Defensoría pide informe al Ejecutivo sobre acciones a favor del equipo especial de la Policía

La Defensoría del Pueblo pidió al Ministerio del Interior que le envíe documentación que sustente las acciones que han tomado para garantizar la continuidad del equipo de policías que solicitó la fiscal Marita Barreto para apoyar en las investigaciones por actos de corrupción.

MIRA: Pedro Castillo intervino 60 veces en 89 Consejos de Ministros

“Cumpliendo nuestro rol superviso de administración pública y de lucha contra la corrupción, solicitamos a titular del Ministerio del Interior informarnos de acciones que adoptará para garantizar la labor del equipo especial de la Policía Nacional del Perú que debe apoyar a fiscal Marita Barreto”, informaron este martes por redes sociales.

Junto al pronunciamiento, la Defensoría compartió el oficio remitido por Eliana Revollar al ministro Willy Huerta, donde advierte que se habría dejado en suspenso el funcionamiento del equipo especial de la PNP.

MIRA: Un nuevo escándalo cada 36 horas: El Gobierno acumuló 237 situaciones polémicas en solo un año

Esto, según destacan, fue reportado por Marita Barreto ante la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, aduciendo con esto una “conducta obstruccionista” en el Ministerio del Interior por no haber habilitado a los policías para participar en reuniones con los fiscal.es

“Es deber del despacho ministerial dotar al grupo especial de todos los recursos humanos, logísticos y de infraestructura que sean necesarios para asegurar el pleno cumplimiento de sus funciones”, asegura la Defensoría.

MIRA: El dueño de casa de Sarratea se comunica con sobrino de Castillo

También piden que el Ministerio del Interior tome acciones para dar recursos humanos, logísticos y de infraestructura a favor de los policías del mencionado equipo, cuya creación fue aprobada por el exministro Mariano González antes de que sea retirado del cargo.

“Exhortamos al Poder Ejecutivo en su conjunto a colaborar con el desarrollo de las investigaciones penales que involucran al entorno presidencial. Toda forma de obstaculizar la acción de justicia conlleva responsabilidades de carácter penal y constitucional”, concluye la institución.