La Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico de 124 mil soles, en la VIII Dirección Territorial de la Policía Nacional del Perú de Huancayo, por la adquisición de 20,000 unidades de mascarillas reutilizables para el servicio policial durante la emergencia sanitaria por la COVID-19, lo que generó la exposición de los efectivos policiales al riesgo de contagio de coronavirus.
El informe de Servicio de Control Específico 083-2020-2-3792 señala que la VIII DIRTEPOL adquirió el equipo de protección personal sin contar con la opinión técnica-sanitaria de la Dirección de la Sanidad Policial o Ministerio de Salud.
También se identificó que la compra se realizó pese que el Comando General de la Policía Nacional dispuso seguir la recomendación del Comité de Vigilancia del Coronavirus de la mencionada dirección que señalaba el uso de la mascarilla quirúrgica desechable.
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De acuerdo al documento, la empresa proveedora de las mascarillas tiene como gerente administrativo a un oficial PNP en actividad lo cual transgrede la Ley de Contrataciones del Estado.
Además, se verificó que dicho proveedor no reunía la experiencia necesaria para abastecer de este producto puesto que no cumplía con el monto facturado total requerido en las bases administrativas. No obstante, la Unidad de Logística le otorgó la buena pro, sin suscribir contrato alguno.
Adicionalmente, los auditores advirtieron que ninguno de los actos del proceso de contratación fue publicado en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado.
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Es preciso indicar que por este caso se identificó la presunta responsabilidad penal o administrativa de cuatro oficiales y un suboficial de la Policía Nacional.
El informe, elaborado por el Órgano de Control Institucional de la Policía Nacional, fue notificado al Comandante General de la PNP, a fin de que disponga el inicio de las acciones administrativas con la finalidad de deslindar responsabilidades.
Asimismo, puso de conocimiento a la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior para el inicio de las acciones legales y penales que correspondan.
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