Extorsión y cobro de cupos en piquetes de carreteras: la historia de los ‘peajes’ paralelos

Para explicar esta historia es necesario narrar los últimos minutos de vida del chofer Herbert Alex Sánchez Villanueva en la madrugada del último 21 de enero en la carretera Panamericana Norte, a la altura de Chao, en Virú (La Libertad). A las 2:30 a.m. este conductor se encontraba a bordo de su camión de frutas -placa T2R-861- en el lado de la vía con dirección a Lima. Como siempre, pagó el peaje de la concesionaria en Chao, en Virú, sin saber que más adelante la vía estaba bloqueada por manifestantes y por un sector de vándalos.

Mil metros después del peaje se detuvo en el piquete. Allí, un grupo de sujetos en moto lo intervino y le exigió pagar una ‘cuota’ a cambio del derecho a seguir transitando y de una supuesta “protección”. Sánchez Villanueva se negó y hubo un violento forcejeo. Uno de los motorizados sacó un arma de fuego y le disparó directo al pecho. El chofer, aún con vida, pidió auxilio y unos agentes policiales de la Unidad de Carreteras de Virú lo llevaron al Hospital Víctor Soles García, pero no resistió a la gravedad de sus heridas y falleció.

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El crimen se le atribuye a la organización denominada Los ‘cagaleches’ de Virú, una red dedicada a la extorsión y el sicariato contra agricultores, empresas de transportes y obras de construcción. Se cree que han llegado a recaudar más de S/300.000 mensuales por el cobro de cupos. Las últimas noticias reportadas sobre ellos es la detención de uno de sus sicarios, Luis Alberto Lozano Vega, ‘Loro’, el 27 de junio del 2022.

No se sabe si esta red es la que instaló inicialmente los piquetes -en este contexto de protestas contra la presidenta Dina Boluarte- pero sí que tienen el dominio total sobre el territorio en Virú, controlando quién pasa y quién no por las barricadas que están permanentemente en la zona.

De hecho, un día antes de que asesinen a Sánchez Villanueva, incendiaron un camión de carga de la empresa Transportes Alonso. Ocurrió luego de que el chofer, en su intento por evadir el piquete en Virú, tomó una vía alterna de trocha sin saber que también estaba cerrada por estos sujetos. También se negó a pagar cupo y le prendieron fuego al vehículo.

Los extorsionadores apostados en Virú no solo matan a sus víctimas: también se matan entre ellos por el control del espacio. Hace pocos días, tres delincuentes fueron asesinados por bloquear una vía y cobrar cupos a choferes, luego de que hayan intentado tener el domino del piquete.

Los testimonios de choferes y empresarios del transporte cuyas unidades están hace días varadas en La Libertad es dramático. Los delincuentes que controlan el piquete no solo les cobran por supuesta protección, o para poder retomar su ruta, sino también les obligan a comprarle su propia comida y agua a precios altísimos, evitando que la ayuda humanitaria les llegue. Es, en la práctica, como un ‘peaje’ paralelo y obligatorio. “Los dueños de las empresas o el mismo gremio transportista intentan llegar hasta esta zona donde estamos con los camiones varados, para alcanzarnos provisiones como alimentos y agua mientras estamos aquí, pero los delincuentes no lo permiten”, dice un camionero cuya identidad se mantiene en reserva por seguridad.

De hecho, según los propios choferes de buses interprovinciales y camiones de carga en Virú, las supuestas “treguas” que se anuncian en medios regionales, como mérito de las autoridades, no son más que un permiso otorgado por los propios vándalos que bloquean las vías, luego de haber reunido una suma de dinero tras el cobro de cupos, luego de que enormes filas de camiones se acumulen por días. “No son treguas, son acuerdos no oficiales entre los vándalos, los gremios y la policía para despejar la vía por algunas horas luego del cobro de cupo”, dice un dirigente transportista.

Radical y sistemático

A 752 kilómetros al sur de Virú, en las zonas conocidas como Barrio Chino y Expansión Urbana, en Ica, controladas durante décadas por mafias de tráfico de tierras, los piquetes instalados también son aprovechados por sus grupos armados que controlan quién pasa y quién no. Un equipo de El Comercio fue testigo directo del cobro de dinero a las unidades para pasar por las barricadas. Los sujetos se movilizan en mototaxis y están permanentemente vigilando los movimientos de todos. La zona es tan peligrosa que van, al menos, dos intentos fallidos de la policía por despejarla. La policía, incluso, le dijo a nuestro grupo de reporteros que “no hay garantías”, recomendándoles no seguir adelante por la ausencia policial.

“Los grifos están siendo usados como fábricas de bombas caseras. No hay policías. Nadie controla. Es una completa anarquía. Todo está dominado por delincuentes”, sostiene un chofer. Cerca de la zona, se observa cómo dos mototaxis son estacionadas por sus choferes bloqueando el paso de la Panamericana Sur, y de ellas, bajan dos sujetos que impiden el paso de todos.

Un negocio rentable

El gremio de transporte interprovincial maneja una relación de cerca de 7 mil camioneros varados que pagan entre 35 y 200 soles cada uno en cupos, dependiendo del rubro, el tamaño del vehículo y otros factores, en todo el territorio nacional. Se habla de un pago promedio de 800 mil soles al día en cupos, provenientes de la caja chica de las empresas para no atentar contra sus choferes y no hacerle daño a sus unidades, en las zonas donde están instalados los piquetes.

Virú en solo caso que se repite en los principales bloqueos del país. En Arequipa y Aguaytía (Ucayali), los piquetes están organizados por una red de transportistas del auto colectivo, un negocio que aún está en proceso de reglamentación, cuyos choferes aprovechan el contexto para demandar sus exigencias. Aquí es posible observar cómo esos sujetos que bloquean las vías dejan pasar solo al taxi colectivo, pero a la vez, impiden el paso de buses y camiones de empresas formales. Al igual que en Lima, un sector del taxi colectivo tiene un brazo armado que los protege y controla, a cambio de dinero, el paso de los vehículos.

No solo en carreteras: extorsionan a quienes no quieren protestar

Queda claro que la extorsión y el cobro de cupos alrededor de las protestas es un negocio muy rentable. En Madre de Dios, por ejemplo, el gobernador Luis Otsuka Salazar fue atacado por vándalos armados de palos y piedras en su casa. La autoridad sacó un rifle y empezó a disparar desde una de las ventanas de su casa. Los vándalos le reclamaban porque acordó con el primer ministro facilitar operaciones para desbloquear las vías del departamento. Esto ocurre días después de que se revelara que quienes están detrás de la “protesta” en Madre de Dios son mineros ilegales de La Pampa, el extenso territorio de selva que es devastado por estos operadores.

Madre de Dios se mantiene bloqueado por más de 22 días y sus ciudadanos ya sufren las consecuencias: no hay abastecimiento de gas para el hogar ni combustible para motos, los precios aumentan, los turistas no llegan y el transporte está totalmente paralizado en Puerto Maldonado. Sin embargo, estas personas son víctimas de otro grave problema: las multas y sanciones por no ir a manifestarse.

Mantener el bloqueo de vías o viajar desde Puerto Maldonado a Lima involucra un gran presupuesto y parte de este llega gracias a la extorsión y amedrentamiento a empresarios y ciudadanos, según testimonios que pudo recolectar este Diario.

En La Pampa, zona devastada por la minería ilegal en Madre de Dios, el presidente del comité de lucha, Brussi Elwis Apaza Vilcapaza, con el apoyo de la seguridad de los mineros ilegales, solicita financiamiento de 500 soles a cada motor que ingresa a operar a esta zona. Esto con el objetivo de recaudar dinero para poder viajar a Lima o continuar con el paro, indican fuentes de El Comercio. Cada minero ilegal en esta zona tiene entre 5 a 10 motores. Es decir, se puede recaudar hasta 5.000 soles. Si estos no quieren pagar, simplemente no operan.

Pero quienes también se ven afectados son ciudadanos de a pie que cuentan con una tienda o negocio. Esta misma seguridad se acerca a las tiendas o negocios y piden 300 soles de financiamiento. De negarse, los amenazan con pistola. Además, están obligando a la población a viajar hacia Puerto Maldonado para el paro. Si no asisten tienen que pagar una multa de 600 soles. Ya en Puerto Maldonado, a los empresarios de la ciudad los obligan a cerrar sus tiendas o negocios y acatar el paro, pese a que ellos están en contra.

Pero esta figura de extorsión también se da en otras zonas del Perú. En Pasco, en la comunidad de Paucartambo, los dirigentes obligan a los comuneros a participar del paro. “Dicen: si tu no vas a la huelga, lo que te pertenece no te lo vamos a dar, porque no estás apoyando”, comenta una fuente que prefirió mantenerse en el anonimato.

Con esto se refiere a que los dirigentes de la comunidad reciben materiales del gobierno regional para brindarles a los comuneros como por ejemplo fertilizantes, remedios para la papa, etc, pero los privan de esto si no son parte del paro.

Sin embargo, hay todavía otra sanción por no ir a la huelga, explica. “Si no van, tienen que pagar una multa que va entre 150 y 200 soles”, dice.

Agrega que muchas de las personas en Paucartambo sí están de acuerdo en ir a las manifestaciones, aproximadamente el 70%, calcula. Pero ese otro 30% no. “No van porque quieren seguir trabajando, ahorita es época de cosecha de papa. Otros no van por miedo. Hay tantas muertes que no quieren ir por miedo”, relata.

Esta situación no es nueva. Esto se daba hace años en otras huelgas y con este paro nacional se está aplicando este mecanismo nuevamente, explica.