La Defensoría del Pueblo afirmó que el presidente de la República, Pedro Castillo, “se encuentra obligado a dar explicaciones claras y suficientes al país” tras las revelaciones de la empresaria Karelim López, quien lo involucró ante la fiscalía en presuntos actos de corrupción.
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En un pronunciamiento, refirió que las declaraciones de López “comprometerían” al mandatario en hechos de corrupción que constituirían, de comprobarse, “una grave lesión a la dignidad del cargo y pondrían en entredicho su capacidad para cumplir el mandato constitucional de combatir dicho flagelo”.
“La situación es particularmente grave dado que el presidente de la República no solo encarna a la nación y representa a todas/os las/os peruanas/os, sino también, como primer mandatario, debe liderar todas las políticas públicas, en particular las referidas a la transparencia y lucha contra la corrupción. Por ello, se encuentra obligado a dar explicaciones claras y suficientes al país”, indicó.
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Manifestó que corresponde a Castillo Terrones, en el más breve plazo, esclarecer todos los señalamientos hechos, en particular los vínculos que mantienen sus sobrinos con distintas instancias del Gobierno y aquellos que tendrían con particulares e intermediarios que han celebrado contratos con el Estado.
También enfatizó que en la misma línea, debe dar cuenta de las reuniones que mantuvo en la casa ubicada en la primera cuadra del jirón Sarratea, en el distrito Breña, precisando las personas que lo han visitado.
“Para nuestra institución no se cumplen los deberes de transparencia y rendición de cuentas, apelando a la existencia de un entramado para forzar su vacancia o un plan golpista como fórmula para evadir dar explicaciones de fondo sobre los hechos denunciados”, subrayó.
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La Defensoría también señaló que el mandatario ha incumplido reiteradamente con el deber de garantizar la eficiencia del Estado, al nombrar en los más importantes cargos públicos a “personas carentes del conocimiento y experiencia profesional necesarios”.
“Este hecho ha provocado el debilitamiento de los controles y salvaguardas destinados a prevenir actos de corrupción. Esta situación fue puesta también de manifiesto por exministras/os, viceministras/os y otros altos funcionarios que han renunciado recientemente a sus cargos”, acotó.
Finalmente, advirtió que la negativa de Pedro Castillo a dar las explicaciones que el país exige “afectaría aún más la dignidad del cargo que ocupa por su manifiesta falta de comportamiento ético y su reiterado incumplimiento a mandatos constitucionales”.
“Dadas las circunstancias que atraviesa el país, la Defensoría del Pueblo reitera que el gobierno es menos que el Estado. Por ello, todos los poderes y las instituciones constitucionales autónomas deben ejercer sus funciones para garantizar el control de un gobierno que claramente utiliza inescrupulosamente el poder”, sentenció.
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Entrevista a Pedro Castillo
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