Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial, rechazó el proyecto de ley del Congreso que plantea la creación de una comisión que fiscalice a jueces y fiscales, pues lo consideró que es “antidemocrático y anticonstitucional”.
En su discurso, el magistrado subrayó que la iniciativa legislativa 8678/2024-CR, presentada por el congresista Waldemar Cerrón Rojas (Perú Libre), refleja “un espíritu totalitario” con la intención de ejercer control sobre los órganos de administración de justicia.
“Me dirijo para denunciar el proyecto de ley 8678-2024-CR, por el cual se pretende crear una comisión de fiscalización de jueces y fiscales en el Congreso de la República. Este proyecto que aparentemente tendría una función de control, en realidad, es un proyecto antidemocrático y anticonstitucional, que refleja un espíritu totalitario, de controlar a los organismos de administración de justicia. Por eso, rechazamos este proyecto y les decimos a los congresistas de vocación democrática que impidan la tramitación de proyectos de esta naturaleza”, expresó Arévalo.
“El Poder Judicial no va a aceptar iniciativas de este tipo y luchará en defensa de sus fueros y su autonomía. Nos vamos a someternos a ninguna tentación totalitaria, venga de donde venga, y defenderemos la democracia y la independencia judicial en todas las formas que nos permite el ordenamiento legal”, añadió.
“Exhortarmos a la Presidencia del Congreso a revisar este tipo de proyectos que solo contribuyen al enfrentamiento innecesario entre los poderes del Estado y que, por supuesto, daña la imagen de nuestra patria. El Poder Judicial actuará independientemente, aunque no sea ello del agrado de ciertos sectores porque, sobre todo, nos debemos a la Constitución y a la ley”, finalizó.
Defiende el proyecto
Cerrón Rojas remarcó que el objetivo de su proyecto es ejercer un control político sobre los magistrados y garantizar que ningún poder del Estado utilice sus funciones para sobrepasar sus límites.
Consideró que no se trata de una intromisión en la separación de poderes del Estado, sino de una medida necesaria para investigar posibles irregularidades.