El Congreso precisa que no existe la denegación fáctica de confianza

El titular del Poder Legislativo, José Williams (Avanza País), expresó este viernes que el presidente Pedro Castillo “no puede interpretar el sentido de las decisiones que adopta el Congreso” y recordó que, de acuerdo a la Ley 31355, “no existe la denegación fáctica de las cuestiones de confianza”. Además, advirtió que el Parlamento usará las “herramientas constitucionales” para la “defensa” de su institucionalidad.

Ello luego de que el jefe del Estado señalara en un mensaje a la nación que interpreta el rechazo de plano de la cuestión de confianza como un “rehusamiento expreso” del Parlamento y que, debido a ello, aceptó la renuncia de Aníbal Torres como jefe del Gabinete Ministerial. Betssy Chávez fue designada ayer en su reemplazo.

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“Quiero precisar que el rechazo de plano de la cuestión de confianza ha sido expresado por la Mesa Directiva por estricta atribución que le confiere el artículo 86, inciso d del Reglamento del Congreso de la República”, indicó Williams en un video difundido en las redes sociales del Legislativo.

“El presidente no puede atribuirse una interpretación contraria a lo que señala la Constitución y el Reglamento del Congreso, hacerlo [decir que hay una denegación fáctica] llevaría a una disolución inconstitucional del Congreso. En ese sentido, conforme a la Ley 31355, reitero que el presidente no puede interpretar el sentido de las decisiones que adopta el Congreso, debemos recordar que no existe la denegación fáctica de las cuestiones de confianza”, añadió.

Congresistas de Renovación Popular, Avanza País y Acción Popular consideran que el presidente Castillo podría ser denunciado por infracción constitucional al interpretar que se negó la confianza a Aníbal Torres.

Para Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, Castillo “ha querido poner las cosas en complicación y está metiéndose en los temas que son del Congreso”. “Eso se convierte en una infracción constitucional, motivo de una acusación”, agregó.

Elvis Vergara (Acción Popular) coincidió con Montoya. Además, aseveró que la salida a la crisis política que vive el país es el adelanto de elecciones generales.

A su turno, Diego Bazán (Avanza País) anunció que impulsará una moción de suspensión temporal contra Castillo y que buscará el consenso con otras bancadas.

“Tenemos que leer taxativamente el artículo 114 de la Constitución, que dice que el presidente puede ser suspendido de manera temporal”, declaró el parlamentario a los medios de comunicación.

“El riesgo del cierre del Congreso es latente, el Ejecutivo lo podría hacer hoy o mañana. Nosotros tenemos que reaccionar cuanto antes. Siento que nos estamos manteniendo muy tibios ante esta situación”, expresó también el legislador.

Bazán añadió que su iniciativa podría abordarse en paralelo con una denuncia por infracción constitucional contra el mandatario. “Son dos caminos totalmente distintos, uno no quita lo otro”, remarcó.

En tanto, Eduardo Salhuana, vocero alterno de Alianza para el Progreso, solicitó a la Presidencia del Consejo de Ministros el acta de su sesión del 24 de noviembre y la carta de renuncia de Aníbal Torres, con la finalidad de determinar “responsabilidades” en el “inexistente rehusamiento” de la cuestión de confianza y aplicar el artículo 128 de la Constitución.

El referido texto de la Carta Magna dice que “todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el presidente de la República o que se acuerden en consejo, aunque salven su voto, a no ser que renuncien inmediatamente”.

En la Comisión de Constitución del Congreso ayer se inició el debate del predictamen recaído en los proyectos de ley que plantean el recorte del mandato presidencial y congresal y el adelanto de elecciones para el 2023.

Sin embargo, la iniciativa pasó a cuarto intermedio a fin de que se convoque a especialistas de los órganos electorales para que analicen su viabilidad.