapar de Puerto Maldonado ese mismo día.

Esa misma fecha, el periodista Martín Rincón y el camarógrafo Marc Castro de TV Perú Tacna, fueron víctimas de amenazas por parte de los manifestantes cuando se acercaron a cubrir el impacto de las protestas en los precios de los productos que se comercializaban en el mercado mayorista Grau.

Para el decano nacional del Colegio de Periodistas del Perú (CPP), Ricardo Burgos, la conflictividad actual obstaculiza y hostiliza el trabajo informativo. Señaló que, producto de ello, desde el CPP se vieron obligados a realizar reuniones con la presidenta Dina Boluarte, con el primer ministro, el ministro de Defensa, del Interior y los altos mandos policiales.

A raíz de esas reuniones, la entidad se encuentra trabajando, en conjunto con la Sociedad de Radio y Televisión, el Consejo de la Prensa Peruana y el Ministerio de Justicia, en un protocolo de actuación durante escenarios de alta conflictividad social como el que se vive en Perú. Para este proyecto cuentan con apoyo de la La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). El fin del documento es velar por la integridad física de los periodistas y la libertad de prensa en el país.

Este último sábado, durante una gran marcha convocada en el centro de Lima, la periodista Paola Ugaz fue agredida por efectivos policiales que se negaron a reconocer su carnet de prensa.

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“La marcha transcurría con mucha fiesta baile y los que protestaban tenían claro que nadie se podía infiltrar. (...) Al entrar a Grau, al final de la cuadra, sonó una bomba lacrimógena y vi un grupo de policías a mi derecha; de inmediato, vi a la izquierda, había un grupo de policías. Estábamos en el medio como un sanguchito. Los policías empezaron a empujar a la gente, dije ‘soy periodista’, enseñe mi credencial y uno de los policías me empujo a la pared con un puño y me golpeo, no atendía razones. Vi como le pegaban a dos personas que eran periodistas a quienes no conozco. Me sacaron de ahí dos señoras”, relató a El Comercio.

Ugaz señaló que estas reacciones afectan mucho la libertad de expresión porque las fuerzas del orden no saben cómo lidiar con los manifestantes ni con los periodistas que cubren las protestas. Subrayó que en toda democracia se debe respetar el trabajo de la prensa.

Ese mismo día, cerca a la Vía Expresa Grau, el fotoperiodista Juan Zapata de Wayka sufrió una emboscada por parte de agentes policiales, los mismos quienes lo agredieron físicamente con varios golpes en la cabeza y en su equipo de trabajo. Esto sucedió luego que el registrara la detención de un manifestante que minutos antes había agredido a los policías.

“Me golpearon en los muslos, la espalda, la nuca y en la cabeza, en el centro del casco”, comentó.

Cabe resaltar que al menos dos integrantes de este Diario, el periodista Mathías Panizo y el fotoperiodista Alonso Chero, fueron víctimas de ataques durante las marchas. El primero recibió varios golpes por parte de un contingente policial a pesar que se identificó como prensa y, en el caso de Chero, sufrió el impacto de un perdigón en el brazo derecho durante su labor periodística.