La Junta Nacional de Justicia (JNJ) evalúa la destitución del fiscal supremo suspendido Pedro Chávarry y del juez supremo Aldo Figueroa, tras concluir su proceso disciplinario que abrió en su contra por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. De esta manera, ambos magistrados podrían convertirse en los primeros en ser apartados de sus cargos a casi tres años de haberse descubierto la mencionada red criminal.
Tras concluir el proceso disciplinario, según conoció El Comercio, la vocal instructora, Imelda Tumialán, consideró como una “falta grave” la actuación de Chávarry por haber interferido en el ejercicio de las funciones del rol del Ministerio Público.
La vocal instructora resolvió que en el caso de Chávarry Vallejo debía aplicarse el Artículo 41 de la Ley Orgánica que sanciona con la destitución las faltas éticas graves.
También se tomó en cuenta el presunto ingreso ilegal a oficinas lacradas en la sede principal del Ministerio Público en el marco de la investigación a Fuerza Popular (FP) por parte del Equipo Especial.
La mañana de este miércoles, Chávarry Vallejos y Figueroa Navarro se presentaron ante el pleno de la Junta Nacional de Justicia a fin de rendir sus últimos alegatos antes que la institución encargada de nombrar, ratificar y sancionar a jueces y fiscales, tome su decisión final.
Al término de las audiencias, la JNJ dejó al voto las resoluciones de ambos casos. Las decisiones deberán ser emitidas dentro de un plazo máximo de 10 días.
Contra Chávarry se abrió un proceso disciplinario en febrero del 2020 por presuntamente haber favorecido al exjuez supremo César Hinostroza, y haber realizado coordinaciones con otros integrantes del Los Cuellos Blancos del Puerto para que realice un almuerzo en casa del empresario Antonio Camayo, con periodistas. Ello, con la finalidad de poder elegirse como Fiscal de la Nación en 2018.
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La JNJ lo suspendió en julio del año pasado por espacio de seis meses.
Fuentes de la entidad explicaron que si confirman la destitución, los magistrados pueden interponer un recurso de reconsideración.
Chávarry Vallejos rindió sus últimos alegatos de defensa ante la Junta Nacional de Justicia y sostuvo que lo vincularon al caso Los Cuellos Blancos por haber denunciado el caso Chincheros, que implicaba al expresidente Martín Vizcarra.
“Se me pretende responsabilizar por muchas situaciones en las que no he participado. En el tema del deslacrado no tengo que ver nada (...) durante estos tres años me han atacado los principales medios periodísticos alentados por el expresidente Martín Vizcarra”, dijo.
En sus argumentos, el fiscal supremo dijo que con César Hinostroza solo tenía una relación laboral puesto que ambos trabajaron en la Academia Nacional de la Magistratura y que era “totalmente falso” haber realizado coordinaciones con periodistas para poder obtener el cargo del Fiscal de la Nación.
“Yo no tenía por qué pedirle nada a nadie (...) Se me pretende responsabilizar por muchas situaciones en las que no he participado. (En) ese tema del deslacrado donde no tuve que ver nada”, anotó.
Chávarry solicitó que se desestime la propuesta de destitución por la instructora de la JNJ.
La defensa legal del fiscal supremo, el abogado Julio Rodríguez, sostuvo ante el pleno de la institución que el informe que concluye como “falta muy grave” la actuación de su patrocinado era una muestra palpable de “absoluta subjetividad” y de construcción de ideas “basadas en conjeturas, en suposiciones y que no tiene respaldo material”.
El abogado alegó que las conclusiones del informe que recomienda la destitución de Chávarry se ha elaborado en las versiones dadas por los medios de comunicación, que no se realizaron pericias a los audios dentro del proceso, vulnerando los derechos del debido proceso de su patrocinado.
“No se puede construir ninguna de estas cuatro imputaciones sobre suposiciones, conjeturas basadas en una perspectiva subjetiva y personal. La valoración de una sanción disciplinaria es un acto jurídico que exige la razón de la norma”, dijo.
Además, sostuvo que el fiscal supremo no mintió, no transgredió la conducta intachable que se lega en el informe final del proceso disciplinario inmediato; y que no cometió ninguna interferencia o injerencia para su elección como fiscal de la Nación. En atención a ello, dijo, no podía entender cómo el informe puede construir “de manea falaz, un concepto de falta grave”; si no respeta el principio de legalidad.
Para Rodríguez, la aplicación del artículo 41 de la Ley Orgánica a su patrocinado es como si se le quisiera aplicar la “condena perpetua”.
“Lo más grave es que está tratándose de forzar una interpretación a la lógica para un castigo de destitución. Aplicar un articulo como el 41 literal ´k´ para aplicar un castigo que no esta prevista una sanción que no esta prevista frente a un comportamiento es una analogía in malam partem “, consideró el abogado.
-Dice que no es corrupto-
De otro lado, el juez supremo Aldo Figueroa, fue sometido a un proceso disciplinario desde febrero del 2020, por presuntamente haber ejercido influencias ante el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, a fin de que contratara a la abogada Mónica Hoyos como jueza supernumeraria en dicha sede judicial.
Según pudo conocer este Diario, las conclusiones de la JNJ sobre Figueroa es que el magistrado se habría “constituido de manera consciente como el actor principal” para intervenir en la designación de Hoyos y de esta manera habría “perturbado el proceso” de designación vulnerándose la ley de meritocracia.
Los audios que implican al alto funcionario del PJ datan de entre enero y abril del 2018 y según reveló el programa Cuarto Poder.
“¿Te acuerdas de mi recomendada? Pucha, me ha traído problemas con mi señora. Tú sabes cómo trascienden las cosas. Un poco me ha puesto contra la pared. Y yo como te digo, mira yo lo hice con la mayor voluntad. Tengo una señora, una profesional, pues, que está sin trabajo y todo eso pues. Por ahí ha trascendido”, le dijo Figueroa a Ríos en uno de los audios.
Durante la audiencia de este miércoles ante la JNJ, Figueroa Navarro reconoció que sí le habló a Ríos sobre la abogada Mónica Hoyos puesto que tenía las condiciones para el cargo. Sin embargo, alegó el magistrado, luego de ello no intervino más.
Afirmó que cometió un error y se expresó mal cuando llamó Walter Ríos para expresarle su incomodidad por un problema familiar surgido a razón de la mención de Hoyos y le dijo “recomendada”.
“No soy una persona deshonesta, no soy corrupto. Dan cuenta de ello mis estados financieros, mi inexistencia en las noticias negativas, mi conducta profesional sin ninguna sanción disciplinaria, los aportes que he realizado a la jurisprudencia del país en general “, dijo ante la JNJ.
Su abogado Manuel Sánchez Palacios, calificó que el caso era “pecatta minuta” (faltas pequeñas) y que la situación en la que se colocó es por “su falta de experiencia” pues “hay que saber con quien se conversa y ese relaciona” y se sabía que Ríos aprovechaba las situaciones.