“Es un abuso contra mi familia que debe ser reparado por respeto a la Constitución”. Con esta frase, publicada a través de Twitter, el ex presidente Ollanta Humala bajó el telón de una nueva jornada en las investigaciones que le sigue la fiscalía a él y su entorno por presunto lavado de activos.
Este lunes, a solicitud del fiscal Germán Juárez Atoche, se ejecutó la autorización emitida el último 27 de abril por el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, que pedía la incautación de diversos inmuebles, vehículos y cuentas bancarias de Humala y Heredia, así como de personas de su entorno.
El requerimiento fue ingresado el 11 de abril pasado, cuando Humala y Heredia aún se hallaban en prisión.
La solicitud, según el Ministerio Público, responde a la indagación que se hace por los aportes a las campañas del Partido Nacionalista Peruano del 2006 y el 2011. Según el ente encabezado por el fiscal Pablo Sánchez, los bienes habrían sido adquiridos “presuntamente con dinero ilícito”, por lo que las propiedades serán entregadas al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).
Por el requerimiento se incautaron inicialmente dos inmuebles y cuatro cuentas bancarias de la ex primera dama; un inmueble, tres vehículos y una cuenta bancaria de Antonia Alarcón Cubas, madre de Nadine Heredia; y un vehículo, dos inmuebles y dos cuentas bancarias de Rocío Calderón Vinatea, amiga de la esposa de Ollanta Humala.
Asimismo, se han incautado tres cuentas bancarias de la empresa Todo Graph S.A., un vehículo y dos cuentas bancarias del Partido Nacionalista; y dos cuentas de las hijas de los Humala Heredia con aproximadamente S/ 86 mil.
Cabe señalar que la diligencia se realizó bajo un resguardo policial y en presencia de los abogados del ex mandatario y la ex primera dama, quienes anunciaron que apelarán la decisión dictada por el Poder Judicial.
Mientras ello ocurrió ayer, esta mañana se conoció que el juez Richard Concepción Carhuancho acogió un pedido de la defensa legal de los Humala y suspendió por 30 días la orden de incautación referida únicamente a la vivienda de la ex pareja presidencial ubicada en Surco.