Gobierno alega “carácter reservado” y niega acceso a los contratos de vacunas con Sinopharm y AstraZeneca

Los contratos suscritos por el Gobierno con los laboratorios de Sinopharm y AstraZeneca son reservados y están debidamente protegidos por el secreto comercial. Por tanto, no pueden ser compartidos. Esa fue la breve respuesta que el viceministerio de Salud Pública le hizo llegar esta semana a la ONG Proética a su pedido de acceso a la información pública que presentaron el pasado 15 de enero, una semana después de que el presidente Francisco Sagasti anunciara la firma de estos acuerdos para que llegue el primer lote de vacunas contra el COVID-19 al país.

La organización había solicitado una copia de los contratos con las farmacéuticas antes mencionadas, el respaldo técnico y legal con el que se basó estas adquisiciones, el nombre y los cargos de los funcionarios del Gobierno encargados de las negociaciones y la identificación de organismos internacionales involucrados en las compras. Todo ello, bajo el amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley Nº 27806).

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El viceministerio respondió que la norma citada establece algunas excepciones para compartir información. Entre ellas, la que ha sido clasificada como reservada, como son las negociaciones internacionales y las que están protegidas por el secreto comercial. “La información solicitada referida a relaciones comerciales con proveedores extranjeros en el marco del Derecho Internacional, tiene carácter de reservado y no procede su entrega”, indicó la entidad en un escrito firmado por la abogada Lily Yamamoto.

Adicionalmente, el viceministerio dijo que “de revelarse (esta información) perjudicaría los procesos negociadores o alterarían los acuerdos adoptados de interés del Estado”.

Consultado al respecto, el director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta, indicó que su pedido se sustentó en que toda información se presume pública y, tratándose de una situación de emergencia como la presente y con el compromiso del Gobierno de actuar de forma transparente, le pareció pertinente plantearla.

“Nosotros podemos entender que en algunos casos pueda haber necesidad de mantener información sensible. Pero nuestra preocupación es si no hay un abuso de las empresas para aprovecharse de esta situación de urgencia”, dijo.

Rotta afirma que el Gobierno con esta respuesta actúa de la misma manera que otros países de la región y Europa al negar el acceso a estos contratos. Adelantó que están evaluando presentar un recurso de apelación ante el Tribunal de Transparencia.

Como ejemplo de lo importante que es conocer los contenidos, Rotta citó el caso del acuerdo entre la Comisión Europea y AstraZeneca, en la que parte del contrato fue dado a conocer a fines de enero. En este se puede ver que el precio de las vacunas puede subir más allá del 20% y no con un tope del 20% como en un inicio había informado el grupo de trabajo.

“En nuestro caso no sabemos si el precio está fijado. No sabemos si el costo por las vacunas podría aumentar y en ese caso qué podría pasar. No sabemos tampoco si hay una penalidad que se pueda aplicar en caso de demoras”, declaró el representante de Proética.

No obstante, la entidad sí entregó los nombres de los funcionarios del Gobierno involucrados en las negociaciones y que forman parte de la Comisión Multisectorial encargada, entre otras cosas, de la adquisición, donación y distribución de las vacunas en el país.

De igual forma, el viceministerio informó que se tiene un convenio con el organismo Gavi Alliance para facilitar el acuerdo que se tiene con COVAX para acceder a las vacunas.

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De acuerdo al Viceministerio de Salud Pública, ellos son los integrantes de la Comisión Multisectorial:

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