Freddy Díaz puede seguir con labores en el Congreso pese a grave denuncia por violación

Pese a la grave denuncia por violación en su contra, el congresista Freddy Díaz Monago podrá continuar con sus labores parlamentarias porque no está suspendido del cargo, ni se ha dictado a nivel judicial ninguna medida restrictiva en su contra.

La Defensoría del Pueblo exhortó al Ministerio Público a que solicite la detención preliminar del parlamentario. A esa solicitud se sumó la exministra de la Mujer Ana Jara. En tanto, representantes de la Asociación Civil Transparencia y Proética demandaron al Congreso actuar con mayor contundencia sobre este caso.

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Cinco días después de haber sido denunciado y tras haber faltado a la primera citación, el congresista Díaz Monago, quien fue acusado de agresión sexual el pasado 27 de julio por una trabajadora de su despacho, se presentó este lunes 1 de agosto ante la fiscalía, donde solo entregó su pasaporte diplomático.

El parlamentario se puso a derecho luego de que el Ministerio Público solicitara el impedimento de salida del país en su contra al no haberse presentado a la citación del sábado 30 de julio. El miércoles 3 de agosto (una semana después de la denuncia), a las 8:30 a.m., la fiscal suprema Zoraida Ávalos, quien está a cargo de las pesquisas, recién tomará las primeras declaraciones del parlamentario.

Además, el Juzgado Supremo de Investigación preparatoria programó para este viernes 5 de agosto, a las 10:00 a.m., la audiencia de requerimiento fiscal de impedimento de salida. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo ha pedido que la fiscalía solicite también la detención preliminar del legislador.

A su salida de la fiscalía, Díaz Monago negó haber cometido el delito y dijo que no fue notificado sobre la primera citación. Posteriormente, junto a su abogada, se trasladó a la sede del Legislativo para continuar con las diligencias fiscales, que contaron con la presencia de personal del Ministerio de la Mujer.

“De ninguna manera (soy responsable de la violación). Soy enfático en ese tema. Rechazo todo tipo de acto de violencia contra la mujer y precisamente por eso estoy aquí, poniéndome a derecho para que la fiscalía pueda iniciar con este procedimiento”, señaló Díaz Monago, que fue expulsado de Alianza para el Progreso tras conocerse los hechos.

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Mientras que sigue el proceso, el parlamentario continúa con sus labores y su oficina sigue operativa. Según el portal de Transparencia, ayer desde las 9:36 a.m. hasta las 10:16 a.m., su asesor principal sostuvo una reunión con dos personas en dicho despacho.

El especialista en derecho parlamentario Alejandro Rospigliosi dijo a El Comercio que mientras la fiscalía no pida prisión preventiva contra el legislador, “él seguirá cobrando su sueldo y su personal trabajando en el despacho”.

“El Congreso lo máximo que puede hacer (contra Díaz Monago) es suspenderlo por 120 días. Para que sea reemplazado por su accesitario, según el artículo 25 del reglamento del Parlamento, tienen que ocurrir dos cosas: o tener sentencia penal firme o estar privado de su libertad, que podría suceder si le dictan prisión preventiva”, aseveró.

Respecto al procedimiento, Rospigliosi explicó que —en el caso de que se dicte prisión preventiva contra Díaz Monago— el presidente de la Corte Suprema deberá mandar un oficio a la presidenta del Congreso notificando el arresto. Luego, ella deberá mandar ese oficio a la Comisión de Constitución para que elabore un informe “para que haga que se aplique el artículo 25 del reglamento del Congreso”.

El especialista añadió que “ese informe pasa al pleno del Congreso y el pleno le encarga a la presidenta que pida al Jurado Nacional de Elecciones que nombre al accesitario del legislador”.

"La Comisión de Ética lo puede suspender hasta por 120 días [...] Suspenderlo no hará que lo reemplace el accesitario"

Alejandro Rospigliosi, especialista en derecho parlamentario

“Lamento que la fiscalía pierda el tiempo pidiendo impedimento de salida del país, cuando debe pedir detención preliminar o prisión preventiva […] El señor no debe seguir cobrando un sueldo que pagamos todos los peruanos. La Comisión de Ética lo puede suspender hasta por 120 días, pero tiene sus etapas, estamos hablando en el mejor de los casos un mes y medio, ¿va a seguir cobrando este señor? Suspenderlo no hará que lo reemplace el accesitario”, cuestionó el especialista.

Por su parte, César Delgado Guembes, exoficial mayor del Congreso, explicó que, en el hipotético caso de que se le dicte una prisión preventiva al parlamentario, “mientras dure la detención, el legislador puede ser reemplazado por su accesitario”.

“En este tiempo, todo el dinero que le corresponde de su sueldo sería depositado a una cuenta especial, de forma que —una vez que concluya el proceso— si el congresista es declarado inocente, ese dinero se le entrega, pero si es culpable ese monto se revierte al Estado y la persona que tenía la condición de accesitario se queda de manera permanente”, añadió.

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Diana Portal, comisionada de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, señaló a El Comercio que la entidad envió oficios a la fiscal de la Nación para que solicite prisión preliminar a la brevedad contra Díaz Monago.

La funcionaria de la Defensoría consideró que al inicio de la investigación hubo “falta de coordinación” entre las fiscalías y que esto afectó a las diligencias iniciales.

Agregó que también han solicitado, mediante oficio, a la presidenta del Congreso que la Comisión de Ética recomiende la suspensión de 120 días del parlamentario. Dicho grupo de trabajo anunció que sesionará este 2 de agosto, de manera extraordinaria, para abordar únicamente este tema.

“Creemos importante el rechazo absoluto de parte del Congreso para que ningún funcionario tolere o justifique la violencia contra la mujer y mucho menos sea agresor, como el caso denunciado”, señaló Portal en referencia a las expresiones del legislador Wilmar Elera, tercer vicepresidente del Poder Legislativo.

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Por su parte, Ana Jara, extitular del Ministerio de la Mujer, se sumó al pedido de la Defensoría del Pueblo. “Jamás en la historia republicana del Perú se ha dado un hecho de violación en el Congreso de la República. ¿Dónde estamos? Es un claro mensaje de impunidad a la ciudadanía de que ellos (los congresistas) pueden hacer lo que les da la gana”, expresó en diálogo con este Diario.

Jara consideró que “más allá de que lo hayan notificado o no, porque esa es una formalidad, no habiéndose presentado lo que correspondería es que se le dicte una prisión preliminar o preventiva”.

“En su caso la pena privativa sería de 26 años, cuando un delito supera los 4 años, lo que se expide es una orden de prisión preventiva”, añadió.

“Más allá de que lo hayan notificado o no, porque esa es una formalidad, no habiéndose presentado lo que correspondería es que se le dicte una prisión preliminar o preventiva”.

Ana Jara, exministra de la Mujer

“Fustigo la actitud de la fiscalía. Me llama la atención que haya un trato diferenciado. Tratándose de un congresista, las leyes están para respetarse, más aún si es un funcionario el que ha infringido una norma de carácter penal […] Yo no entiendo cómo el sistema judicial puede tener este tipo de reacción diferenciada entre los ciudadanos peruanos. Hago una invocación de los órganos de control. Si hubo un magistrado que no ha actuado de acuerdo a sus competencias, debe sancionarse”, enfatizó.

Para Jara se está revictimizando a la trabajadora del Congreso. “(Díaz Monago) dice que no se presentó por los feriados y porque no fue notificado. Si yo me siento inocente de una imputación tan grave, doy la cara, más aún si soy un funcionario público y dejo constancia de que me apersoné”, sentenció la exministra.

La exjefa del Gabinete consideró que el Congreso también debe tomar medidas contra el legislador. “Este señor no merece estar en el cargo. No podemos tenerlo”, añadió.

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Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, y Samuel Rotta, director de Proética, consideraron que el Congreso debe actuar con mayor contundencia tras esta grave denuncia de violación contra Díaz Monago.

“Desde el punto de vista político hay varios problemas, no solo está Díaz Monago sino también el caso del asesor de Katy Ugarte, hay un problema serio de la imagen del Congreso como conjunto”, señaló Lanegra.

Para el representante de Transparencia el Legislativo “queda golpeado” y que “esta situación solo podría corregirse con una actitud más contundente del Congreso”.

“Pero salió un vicepresidente a tratar de justificar lo injustificable. Lo único que podría haber salvado al Congreso es que su presidenta y vicepresidentes salieran a rechazar y mostrar una comprensión de lo ocurrido[...] Eso se confirma con los discursos que dan porque son incapaces de entender las dinámicas que llevan a los hombres a agredir a las mujeres”, subrayó.

“Me parece que las sanciones que el Congreso imponga deben ser las máximas, según el nivel de gravedad que toca. Además, brindar toda la colaboración para las investigaciones. Lo otro es que la presidenta del Congreso coordine con las comisiones correspondientes para ver las políticas que pueden llevarse a cabo para corregir una situación como esta”, agregó.

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A su turno, Rotta remarcó que el Congreso “no ha tenido la mejor de las respuestas”.

“El tercer vicepresidente se mandó con una declaración fuera de lugar, prácticamente justificando el hecho. Hay una cadena de errores que avergüenzan”, dijo.

“Estamos hablando de un caso escabroso. Uno supondría que la respuesta debería ser rápida, sin espíritu de cuerpo, y activar mecanismos inmediatamente [...] Se trata del primer congresista procesado por un delito ordinario en el ejercicio de sus funciones. Aquí el liderazgo de la presidenta del Congreso va a ser muy importante, más allá de llamados o exhortaciones. Ella va a tener que implementar procedimientos y hacerlo rápidamente. Estamos frente a un flagrante delito. Es una oportunidad para ella para demostrar su liderazgo”, aseveró también.