¿Hemos descubierto la receta contra la inseguridad ciudadana?

El discurso del ministro del Interior, Jos Luis Prez Guadalupe, ante el pleno del Congreso logr su objetivo. El Parlamento aprob la semana pasada la totalidad de los temas solicitados por el Gobierno para legislar sobre seguridad ciudadana y el fortalecimiento de la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.

La parte ms difcil, ahora, es que las medidas que se adopten no solo sirvan para influir en la percepcin ciudadana, sino que tambin resalten por su eficacia. Ayer informamos que, de acuerdo con la ltima encuesta de El Comercio realizada por Ipsos, la percepcin de inseguridad en la capital haba llegado a un nivel alarmante: el 90% de limeos no se siente seguro en las calles.

Adems, el 87% cree que los militares deberan patrullar las calles; el 94%, que convendra declarar el estado de emergencia en lugares crticos; y el 86%, que habra que imponer el toque de queda en las zonas ms peligrosas. Sin duda, la idea de que se necesitan acciones drsticas ha calado en la poblacin.

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Al respecto, analizaremos las cinco principales medidas que el sector Interior pretende adoptar gracias a la delegacin de facultades.

1. Lucha contra el sicariato Lejos quedaron los argumentos de que el sicariato debera preocupar solo a los delincuentes. El propio ministro Prez Guadalupe ha reconocido que este delito se ha expandido exponencialmente en los ltimos aos y que hoy se ha convertido en una de las modalidades criminales de mayor incidencia en nuestro pas. Este delito, en muchos casos, es cometido por menores de edad.

Por ello, el gobierno ha planteado que el sicariato se considere un delito autnomo dentro del Cdigo Penal y que se incorpore a la lista de infracciones en las que estn permitidas las escuchas telefnicas por parte de la Polica Nacional (PNP). Adems, se eliminar cualquier atenuante en las penas a personas condenadas que tengan entre 18 y 21 aos, se establecer un rgimen penitenciario con perodos ms largos en el rgimen de mxima seguridad y se sancionar con ms dureza a quienes utilicen a menores de edad para cometer este delito.

Consultado sobre estas propuestas, Miguel Huerta, de la ONG Comisin de Derechos Humanos, seal que el incremento de penas y la disminucin de beneficios penitenciarios, por s solos, no seran una buena medida para erradicar este mal. Al respecto, argumenta que en los ltimos aos se han incrementado en forma desmesurada las sanciones penales en diversos delitos y, pese a ello, la problemtica de inseguridad ha persistido. Huerta sugiere que el Ejecutivo se concentre en adoptar medidas de prevencin y se trabaje en las escuelas para erradicar el sicariato juvenil.

De la misma opinin es el ex ministro del Interior Fernando Rospigliosi, quien advierte que esta medida sera solo una distraccin por parte del gobierno, ya que el Cdigo Penal hoy en da ya contempla penas por asesinato de hasta 35 aos, sin embargo, estas no se aplican. Los muchachos que se convierten en asesinos requieren una poltica estatal de prevencin a largo plazo. Si lo nico que se va a hacer es bajar la edad de sancin y endurecer penas, no se va a resolver el problema, afirma.

2.Empleo de la fuerza La utilizacin de un arma de fuego por parte de un polica puede llegar a ser su peor pesadilla. Mandatos de prisin preventiva contra agentes que utilizan sus armas reglamentarias en el cumplimiento de su deber se han vuelto el pan de cada da. Por otro lado, el mal uso de armamento letal en zonas de conflicto social puede ocasionar la muerte de civiles inocentes. En ese sentido, se ha propuesto dictar una norma con rango de ley que regule el uso de la fuerza por parte del personal policial para el cumplimiento de sus funciones.

Para Huerta, adoptar una ley para el uso de la fuerza es fundamental. Sin embargo, advierte que esta norma debe estar elaborada segn estndares internacionales.

Recomienda que se tomen de ejemplo dos instrumentos reconocidos internacionalmente: el cdigo de conducta para funcionarios encargados de cumplir la ley de Naciones Unidas y los principios bsicos del uso de armas de fuego. Ambas normas contemplan el estricto cumplimiento de los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad en la utilizacin de armas de fuego.

Csar Bazn, responsable de seguridad ciudadana del Instituto de Defensa Legal (IDL), agrega que sera muy positivo que exista una norma con rango legal que regule el empleo de la fuerza policial. No obstante, est en desacuerdo con que pueda incorporarse una clusula de exoneracin penal, administrativa o civil para policas que hagan mal uso de armas letales.

Revisa el informe completo en nuestra edicin impresa.

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