La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra, afirmó este jueves que el Gobierno no tiene temor de que en los próximos días aparezcan nuevas denuncias contra el presidente Martín Vizcarra. Agregó que es un sector del Parlamento, que no tiene los 87 votos para vacar al mandatario, el que espera esto “para ver si puede convencer a quienes no han tomado una decisión”.
— El primer ministro, Walter Martos, dijo que son respetuosos de la decisión del Congreso y que el presidente Vizcarra acudirá el lunes. Aunque reiteró que el país no puede seguir en “incertidumbre”. ¿Cuál era la diferencia del viernes al lunes?
Ellos [los congresistas] no tienen labores de gobierno, no tienen esto tan claro. La ministra de Economía y Finanzas [María Antonieta Alva] nos hace cada día un reporte sobre cuánto impacto tiene en la economía [la nueva moción de vacancia]. Esto no solo afecta al gobierno, sino al país. Mira el pronunciamiento de las municipalidades del Perú, hay incertidumbre por no saber quién será el presidente hasta [julio del] próximo año y eso dificulta las posibilidades de tener planes a largo plazo. No sabemos si nos vamos a quedar o si nos iremos.
Y entiendo que algunos congresistas han señalado que este fue un acuerdo del pleno [la fecha], pero recuerdo que ayer [miércoles] iba a darse un pleno descentralizado en Abancay, pero se suspendió. Evidentemente, hubieran podido realizar un pleno después del último lunes [cuando admitieron a trámite la vacancia] para reconsiderar la fecha, pero no hay voluntad de hacerlo.
— ¿El Congreso no tuvo voluntad política para adelantar la fecha?
Lo que yo creo es que el Congreso tomó una decisión rápida, admitió [a trámite la moción de vacancia] e, inmediatamente, puso la fecha, lo que no es el procedimiento. Y cuando se le planteó una alternativa, señaló que no se podía cuando en realidad sabemos que un acuerdo del pleno se puede revertir por otro acuerdo del pleno, si hubiera habido voluntad política se hubiera podido revertir. Independientemente de esto, el presidente Vizcarra acudirá el lunes. Y debe quedar claro que aquí no hay voluntad del Ejecutivo de querer asumir competencias que no le corresponden o del presidente de querer manipular al Congreso. Simplemente, lo que hay es un afán de no desestabilizar al país.
— En setiembre, cuando el Congreso abrió un primer proceso de destitución contra el mandatario, este acusó “una vacancia exprés”. Pero ahora pide ir con celeridad al hemiciclo. ¿Por qué? ¿Hay temor en Palacio de Gobierno de lo que pueda suceder el fin de semana?
No, en realidad no. Lo que más bien parece es que el Congreso está esperando de lunes a lunes, para esperar que pase algo el fin de semana. Nosotros queremos que haya definiciones, para nosotros eso es lo más importante. Y la vez anterior, recordemos cómo fue el procedimiento, pusieron unos audios no verificados en una sesión del pleno que no los tenía en su agenda, y con eso inmediatamente, presentaron una moción de vacancia. En este caso, estamos semanas debatiendo sobre la posibilidad de la admisión, es de otra naturaleza. Y si hay la convicción de 87 congresistas de que esto [la vacancia] debe darse, pues debería ya resolverse oportunamente y no estar esperando cada semana qué cosa logran sacar contra el presidente para ver si puede convencer a quienes no han tomado una decisión.
— ¿Quién será el abogado del presidente Vizcarra en el Parlamento? ¿Se mantendrá al señor Pereira?
Esa es una decisión que va a tomar el presidente Vizcarra, él ya anunció que irá, eso está completamente definido.
— ¿Por qué el Ejecutivo descartó presentar una medida cautelar para frenar el proceso de vacancia? ¿No creen que haya un peligro latente de destitución?
Esto lo hemos evaluado, lo ha evaluado el procurador constitucional, que es la persona encargada de este tema. Nosotros tuvimos la vez pasada, cuando presentamos una medida cautelar [para detener el proceso de vacancia por el Caso Swing], un voto a favor [en el Tribunal Constitucional], y el argumento fue básicamente que no justificamos el peligro de la demora, porque el TC señaló por mayoría que supuestamente no había votos suficientes para la vacancia. Nosotros creemos que el TC probablemente, en este caso, reiteraría ese pronunciamiento y es por que decidimos no presentar la medida cautelar. Lo que sí nos hubiese parecido importante es que por lo menos hubiera un avance del pronunciamiento definitivo [sobre la demanda competencial], pero el 11 de noviembre recién vence el plazo que tiene el Congreso para responder a la demanda, quizás pudo hacerlo antes. Y por otro lado, deciden impulsar un segundo pedido de vacancia, son decisiones que toman, según su compromiso con el país.
— El presidente Vizcarra, cuando se dirige al Congreso, afirma que no se corre y que pone el pecho, pero cuando el fiscal Germán Juárez Atoche lo cita no acude. ¿Hay un doble discurso?
Mira, ahí lo que te puedo contestar es que el presidente consideró que tenía que haber una definición sobre cuál era el fiscal competente [para investigarlo] y fue, por eso, que le pidió eso a la fiscalía de la Nación. Y con esa información acudir a las citaciones que le haga el fiscal Juárez Atoche o el fiscal Elmer Chirre. Pero en todo caso, sí hay una apertura, él [Vizcarra] va a evaluar con sus abogados la nueva citación que se le ha hecho. Yo he conversado luego con el presidente, y él no tenía claro ante qué fiscalía debe ir y este es un derecho de los investigados en el marco de un debido proceso, conocer cuál es el fiscal que lo investiga.
— El presidente Vizcarra utilizó su cargo para pedirle a la fiscal de la Nación definir si el equipo especial o la fiscalía anticorrupción lo investiga, pero por un hecho que no tiene relación con el actual cargo que ostenta, sino cuando fue gobernador regional. ¿No ha sido un error?
Ha habido un debate sobre este tema, nos quedamos con el pedido de fondo, que es la dilucidación de la controversia, pero ojo que esto no es una cosa que solo puede pedir el presidente, sino cualquier persona que sea investigada debe tener claro cuál es el fiscal que lo va a investigar. Cualquier abogado le hubiera recomendado tener por lo menos esa claridad. Y, reitero, que es un tema que tendrá que manejar el presidente con su abogado, con su equipo de defensa legal, para poder contestar todas estas investigaciones [por los presuntos sobornos por Lomas de Ilo y el hospital regional de Moquegua].
— ¿El jefe de Estado acudirá a la segunda citación hecha por Juárez Atoche para el 12 de noviembre?
Ese es un tema que el presidente debe dilucidar con su abogado. Entiendo que él está conversando directamente con ellos para definir cuál será la estrategia que va a seguir, de eso no hemos conversado, porque yo no tengo de defender al presidente de manera personal.
— Durante los últimos días, usted ha sostenido dos reuniones con el secretario general de Palacio de Gobierno, Pedro Angulo. ¿El motivo de la cita fue el oficio que envió al fiscal Juárez Atoche? ¿Quién aconsejó al señor Angulo a presentar un documento en una investigación en la que no está comprendido?
No, sobre ese tema, yo no he conversado, lo que he conversado con él [Angulo] ha tenido relación a la defensa del presidente sobre la denuncia que le hicieron sobre el principio de neutralidad, que es un tema que tiene que ver con el gobierno.
— El presidente Vizcarra ha respaldado, en diferentes oportunidades al equipo especial Lava Jato. ¿Por qué, entonces, no se allana a la investigación abierta por Juárez Atoche? ¿O es que prefiere que el fiscal Chirre sea el que lleve la pesquisa sobre su administración en Moquegua?
En realidad, no hay ningún tema de preferencias, lo que hay es una indefinición que él ha considerado que requería de un pronunciamiento final de la fiscal de la Nación. El presidente señala que él tiene la verdad de su lado, es irrelevante que lo investigue una fiscalía u otra. Pero debe quedar claro quién es el fiscal. Esto, insisto, es un derecho de cualquier ciudadano. Y quiero reafirmar todo el reconocimiento al rol del equipo especial Lava Jato, eso no está en cuestión, el tema es saber quién es el competente. El día de hoy [jueves] desde el lado de la fiscalía anticorrupción han presentado una contienda de competencias. Entonces, sí se siente que no hay claridad respecto a la fiscalía competente, y esto lo digo como una externa.
— El primer ministro ha señalado que él no defiende al presidente, sino a la gobernabilidad. ¿Usted confía en los argumentos de Vizcarra frente a los testimonios de los aspirantes a colaboradores eficaces?
Nosotros [los ministros] lo que hacemos es defender al presidente en dos ámbitos: uno por la apertura que ha expresado a las investigaciones y el otro porque no es un momento idóneo para que el país entre a una vacancia justamente cuando tenemos convocadas las elecciones en cinco meses y por el impacto que puede tener para la estabilidad económica y política en medio de una pandemia. En relación con los hechos, evidentemente, si yo creyera, en esta instancia, que el presidente [Vizcarra] fuera culpable, no seguiría siendo ministra. Pero sí creo que hay que dar toda la apertura a las investigaciones y eso es lo que el presidente ha señalado, que está plenamente dispuesto. Nuestro rol como ministros está en defender la estabilidad, nosotros no defendemos al presidente de manera personal.
Y es importante que tengamos claro el estado de las investigaciones, estamos ante aspirantes a colaboradores eficaces, evidentemente, hay cuestiones que investigar, eso no se descarta.
— El INPE sancionó a Antauro Humala con la suspensión de sus comunicaciones por 30 días. ¿Es una sanción acorde a los hechos? ¿Cree que pudo ser más rigorosa?
Justamente, hoy revisé lo que plantea el Código de Ejecutivo Penal, su artículo 27, que plantea las sanciones por infracciones disciplinarias que se verifiquen. Estas son una amonestación, privación de paseos o actos recreativos, la limitación de las comunicaciones con el exterior hasta en 30 días, privación de permisos de salida, que en este caso no aplica, y aislamiento por 30 días.
En este caso, el consejo técnico del penal es el que ha tomado la medida, y es una decisión técnica, ni siquiera es el INPE, sino un consejo del penal. Esta decisión ha sido apelada por la defensa legal de Humala. Pero esta es la primera de las infracciones [de Antauro Humala] que se están investigando, hay otros hechos, creo que son cuatro [procedimientos abiertos]. Hay que se respetuosos, porque cuando se dispuso su traslado a un penal de máxima seguridad, a través de un hábeas corpus logró regresar al penal donde se encuentra actualmente [Ancón II].
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