El Congreso retrocede y aprueba restablecer la detención preliminar en casos de no flagrancia

El Congreso retrocedió y aprobó restablecer la detención preliminar en casos de no flagrancia, figura que ellos mismos habían decidido eliminar solo semanas atrás. De esta forma, si el gobierno de Dina Boluarte promulga la ley, los fiscales podrán volver a pedir este tipo de medidas y los jueces volverán a quedar facultados para ordenarlas.

La derogación de este aspecto de la Ley 32180, promulgada por el Ejecutivo el último miércoles luego de haber sido aprobada por el Congreso a inicios de noviembre, fue uno de los últimos temas visto por el pleno en su última sesión del año. El tema ingresó a debate a pasadas las 2:00 a.m. de este sábado 14 de diciembre.

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A esa hora, el presidente de la Comisión de Justicia, Isaac Mita, presentó un texto sustitutorio, originado a partir de un proyecto de ley de la congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular).

Allí se restablecía en el Código Procesal Penal la facultad de los jueces para ordenar detenciones preliminares en casos en que no hay flagrancia, pero sí hay “elementos razonables” para considerar que un investigado cometió un delito, así como “indicios razonables” de que existe riesgo de fuga o de peligro de obstaculización de la justicia.

En el debate posterior solo participaron en este los congresistas Alejandro Muñante (Renovación Popular) y María del Carmen Alva (no agrupada) para pedir que se acumulen en el mismo dictamen los proyectos que ellos también habían presentado con el mismo propósito: restablecer la detención preliminar que ellos mismos habían eliminado.

En el caso de Alejandro Muñante y María del Carmen Alva, ambos habían votado a favor de la ley que derogó la detención preliminar, tanto a nivel de la Comisión de Justicia el pasado 26 de junio como en la sesión del pleno del 6 de noviembre. Sin embargo, ahora apostaron por su restablecimiento.

En tanto, Ruth Luque destacó que se había llegado a un consenso con distintas bancadas para poder “corregir una decisión que no debió asumirse de manera tan ligera”. “Necesitamos urgentemente restituir esta importante figura para que los jueces de investigación preparatoria pueden seguir cumpliendo su labor”, expresó.

Sometido a votación, el restablecimiento de la detención preliminar se aprobó con 79 votos a favor y ocho en contra. La única bancada que se opuso fue la de Perú Libre, la misma que había tramado la derogación y que la incluyo en el mismo dictamen que otro proyecto que eliminaba este tipo de detenciones en casos de policías investigados por usar sus armas.

Luego, el presidente de la Comisión de Justicia -quien también pertenece a Perú Libre- solicitó que se exonere a la ley de una segunda votación. Ello también fue aprobado con cifras similares.

A partir de la promulgación de la ley el último miércoles, múltiples especialistas en Derecho y en seguridad ciudadana coincidieron en que esta afectaba gravemente la lucha contra todo tipo de delitos: el crimen organizado, la corrupción, las extorsiones, el sicaratio, casos de violaciones y abuso sexual, secuestros, asesinatos, etc.

Un ejemplo concreto se conoció apenas un día después: el Poder Judicial ya había tenido que aplicar esta ley para liberar a los presuntos integrantes de la organización criminal ‘Las Hienas Verdes’, investigados por extorsión y sicariato en Barranca.

En la transmisión del pleno de este sábado, en el mismo canal del Congreso se comentó que se estaba asumiendo “con responsabilidad la rectificación” y que la ley que estaba siendo derogada “facilitaba la impunidad de delincuentes que no estaban en flagrancia”. Esto a pesar, nuevamente, de que el mismo pleno había dictado esa norma solo semanas antes.

El Comercio reportó este viernes que la eliminación de la detención preliminar se gestó a partir de un proyecto de Waldemar Cerrón (Perú Libre). En la Comisión de Justicia, que preside la misma bancada, esta iniciativa fue acumulada con el referido dictamane vinculado a las detenciones de policía.

Ni en la Comisión de Justicia ni en el pleno del Congreso se discutieron las consecuencias o motivaciones para eliminar la detención preliminar. Todo el debate en ambas instancias fue sobre el aspecto relacionado a la policía. A todas luces, fue un cambio ‘camuflado’ del que varios congresistas que votaron a favor se distanciaron cuando se les confrontó con las implicancias.

A pesar de ello, el gobierno de Dina Boluarte promulgó la norma sin hacerle observaciones. Recién cuando la ley ya estaba en vigencia, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, comentó que iban a evaluar si era “pertinente” hacerle modificaciones.

Ahora, con la aprobación del restablecimiento, la autógrafa será enviada al Ejecutivo para que este lo pueda promulgar o, si así lo consideran, observarla. Solo al día siguiente de la eventual promulgación, la detención preliminar para casos de no flagrancia volverá a estar vigente y podrá volver a ser empleada como herramienta contra el crimen.