La Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico de 10 millones 163 mil 408 soles, cometidos durante la realización del expediente técnico y en la ejecución de la obra de mejoramiento de los servicios de la salud en el hospital de Tocache, ubicado en la región San Martín.
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Para la elaboración de este expediente técnico y ejecución de la referida obra, el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (PEHCBM) suscribió el contrato respectivo el pasado 24 de octubre de 2013, por un valor de S/ 93 millones 588 mil 264,67 soles y en un plazo de ejecución de 720 días calendario, de los cuales 150 eran para elaborar el expediente técnico de la obra.
Por el momento, la Contraloría determinó presunta responsabilidad penal y administrativa para 19 funcionarios del PEHCBM. De acuerdo al Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 10394-2020-CG/MPROY-AC estas personas habrían suscrito adendas (complementos añadidos) sin sustento al contrato del proyecto.
En ese sentido, se habría vulnerado el sistema de contratación a suma alzada y originado un incremento en el costo de la obra por aspectos exigibles al contratista.
Irregularidades
Otra de las presuntas irregularidades encontradas, es que se suscribieron dos versiones de la adenda N° 4 al contrato en fechas diferentes, y otorgaron períodos distintos para la entrega del cuarto informe (entregable) del expediente técnico.
Estos hechos propiciaron un mayor pago (S/5.840.484) al contratista por ejecutar labores exigibles que estaban dentro de las condiciones originalmente contratadas, así como la inaplicación de penalidades por la demora injustificada en la elaboración del expediente técnico (S/146.041.95); dando un total de S/5.986.526 con IGV.
Además, el PEHCBM permitió el inicio de recepción de la obra sin haber concluido su ejecución, y que las pruebas de equipamiento médico y la meta de capacitación, que era responsabilidad del contratista, no se realicen conforme a expediente técnico aprobado.
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La comisión auditora detectó que la entidad también permitió la reducción del equipamiento médico e informático sin contar con un sustento técnico ni legal; y se modificaron las condiciones técnicas de adquisición de equipos, lo que permitió su recepción con una fecha de fabricación mayor a lo previsto en el expediente técnico aprobado. Esta situación afectó la vigencia tecnológica de los equipos, el vencimiento de registros sanitarios y la calidad del servicio ofertado.
Estas situaciones generaron un perjuicio económico por S/4.176.882,31 en contra del Estado y la afectación de la calidad del servicio ofertado como establecimiento de salud estratégico.
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