Freddy Díaz: PJ dicta 9 meses de prisión preventiva contra excongresista

Tras la apelación presentada por el Ministerio Público, el Poder Judicial declaró fundado el pedido de prisión preventiva, por el periodo de 9 meses, contra el excongresista Freddy Díaz, procesado por el presunto delito de violación sexual.

Como se recuerda, el pasado 16 de enero, en audiencia reservada, el juez supremo Juan Carlos Checkley dictó comparecencia con restricciones para el inhabilitado exparlamentario.

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El magistrado había desestimado la solicitud de la fiscal suprema Zoraida Ávalos para imponer nueve meses de prisión preventiva.

Entre las reglas de conducta que le impuso Díaz Monago, estaba la obligación de mantener su domicilio en Lima y pedir permiso al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria si es que quiere viajar.

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Asimismo, presentarse al juzgado cada quince días para dar cuenta de sus actividades y control judicial. Además, se le prohibió comunicarse con los testigos y peritos, así como con la presunta agraviada. También debía pagar una caución económica ascendente de S/. 10.000.

El abogado José Ugaz, defensa legal de la trabajadora del Congreso, cuestionó que el magistrado haya sustentado su decisión en un prueba psicológica que señala que “no se encuentra daño en la víctima”.

En su requerimiento, Ávalos refirió que existían “graves elementos de convicción” que relacionan a Díaz Monago con la comisión del delito atribuido.

Apuntó que la posible pena en su contra supera los cuatro años y alertó que hay una “alta probabilidad” de fuga y de obstaculización a la investigación.

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El caso de Díaz Monago data de julio de 2022, fecha en la que una trabajadora del Poder Legislativo denunció que fue abusada sexualmente por el entonces congresista de Alianza para el Progreso dentro de su despacho en el jirón Azángaro (Cercado de Lima).

Tras conocerse los hechos, APP lo expulsó de sus filas y la Comisión de Ética del Congreso inició una investigación que derivó en la suspensión de 120 días del exlegislador.

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El pasado 12 de enero, el Pleno del Congreso inhabilitó a Díaz por 10 años para ejercer la función pública. Ello tras un pedido de reconsideración de la votación, en la que dos días antes había sido blindado. Aquella situación desencadenó una ola de críticas.