El Poder Judicial precisó que la Procuraduría General del Estado (PGE) sí podrá hacer preguntas durante el interrogatorio a la presidenta de la República, Dina Boluarte, y a los demás investigados por las muertes ocurridas durante las protestas de diciembre del 2022 y enero del 2023.
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria emitió una resolución luego de un escrito presentado por la PGE donde solicitaba la aclaración de su decisión dada a conocer el último viernes 10.
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La finalidad de la procuraduría es que dicha instancia del Poder Judicial precise si la postura asumida es que la parte agraviada pueda participar y formular preguntas a través del representante del Ministerio Público.
Asimismo, solicitó que se precise si la ampliación de la declaración sería la vía de subsanación de derechos vulnerados y por tanto, al ser reparable por este medio, no cabría su nulidad.
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“[…] Señalar que respecto a la participación de la parte agraviada durante el desarrollo de las declaraciones de imputados en la etapa preliminar, el agraviado puede formular preguntas a través del órgano legitimado conforme al artículo 88 inciso 3 del Código Procesal Penal; respecto a la precisión sobre si es posible la subsanación de la declaración cuestionada, como se desprende de la propia resolución es posible (por ejemplo vía una ampliación) siendo las partes que decidan cómo hacerlo, siempre conforme a ley”, subrayó el juez Juan Carlos Checkley.
El último viernes 10 el Poder Judicial declaró fundada en parte la tutela de derechos presentada por la PGE por la declaración del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, ante la Fiscalía de la Nación en la investigación contra la mandataria Dina Boluarte y ministros por el presunto delito de genocidio.
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También se desestimó el pedido de la Procuraduría para anular el acta del pasado 16 de febrero con la declaración del titular de la PCM sobre el caso.
Cabe precisar que dicha decisión no anula la declaración del primer ministro, sino que posibilita que se amplíe la declaración con la participación de la procuraduría, según precisó en su cuenta institucional en Twitter.
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Así, con la decisión del juez Juan Carlos Checkley se permite la participación de la PGE en las declaraciones de investigados en condición de representante del agraviado.
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