Freddy Diaz y Wilmar Elera: investigados, detenidos y las otras polémicas del Congreso

Díaz, expulsado de la bancada de Alianza para el Progreso, fue denunciado el 27 de julio por una trabajadora del Congreso por violación sexual.

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Luego de varios días, el congresista Díaz se puso a disposición del Ministerio Público para dar su versión tras no haber acudido a la primera citación. Rechazó la denuncia y aseguró ser inocente.

De otro lado, Elera, quien empezaba funciones como tercer vicepresidente del Congreso, fue sentenciado a seis años de cárcel por el delito de colusión agravada. Este hecho derivó en su renuncia a la Mesa Directiva del Congreso, por lo que deberá ser reemplazado.

El 2012, el hoy congresista participó como supervisor de una obra de mejoramiento de agua potable en Ayabaca (Piura). La obra fue paralizada y un arbitraje determinó una indemnización de más de S/1 millón a favor del contratista.

Durante el primer año de periodo legislativo, otros congresistas han sido también el centro de diferentes polémicas.

La colaboradora eficaz Karelim López ratificó en abril la existencia de congresistas afines a Pedro Castillo, que estarían agrupados bajo el rótulo ‘Los Niños’ por las directrices que cumplían.

Asimismo, brindó los nombres de seis congresistas de Acción Popular que serían parte de estos presuntos actos de corrupción. Se trata de Raúl Doroteo Carbajo (Ica), Juan Carlos Mori (Loreto), Jorge Luis Flores Ancachi (Puno) Jhaec Darwin Espinoza Vargas (Ancash), Ilich Fredy López Ureña (Junín) y Elvis Hernán Vergara Mendoza (Ucayali).

Todos ellos son investigados por la fiscalía de la Nación (presunto tráfico de influencias), junto con el prófugo exministro de Transportes, Juan Silva (colusión).

Durante el interrogatorio en la Comisión de Fiscalización del Parlamento, dijo que este grupo de congresistas se beneficiaban con contratos de empresas chinas a cambio de votos. “Ellos forman parte de una organización, pero no se les investiga, ellos forman parte del beneficio de las empresas chinas que fue parte del trato que tuvieron con el presidente Castillo para los votos que se dan aquí (Congreso) a favor de ellos”, declaró a fines de abril.

López afirmó también que existen empresas vinculadas a esta presunta organización “implementada para obtener beneficios en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)”.

El caso fue enviado a la Comisión de Ética, donde el grupo de trabajo rechazó los informes de calificación que declaraban procedentes las denuncias en contra de cuatro de los seis parlamentarios señalados. De esta forma, decidieron no iniciar investigaciones contra los congresistas Raúl Doroteo, Darwin Espinoza, Juan Carlos Mori e Ilich López. Solo fueron aprobados los informes contra Jorge Flores y Elvis Vergara.

Posteriormente, Bruno Pacheco, exsecretario general del Despacho Presidencial que se presentó ante la fiscalía luego de cuatro meses en la clandestinidad, brindó también información respecto a ‘Los Niños’.

Sin embargo, ha precisado que se trataría de 12 y no 6 congresistas quienes se habrían beneficiado con las referidas obras a cambio de sus votos. Aún no se han revelado más nombres.

El congresista Héctor Valer (Perú Democrático), quien pasó a las filas del oficialismo y fue durante cuatro días presidente del Consejo de Ministros, fue detenido el 7 de junio por mandato judicial debido a una orden de requisitoria por el presunto delito de contaminación ambiental, que tiene una pena de seis años de cárcel.

El Poder Judicial informó que la detención se dio porque fue declarado reo contumaz al no asistir a la audiencia de inicio oral del caso, el pasado 3 de mayo, pese a haber sido notificado debidamente, informaron a través de Twitter.

La Policía Nacional envió un oficio a la Presidencia del Congreso para comunicar esta detención. Según el congresista, no fue notificado por las autoridades sobre este medida, que se dio mientras se reunía con el exministro del Interior Dimitri Senmache.

Un día después, Valer fue dejado en libertad por una jueza en Pucallpa, a donde había sido trasladado por la Policía Nacional hasta la sede del Primer Juzgado Unipersonal (Ucayali), donde rindió su testimonio. Luego de esta declaración, fue liberado.

La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Materia Ambiental de Ucayali solicita cuatro años de prisión suspendida, bajo reglas de conducta, y cien días multa para Valer. El 2017, cuando el congresistas representaba a una empresa que administraba el canal municipal de Coronel Portillo, se habrían cometido irregularidades que causaron el vertimiento de sustancias tóxicas en un riachuelo de la zona.

“La citación es de mayo del 2022 a una dirección equivocada. En principio citaron a la provincia de Huaral, donde hace muchos años no vivo. Luego, al distrito de San Borja, donde tampoco vivo. Y en la tercera oportunidad volvieron a citar al mismo lugar. Nunca tuve un abogado, pusieron un abogado de oficio que no supo defender los derechos de un ciudadano”, declaró Valer el 8 de junio, luego de ser liberado.

El congresista de Perú Democrático también es acusado por el presunto de colusión por obtener la administración del referido canal de manera ilegal.

El 25 de julio último, el juez John Pillaca Valdez, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dictó comparecencia con restricciones contra los congresistas Guido Bellido (Perú Libre) y Guillermo Bermejo así como contra el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón por un caso de presunta afiliación al terrorismo.

Según se informó, ellos deberán acatar diversas reglas de conducta, como concurrir ante las autoridades judiciales o fiscales cuando sean citados, firmar un libro de registros de manera mensual, no comunicarse con el testigo del caso Eddy Villarroel Medina (conocido como ‘Sacha’), pagar una caución de S/ 5 mil cada uno, entre otras.

Además, a pocos días de haberse iniciado el nuevo período legislativo, Guido Bellido fue señalado por Patricia Chirinos (Avanza País) de haberla agredido verbalmente antes de asumir el cargo, cuando había acudido a pedir que le asignen la oficina que usó su padre en el Congreso.

“Le digo que por favor quiero que me den esta oficina de mi padre (Enrique Chirinos Soto) y que tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido agarró y me dijo ‘que te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’. “Y me dijo ‘ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente. Por supuesto yo respondí, no soy ninguna temerosa ni timorata, pero sí me pareció una falta de respeto grave”, añadió, para luego detallar que ninguno de los presentes dijo nada. “Yo fui la única que me defendí”, relató Chirinos a RPP.

Aunque Bellido había solicitado, vía carta notarial, que Chirinos se rectifique de la denuncia hecha en su contra por acoso político, retrocedió en la decisión. “Será la Comisión de Ética del Congreso quien llevará a cabo un proceso de investigación. Con respecto a estos canales, preferiría que sean estos canales donde se pueda ahondar y conocer la verdad del suceso en cuestión”, dijo Bellido.

Una vez visto el caso en el referido grupo de trabajo, un informe de la Secretaría Técnica recomendó en noviembre del año pasado declarar procedente la denuncia contra Bellido. En enero, la denuncia fue archivada con 10 votos a favor, 3 en contra y 0 en abstención. Según el informe, no se pudo comprobar si existió dicha agresión, pues los testigos refirieron no recordar exactamente el hecho. Además, se señala que no se pudo escuchar la frase que configura la agresión.

Chirinos había interpuesto también una demanda por violencia psicológica contra Bellido. En octubre del año pasado, el 15 Juzgado de Familia en la Subespecialidad de Violencia Contra la Mujer dictó medidas de protección a favor de la demandante entre las que dispuso que Bellido sea sometido a una pericia y terapia psicológica.

El congresista Guillermo Bermejo (Perú Democrático) es procesado junto con Bellido y Cerrón y, adicionalmente, afronta un pedido de la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal para anular la condena que lo absolvió y se realice un nuevo juicio oral por el presunto delito de filiación a la organización terrorista Sendero Luminoso (SL).

Este año, la Segunda Sala Penal Superior Nacional Transitoria absolvió a Bermejo al indicar que por “insuficiencia de pruebas” debía prevalecer su derecho de presunción de inocencia.

El Ministerio Público había solicitado 20 años de cárcel para el congresista, S/100 mil como reparación civil y la inhabilitación para ejercer cargo público. Tres colaboradores eficaces señalaron al congresista Bermejo como el “Camarada Che”.

El proceso por el que Bermejo debe cumplir comparecencia con restricciones partió debido a que el testigo del caso, Eddy Villarroel Medina (conocido como ‘Sacha’), afirmó que existen presuntos vínculos entre Bermejo, Bellido y Cerrón con la organización terrorista Sendero Luminoso en el Vraem, dirigida por los hermanos Quispe Palomino.