El último 14 de diciembre, el Congreso de la República dio un paso atrás y restituyó la detención preliminar en casos de no flagrancia. Ha pasado una semana y, hasta el momento, el Ejecutivo no ha promulgado la norma, lo que ha sido cuestionado por diversos parlamentarios.
Con 79 votos a favor, ocho en contra y cero abstenciones, aprobaron la propuesta de Ruth Luque, la cual fue exonerada de segunda votación, por lo que fue enviada directamente al Poder Ejecutivo el 16 del mismo mes.
Ante el silencio del Gobierno de Dina Boluarte, la bancada de Renovación Popular envió un oficio al premier Gustavo Adrianzén para pedir la promulgación de dicha autógrafa. El parlamentario Héctor Acuña Peralta también se sumó a la petición a través de sus redes sociales.
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“A una semana de haberse aprobado en el Congreso la norma que restituye la detención preliminar, es lamentable que la Presidencia dilate la promulgación de la Ley. ¿Qué intereses están defendiendo? Al parecer, la lucha contra la criminalidad es solo un discurso para la tribuna, sin acciones concretas que respalden sus palabras”, se lee en la cuenta X del legislador de Honor y Democracia.
Una posición similar tomó la congresista Ruth Luque, quien cuestionó la demora de la mandataria. Ella dijo que resulta extraño que no se haya cumplido, a la fecha, con la promulgación de la norma que restituye y modifica el artículo 261 del Nuevo Código Procesal Penal.
“A la fecha, existen varios ejemplos del perjuicio de dicha ley que aún sigue vigente mientras no se promulgue la autógrafa en mención, tales como la liberación de los investigados en el Caso Aelucoop por fraude a 21 mil víctimas, la liberación de una presunta banda criminal en Huaura y la no detención de Fredy Hinojosa, que funge de vocero presidencial en Palacio de Gobierno, por su implicancia en los actos de corrupción del Programa Qaliwarma”, señaló.
Antecedentes
El Congreso retrocedió luego de recibir diversas críticas por promover la Ley 32181 a inicios de noviembre, que eliminaba la detención preliminar en casos de no flagrancia. Pese a sus peligros, el Poder Ejecutivo no la observó.
Esta nueva figura, aprobada en primera instancia en la Comisión de Justicia y luego en el Pleno, permite a las personas que cometieron un delito no ser detenidas preliminarmente fuera del plazo de flagrancia pese a evidencia o riesgo de fuga, lo que afecta directamente la lucha contra la criminalidad. Esta medida seguirá vigente hasta que el Gobierno promulgue la nueva autógrafa enviada.
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