Los exprocuradores Yván Montoya y Antonio Maldonado cuestionaron el proyecto de ley presentado por la congresista Patricia Chirinos (Avanza País), que propone que el procurador general del Estado sea elegido por el Parlamento. Los expertos indicaron que este modo de elección constituiría un riesgo de politización de la Procuraduría General de la República.
La iniciativa legislativa 1206/2021-CR plantea la reforma constitucional de seis artículos de la Carta Magna: 39, 47, 91 [inciso 2], 99, 101 y 154 [inciso 7], todos ellos referidos al cargo de procurador general. De acuerdo con esta propuesta, el procurador del Estado debe ser elegido por el Congreso a propuesta de la Comisión Permanente, teniendo en cuenta los requisitos y funciones establecido por su ley orgánica.
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Montoya explicó a El Comercio que esto significaría que se pase a un control total del procurador de la mayoría del Congreso. “Me parece nefasto. Echar por tierra una tradición de los procuradores que se ganaron a pulso, la mayoría, por su profesionalidad, independencia funcional y con ellos un grado mayor de institucional, de autonomía funcional. Introducir eso muestra de cuerpo entero al Congreso”, cuestionó.
La iniciativa de Chirinos también propone establecer el mecanismo de designación en las procuradurías especializadas en delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, lavado de activos y proceso de pérdida de dominio, asuntos de orden público, corrupción, delitos ambientales, supranacional y materia constitucional.
“La institución de la Procuraduría ha presentado reiterados problemas institucionales a pesar de los ajustes en su regulación. El principal problema se da en torno al rol del procurador, a la amenaza a su autonomía frente al gobierno que lo designa y que puede removerlo”, dice en la exposición de motivos.
De otro lado, Montoya indicó que, más bien, considera que el procurador general del Estado pueda ser elegido por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). ”Es una de las pocas reformas que hay que hacer. De acuerdo con la ley, el procurador no depende del Ministerio de Justicia, sino de un cuerpo directivo. Sí seria bueno introducir un criterio de independencia, puede ser la JNJ en el sentido de que es un órgano con multiplicidad y no refleja una institución politizada como el Congreso o el Ejecutivo”, comentó.
Asimismo, advirtió dos riesgos que este proyecto implica: la politización y el desbalance del poder. “Politización partidaria de la Procuraduría porque estaría dominada por la mayoría de la Comisión Permanente. Luego, se añade un factor más para el desbalance del control de poderes. Si tienen como arma al procurador, la posibilidad de denunciar y promover denuncias gratuitas está a la vista”, explicó.
Por su parte, el exprocurador Antonio Maldonado coincidió con Maldonado al insistir el riesgo de politización de la Procuraduría que significaría el proyecto de encontrar viabilidad en el Congreso. “Podría politizar la designación del procurador general del Estado”, dijo.
Mencionó también que la forma en que se da la selección de funcionarios del sistema de justicia en el Congreso, como los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), evidencia deficiencias y poco apego a los estándares técnicos por parte de los parlamentarios para esta tipo de selecciones.
“Hoy en el proceso de selección [de magistrado del TC] hemos observado, a partir de los hallazgos de instituciones, que el proceso contiene diversas deficiencias y no satisface los estándares técnicos para la elección. Por analogía, el Congreso demuestra no estar en capacidad, voluntad, para producir una designación que satisfaga criterios objetivos. Podría decirse que el procurador no es un magistrado, pero en un sentido amplio no se desnaturaliza el argumento”, mencionó Maldonado.
Además, indicó que este tipo de selección es riesgosa porque “no obedece a una reforma holística e integral. Tanto en los normativo como en diversas normas vinculadas”.
En concordancia con lo señalado por Montoya, dijo que la selección podría recaer en la JNJ. “Esa norma, si bien es correcta, es perfectible. Por tanto, en este contexto, la forma correcta es que la JNJ tome en sus manos esa designación”, finalizó.
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