El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) reiteró este miércoles su compromiso de sancionar severamente a quienes atenten contra el derecho de los niños a recibir alimentos seguros y de calidad a través del programa Qali Warma. Así lo aseguró el ministro Julio Demartini durante una conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros.
Demartini denunció la existencia de una red de corrupción que involucra a trabajadores del programa y a empresas privadas. Además, solicitó investigaciones rápidas y rigurosas a la Contraloría General y al Ministerio Público.
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“Por eso, en mi condición de ministro, he pedido las sanciones más drásticas para estas personas”, afirmó.
El titular del Midis también destacó que, en respuesta a las recientes denuncias periodísticas, ya se han separado a 12 empleados, entre ellos jefes de unidades territoriales.
“Hemos separado 12 trabajadores, incluyendo a jefes de unidades territoriales involucrados en hechos de corrupción, y hemos pedido la intervención inmediata de la Contraloría para ejecutar una intervención de control concurrente”, expresó.
Demartini además enfatizó que el programa Qali Warma, que lleva más de una década en funcionamiento, está en un proceso de reestructuración para mejorar su modelo de gestión. “El programa necesita un cambio de modelo y en ese cambio estamos chocando con muchos intereses”, sostuvo.
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El ministro agradeció al periodismo por revelar actos de corrupción y aseguró que los alimentos están siendo evaluados en laboratorios privados para garantizar su inocuidad. También criticó a una trabajadora vinculada a estas irregularidades, señalando que busca hacerse pasar por víctima pese a estar involucrada en actos ilícitos.
“No es posible que una confesa delincuente se esté paseando por los medios de comunicación aparentando ser una víctima, cuando en realidad ella está coludida con otras personas”, señaló.
Finalmente, Demartini envió un mensaje a los padres, profesores y directores escolares, asegurándoles que la alimentación de los niños es una prioridad. “No pararé hasta que se castigue con prisión efectiva a las personas que están vulnerando este derecho”, concluyó.
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