Exfuncionarios del Servicio Diplomático rechazaron la injerencia de gobiernos extranjeros y agrupaciones de la región ideológicamente vinculados al autodenominado “Socialismo del siglo XXI” y al movimiento indigenista Runasur.
A través de un pronunciamiento conjunto, afirmaron que dichas entidades, con sus actos políticos, “buscan destruir nuestra democracia y vulnerar la soberanía y la esencial naturaleza unitaria de la República del Perú”.
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Asimismo, expresaron su pleno respaldo a los preceptos constitucionales que consagran el carácter inmutable y perpetuo de la unidad política y territorial de la Nación, así como su condena a todo intento, interno o externo de afectar esta unidad en todo o en parte.
Refirieron que el primero constituye “un acto de traición a la patria” y el segundo un “inamistoso cuanto inaceptable acto contra la soberanía e integridad territorial de nuestro país”.
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Del mismo modo, resaltaron la pertinencia e importancia de recordar los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) y demás instrumentos del Derecho Internacional que rigen la convivencia pacífica entre estados independientes y soberanos.
También enfatizaron su respeto y absoluto apoyo a las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo, a través de la Cancillería y del Poder Legislativo en rechazo a los actos intervencionistas perpetrados por gobiernos, organizaciones y ciudadanos extranjeros, “en abierto desconocimiento del proceso político que vive el Perú con plena observancia de la Constitución y las leyes vigentes”.
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Finalmente, exhortaron a todas las instituciones civiles y militares, y a todas las organizaciones de la sociedad civil organizada del Perú a pronunciarse en defensa y reafirmación de la unidad imperecedera de nuestra Patria.
El pronunciamiento precisa que se emite en medio de la crisis política y social tras el fallido golpe de estado del expresidente Pedro Castillo y “promovida por sectores radicales declarados en rebeldía contra el estado de derecho y el orden democrático y constitucional de nuestro país, aprovechándose de las legítimas demandas y frustradas aspiraciones económicas y sociales de amplios sectores de la población”.
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