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Los aportantes que nunca debieron pasar caleta, por Maria Alejandra Campos

El financiamiento privado per se –con topes y restricciones– no tiene nada de malo, siempre y cuando pueda ser fiscalizado

PPK

Los supuestos aportes de empresas a campañas políticas –Odebrecht, en el caso de Lourdes Flores, y CASA, en el de PPK– han reavivado la discusión sobre la ilegalidad de los aportes no declarados. (Foto: Archivo El Comercio)

Los nuevos destapes periodísticos que revelan supuestos aportes de empresas a campañas políticas –Odebrecht, en el caso de Lourdes Flores, y CASA, en el de Pedro Pablo Kuczynski– han reavivado la discusión sobre la ilegalidad de los aportes no declarados. “Que yo hubiera recibido dinero en un maletín que empleé en la campaña […] tampoco es delito”, declaró Flores Nano a Canal N hace un par de días. La ex candidata del PPC tiene razón, en parte: hasta hace poco, no declarar los aportes a campañas era solo un ilícito administrativo. Es decir, tranquilo, compadre, recibes millones en aportes que no declaraste, pero la ONPE te pone tu multita nomás, todo bien.

(Ojo, el caso de Odebrecht es más complicado, porque la empresa tenía una oficina de operaciones estructuradas especialmente diseñada para coimear. Si la fiscalía prueba que los beneficiarios de la empresa presumían el origen ilícito del dinero, constituiría lavado de activos).

Esa situación llevó a que por años personas o empresas que no querían aparecer en los registros de acceso público diesen dinero o aportasen en especias a diversos políticos sin posibilidad de escrutinio. No es ninguna novedad, es un secreto a voces. ¿Quiénes o cuánto? No se sabe.

Una de las pocas cosas buenas que dejó el referéndum de diciembre fue corregir esta situación. La segunda pregunta, “¿aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas?”, estaba sustentada por un proyecto de ley que incluía en su texto la siguiente línea: “El financiamiento ilegal genera la sanción administrativa, civil y penal respectiva”. Es decir que en las siguientes campañas electorales si los políticos no declaran quiénes colaboraron con su partido, podrán cumplir pena de cárcel. Cabe decir que este aspecto fundamental de la reforma fue incluido por el Congreso, pues en el proyecto de ley remitido por el Ejecutivo no se mencionaba.

Sin embargo, la preocupación de los políticos no debería estar centrada en el marco normativo en el que no se declararon los aportes, sino en lo que estos implican para su relación con la ciudadanía. En teoría, la responsabilidad de los partidos es con sus electores. Puede ser que no haya sido delito ocultar aportes en el 2016, pero implicaba una falta igualmente grave para la ciudadanía, pues se le mintió con desparpajo.

El financiamiento privado per se –con topes y restricciones– no tiene nada de malo, siempre y cuando pueda ser fiscalizado. Al mantenerse oculto, los electores no tenían cómo saber si los aportantes en cuestión estaban luego recibiendo algún tipo de trato preferencial desde el gobierno o el Congreso. Lo que ha conseguido la normativa que estuvo vigente hasta antes de diciembre es generar un ambiente de recelo, en el que lo más probable es que el ciudadano opte por pensar mal. No importa si la empresa Pepito Inversiones decidió aportar de buena fe al partido X; si lo ocultó, debe ser porque buscaba conseguir algo a cambio.

La crisis que vive la política peruana actualmente no es más que la cosecha de las malas costumbres electorales que ella misma cultivó. Para la ciudadanía, el marco normativo que regía hasta el año pasado no es un ‘ampay me salvo’.

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