La Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque confirmó el mandato de detención preliminar por 10 días contra el gobernador regional Anselmo Lozano Centurión y otros 5 funcionarios, por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio y apropiación ilícita.
Durante una audiencia virtual, la Sala Penal integrada por los magistrados Betty Rodríguez Llontop, Edwin Quispe Díaz y Raúl Solano Chambergo decidió ratificar -en parte- la decisión del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que dictó los 10 días de detención preliminar.
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Esta noche, la magistrada Rodríguez hizo lectura de la resolución, en la que confirmaron la detención preliminar de Anselmo Lozano Centurión, María Rita Castro Grosso, William Sime Castro, Salomón Santiago Aguinaga, Wilfredo Castro Carmona y Harry Arturo Gonzáles Solano.
Pero revocaron esta medida a Germán Pisfil Agapito, Leoncio Paucar Merino, Wilmer Vásquez Guerrero, José Chinguel Calle, Luis Alberto Díaz Bravo y Walter Mondragón Vera.
Los funcionarios habrían constituido una organización destinada a cometer delitos de corrupción de funcionarios (cohecho pasivo, cohecho activo y tráfico de Influencias), liderados por Anselmo Lozano, en agravio de la Municipalidad Distrital de La Victoria en el período 2015-2018, según la fiscalía. También se investigan supuestas irregularidades durante la gestión de Lozano en el Gobierno Regional de Lambayeque.
La audiencia empezó a las 10:30 a.m. y se llevó a cabo de manera virtual. Durante su intervención, el abogado de Lozano, Dr. Jorge Pérez Cerdán, aseguró que para dictar la detención preliminar, la fiscalía incorporó a un aspirante a colaborador eficaz, del cual no se habría corroborado sus declaraciones.
Pérez Cerdán señaló que su patrocinado es uno de los mayores representantes de la región Lambayeque. “El juez que emitió la decisión de la detención preliminar, cuando hace referencia al peligro procesal, utiliza apenas una breve justificación donde hace referencia que, al no existir ninguna medida de coerción personal contra los investigados, se evidencia un alto grado de obstaculización de la investigación”, indicó.
Es decir -según el letrado- el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo consideraría un peligro de fuga u obstaculización el hecho de que los demás investigados no tengan medidas coercitivas personales o de otra índole.
Asimismo, el abogado de Anselmo Lozano indicó que “según la resolución de Sala en el caso de Richard Cisneros, no se puede utilizar la privación de la libertad a una persona bajo el pretexto de la investigación preliminar para realizar diligencias que son propias de esta etapa”.
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Por lo tanto, señaló que “al no existir esa urgencia llamada ´indispensable´ es que solicito revocar esa resolución, dado que las diligencias que el Ministerio Público viene realizando o pudo haber realizado, se pueden llevar a cabo sin la privación de la libertad de mi patrocinado”.
Cabe destacar que el último 27 de enero, representantes del Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron un operativo conjunto donde se intervino al gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano, así como a otros 17 funcionarios públicos, quienes presuntamente integrarían una organización criminal dedicada a cometer delitos de corrupción. La orden de detención fue para 18 personas.
Como parte de esas diligencias se dispuso la incautación de bienes y la visualización de la información de los teléfonos celulares, chips, laptops, tablets y todo aparato electrónico incautado en los inmuebles.
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