El Congreso de la República cerró el sábado último la segunda legislatura del periodo 2023-2024 en un contexto de cuestionamientos a su desempeño y confrontaciones con el Ministerio Público. Con ello entró en receso hasta fines de julio y dejó sin resolver diversos proyectos de ley e informes que se encontraban en la agenda pública.
El presidente del Congreso, Alejandro Soto, precisó que la Comisión Permanente continuará en funciones hasta el 19 de julio para pronunciarse sobre diversas propuestas pendientes.
Durante el receso, la Permanente podrá resolver dictámenes, proyectos de ley o de resolución legislativa que se encuentren en la agenda parlamentaria, así como las propuestas del Poder Ejecutivo enviadas con carácter de urgencia. No obstante, el artículo 101 de la Constitución le impide decidir sobre reformas constitucionales, leyes orgánicas y otros asuntos.
Reforma en riesgo
El Congreso no evaluará hasta la próxima legislatura el dictamen que impide la postulación a cargos de elección popular de condenados por asesinato y otros delitos, por tratarse de una reforma constitucional.
El dictamen entró en la agenda de temas prioritarios esta semana, pero su aprobación no encontró consenso en el pleno. Este acordó que la propuesta regrese a la Comisión de Constitución luego de dos horas y media de debate.
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Cambios en el dictamen realizados por la presidenta de la Comisión de Constitución, Martha Moyano (Fuerza Popular), y la postura de la izquierda entramparon la aprobación de la reforma constitucional esta semana.
Se trata de una propuesta que impediría, por ejemplo, una eventual postulación de Antauro Humala, quien purgó prisión por homicidio, rebelión, secuestro agravado y otros delitos por la toma de la comisaría de Andahuaylas en enero del 2005.
Tal como adelantaron diversas fuentes a este Diario en las últimas semanas, no hubo voluntad política para que el tema prospere. Las discrepancias entre bancadas fueron por la cantidad de delitos que se incluirían en el dictamen final.
El congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) dijo al Comercio tras el cierre de la legislatura: “Sin duda queda un sinsabor enorme. Se pudo haber avanzado en cuanto a los candados que son realmente necesarios para defender nuestra endeble democracia. El texto sustitutorio no contenía todos los delitos que se habían aprobado en la Comisión de Constitución, pero aun con todo eso representaba un avance”.
Muñante estimó que la reforma tampoco será aprobada en la próxima legislatura. “Nos quedamos sin soga ni cabra. No se reparó en que gracias a la acción dilatoria de regresarlo a la Comisión de Constitución perdimos una gran oportunidad. Pero para ser sincero, no veo que esto se pueda aprobar a corto o largo plazo. Considero que la posición que tomaron algunos congresistas fue en realidad una excusa para no aprobar absolutamente nada”, señaló.
En la mira del Ministerio Público
Otro tema que el Parlamento dejó sin resolver fue el dictamen que limita los alcances de los delitos de lesa humanidad.
La iniciativa parlamentaria señala que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entró en vigor en el ordenamiento jurídico peruano recién el 1 de julio 2002; y la Convención sobre la Imprenoscriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, el 9 de noviembre de 2003.
Dispone establecer que los delitos cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia de ambos tratados internacionales “prescriben en los plazos establecidos en la ley nacional”. Y que cualquier sanción impuesta, ya sea a nivel administrativo o judicial, que contravenga ello es “nula e inexigible”.
Esa propuesta fue aprobada por el pleno en primera votación la semana pasada, y quedó listo para verse en segunda y definitiva votación esta semana.
El jueves último, la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público rechazó públicamente el dictamen mediante un comunicado.
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La junta señaló que la aplicación de la propuesta parlamentaria resultará “inviable jurídicamente”, ya que “la acción penal y sanción por los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra son imprenoscriptibles”. Agregó que “se generaría impunidad y vulneración al derecho a la verdad de los agraviados y sus familiares”.
Un día antes, el Ministerio Público también se pronunció en contra del proyecto de ley que plantea declararlo en reorganización y la propuesta para crear la Escuela Nacional de la Magistratura.
Como respuesta, el Congreso pidió “respeto a la labor parlamentaria en arreglo al principio de separación de poderes”.
En tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) resolvió el jueves último requerir al Estado peruano que suspenda inmediatamente el trámite legislativo del dictamen sobre lesa humanidad. Y al día siguiente, el Congreso dijo rechazar “cualquier forma de intromisión nacional o extranjera”.
Dictamen contra la JNJ
Otro dictamen que quedó pendiente de evaluación es el que desaparece a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y crea, en su lugar, la Escuela Nacional de la Magistratura.
La propuesta fue aprobada recientemente por la Comisión de Constitución en una sesión extraordinaria. Como incluye modificar hasta 13 artículos de la Carta Magna, la Comisión Permanente no la podrá evaluar.
De acuerdo con la propuesta, la escuela se encargará de la “formación” de los aspirantes a jueces y fiscales a nivel nacional, “así como de su selección y posterior nombramiento; asimismo, de su actualización y perfeccionamiento, y de su capacitación con fines de ascenso”.
Informes de Ética
El Congreso también cerró la legislatura sin evaluar los informes de la Comisión de Ética que recomiendan suspender a los congresistas Juan Carlos Lizarzaburu (no agrupado), Jorge Luis Flores Ancachi (Acción Popular) por 120 días y Katy Ugarte (no agrupada) por 60 días.
Los casos en mención permanecerán encarpetados hasta la próxima legislatura.
Desde enero pasado, Ética aprobó el informe que recomienda suspender 120 días a Lizarzaburu por frases misóginas que pronunció en diciembre último.
La comisión concluyó que Lizarzaburu “vulneró la ética parlamentaria por sus expresiones sexistas” contra la congresista Patricia Juárez, su otrora colega de bancada, en Fuerza Popular. Por ello, infringió los artículos 2, 4 y 6 del Código de Ética Parlamentaria, sobre los deberes de conducta de los legisladores.
El legislador ofreció disculpas públicas, pero consideró que una suspensión de 120 días es desproporcionada.
En tanto, en marzo último, la comisión aprobó un informe contra Flores Ancachi tras acreditar que “vulneró la ética parlamentaria al recortar para su beneficio personal la remuneración y otros beneficios de sus trabajadores”.
El documento concluyó que existió un ‘acuerdo’ entre el congresista, los trabajadores de su despacho y de la Comisión de Energía y Minas para entregarle el 10% de sus remuneraciones y el 50% de sus bonos.
Además, determinó que Flores Ancachi, para continuar con el recorte de las remuneraciones, se reunió con sus trabajadores el 12 de enero del 2023 y “les expresó su molestia” por no entregarle el dinero con “voluntad” o con “cariño”.
Flores Ancachi ha asegurado que los “aportes” no se concretaron.
En el caso de Ugarte, la comisión determinó en abril pasado que “se ha acreditado, conforme a las declaraciones testimoniales, chats y transferencias”, que los trabajadores de la congresista sufrieron recortes de sueldo.
No obstante, el grupo solo determinó que esos recortes fueron “dispuestos por el asesor principal y persona de confianza de la congresista [Roger Torres Pando]”, por lo que recomendó suspenderla solo por 60 días.
Ética precisó que Ugarte es la responsable de su despacho y que sus asesores no están facultados a realizar acciones sin su conocimiento. Aún así, el pleno sigue sin debatir el caso.
En tanto, Ugarte ha asegurado que desconocía que se le pedía dinero a los trabajadores de su despacho.
Opinión
Alejandro Rospigliosi: "No cumplieron con elegir al contralor"
Los proyectos de ley se aprueban por la naturaleza de las cosas, no para proteger intereses subalternos de alguna u otra bancada.
Acabó la legislatura y no cumplieron la tarea de ratificar al nuevo contralor general de la República por 7 años.
Un indicador para medir la gestión de la Mesa Directiva del Congreso es que cumpla con la función de elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, el defensor del Pueblo y el contralor general de la República. Pero la gestión de Alejandro Soto no ha logrado esto último.
Soto debió insistir con el Ejecutivo para que mande una terna de candidatos a contralor y acabar esa función.
Que duda cabe que este presidente del Congreso es uno de los peores en las últimas décadas. Si camina por la calle sin circulina ni seguridad, nadie se da cuenta quién es.
Implementó la política del 'avestruz', la de no dar cuenta de sus actos a los ciudadanos mediante los medios de comunicación. Borró aquella práctica parlamentaria de antaño con la cual los presidentes del Congreso dialogaban con los cronistas parlamentarios en la Sala Grau, sobre qué estaba haciendo el Parlamento en su función de legislar, fiscalizar y representar.
Por otro lado, este Congreso ha afectado la figura de la colaboración eficaz y establecido que los allanamientos se realizarán con la presencia del investigado y su abogado, cuando la razón de ser del allanamiento es el factor sorpresa.
DATOS:
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- Desde este lunes se inicia la semana de representación parlamentaria, un mecanismo instaurado desde el 2009 para que los congresistas se vinculen con la población.
- A fines de julio, cuando se inicie la próxima legislatura, el Congreso elegirá a su nuevo presidente. El Comercio ha informado que Alejandro Soto evalúa intentar su reelección. Otros posibles candidatos son Lady Camones, Eduardo Salhuana, ambos de Alianza para el Progreso; Norma Yarrow, que regresará a la bancada de Renovación Popular; y Luis Aragón, de Acción Popular.
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