Brevetes sin control: un botín de los gobiernos regionales

Permisividad de la ley, insuficiente fiscalización y un afán del lucro han hecho de la emisión de estas licencias un gran negocio al interior del país. En los últimos cuatro años, han caído ocho presuntas redes criminales enquistadas en diferentes gobiernos regionales. En específico, en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones.

En los últimos cuatro años, han caído al menos ocho de estas agrupaciones. Antes de Los Dinámicos, el caso más reciente se conoció cinco meses atrás en Tacna. La Contraloría General de la República, a través de un informe de auditoría, denunció que en 668 exámenes de conocimiento, dados del 2 al 25 de setiembre último, se habían suplantado las identidades de los postulantes para que aprobaran la evaluación. El caso aún está en investigación, pero ya un patrón está definido: al igual que en Junín, se contó con la complicidad de los trabajadores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC), la oficina que tiene cada gobierno regional (con excepción de Lima Metropolitana) para evaluar y entregar los brevetes a quienes lo solicitan.

En el 2019, en Arequipa, se supo que una supuesta mafia, también enquistada en la DRTC, cobraba en sobornos entre S/300 y S/1.200 a cambio de emitir los permisos. Al día podían recaudar más de S/100 mil. El caso, incluso, llegó a salpicar a la entonces gobernadora Yamila Osorio. También está lo sucedido en Piura. En el 2017, la fiscalía de crimen organizado denunció que quienes querían tramitar su licencia sin pasar las evaluaciones debían contactar por celular a estos traficantes y pagarles entre S/300 y S/1.000 dependiendo de la prueba por realizar.

Una fuente vinculada a estos casos, que prefiere mantener su nombre en reserva por seguridad, lo explica así: “Se trata de un botín que por años ha sido manejado por los sindicatos que trabajan en las DRTC. Se aprovechan de que el modelo establecido convierte a los gobiernos regionales en operadores y a la vez en sus propios fiscalizadores, haciendo de todo esto un círculo de corrupción”.

Lino de la Barrera, especialista en temas de transporte, añade que uno de los incentivos que tienen estos funcionarios inescrupulosos en las DRTC es que el dinero que recaudan en las licencias de conducir no va a las arcas de los gobiernos regionales, sino directo a sus bolsillos como conceptos no remunerativos. “Está en manos del Ministerio de Transportes poner orden a todo esto”, dice.

Las causas

De acuerdo a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, son ellos mismos los encargados de regular, supervisar y controlar el proceso de otorgamiento de los permisos de manejo. Además, el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir establece que son los gobiernos regionales los únicos responsables de la evaluación de conocimientos y habilidades en la conducción. Así estuvieron las reglas por más de 15 años hasta noviembre del 2019, cuando se modificó el reglamento y se le dio competencia exclusiva a la Sutran para que los fiscalice y sancione.

Sutran informó que han realizado, en lo que va del 2021, 251 acciones de fiscalización de campo en los 37 centros de evaluación que supervisan en el ámbito nacional. Como resultado, se detectaron 15 inconductas infractoras. Del mismo modo, dijeron que en ese mismo período ejecutaron 25 intervenciones de gabinete (recojo de una muestra aleatoria de los expedientes que tramitan) en que registraron 23 infracciones. Además, señalaron que durante el 2020 y el 2021 se iniciaron 21 procedimientos sancionadores. Fue en Ica, Puno, Junín y La Libertad donde se reportó la mayor cantidad de incidencias.

Sin embargo, desde la Sutran precisaron que solo tienen la potestad de imponer una sanción máxima de 15 días de inhabilitación. Por esa razón, a la fecha ningún centro de evaluación ha sido cancelado, a pesar de todas las evidencias y denuncias.

Por otro lado, la contraloría en los últimos cuatro años ha emitido más de diez informes en distintas regiones donde alerta, entre otras cosas, sobre la ausencia de uniformidad en las evaluaciones, la falta de controles (cámaras de seguridad inoperativas) y una infraestructura inadecuada en los circuitos de examen de manejo.

Si bien hay similitudes entre estos presuntos grupos criminales, la diferencia con Los Dinámicos del Centro es que sus operaciones trascendían los brevetes: coordinaban también el pago de cupos o puestos de trabajo, razón por la que el partido Perú Libre se ha visto comprometido.

Sobre los centros médicos

En el 2019, a raíz de las denuncias de la campaña #NoTePases, el MTC estableció nuevos controles para evitar suplantaciones y casos de estafa. Uno de ellos fue el control biométrico para el postulante y el médico que toma la prueba.

De acuerdo con Sutran, en el 2021 se han suspendido 14 centros médicos a escala nacional y se ha cancelado la autorización a otros 16 (12 de ellos en Lima). A diferencia de los centros de evaluación, los centros médicos son administrados por privados.

Para este informe, se solicitó la versión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sin embargo, prefirieron no hacer comentarios.

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