El congresista Freddy Díaz continúa despachando en la oficina parlamentaria donde habría violado a una trabajadora del Congreso, en el jirón Azángaro, Cercado de Lima.
El portal de transparencia del Congreso registra que entre el 1 de agosto y el lunes pasado se reunió con su hermano, Edwin Díaz Monago, y otros tres ciudadanos. Dos de ellos confirmaron a El Comercio que fueron recibidos por el legislador.
Díaz fue denunciado por violación sexual el pasado 27 de julio. La víctima narró a la policía que fue abusada por el congresista tras tomar bebidas alcohólicas dentro de su despacho y quedar inconsciente.
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Fuentes parlamentarias aseguraron que tras la denuncia, la fiscalía acudió a la oficina del congresista, pero no dispuso ninguna restricción.
Otras fuentes precisaron que Díaz puede continuar con sus labores en el Congreso mientras no sea suspendido o desaforado.
El legislador fue denunciado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, pero este grupo sesionó el lunes pasado sin incluir el caso.
Hasta el cierre de esta edición, no fue posible comunicarnos con la presidenta de la subcomisión, Rosio Torres, de Alianza para el Progreso (APP), para conocer los motivos por los que no se priorizó la denuncia contra Díaz, quien fue su colega de bancada.
La denuncia ante la subcomisión apunta a que el legislador sea destituido e inhabilitado de la función pública por 10 años. De concretarse, el escaño de Díaz será ocupado por un congresista accesitario.
Por ahora, Díaz solo permanece como legislador no agrupado tras ser expulsado de APP.
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En tanto, en el ámbito judicial, el congresista está impedido de salir del país por nueve meses, por orden del juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.
El mismo juez declaró infundada la solicitud de detención preliminar contra Díaz, realizada por la Segunda Fiscalía Suprema Penal.
La investigación fiscal contra el legislador está a cargo de la extitular del Ministerio Público Zoraida Ávalos.
Pequeño avance
La Comisión de Ética del Congreso aprobó el lunes pasado por unanimidad iniciar una investigación contra Díaz por vulnerar el código de ética parlamentaria.
Sin embargo, la máxima sanción que ese grupo de trabajo podrá recomendar cuando termine de investigar el caso será de 120 días de suspensión.
Como parte de los avances del caso, la comisión declaró procedente la denuncia de oficio contra Díaz, tal como recomendó el informe de calificación.
En el documento, elaborado por la secretaría técnica de la comisión, se destacó que Díaz tardó cinco días para ponerse a derecho luego de la denuncia. Añadió: “[Eso] nos lleva a inferir que habría permanecido no habido con la finalidad de evitar la acción de la justicia por flagrancia”.
El legislador estuvo con paradero desconocido desde el 27 hasta el 31 de julio pasado. En ese lapso, no asistió a la primera citación fiscal que se le realizó, programada para el 30 de julio.
El informe también reveló que Díaz solicitó al área de Recursos Humanos del Congreso el despido de la denunciante el pasado 1 de agosto, lo que –según señala el documento– podría considerarse una represalia.
La Comisión de Ética prevé citar a Díaz el 22 de agosto para que brinde sus descargos en audiencia. La semana pasada, el congresista dijo que está dispuesto a colaborar con las investigaciones y que es el principal interesado en que el caso se aclare.
El informe final de la comisión estaría listo el 31 de agosto. Ese mismo día sería sometido a debate y votación para que luego pase al pleno del Congreso, instancia que tomará la decisión definitiva.
El Caso Elera
La Comisión de Ética Parlamentaria también aprobó las denuncias presentadas contra el congresista Wilmar Elera, de Somos Perú, por atribuir responsabilidad a la víctima de violación.
Elera dijo en una entrevista con TV Perú que hubo “un ambiente propicio” para la comisión del delito porque la denunciante era la única mujer que trabajaba en el despacho parlamentario de Freddy Díaz.
Wilmar Elera
La comisión señaló que las expresiones de Elera son discriminatorias y revictimizan a la denunciante.
Elera, quien recientemente se vio forzado a renunciar a la tercera vicepresidencia del Congreso por otro caso, ofreció disculpas públicas por sus declaraciones la semana pasada.
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