La bancada de Perú Democrático, a iniciativa de la congresista Betssy Chávez, presentó un proyecto de ley que establece impedimentos para el acceso a cargos como altos funcionarios del Estado a sentenciados por delitos vinculados a la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.
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Se trata de la iniciativa legislativa 1374/2021-CR, que señala que están impedidas de acceder a altos cargos en el Estado aquellas personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia.
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Se determina como altos funcionarios del Estado para la presente ley lo siguiente:
- Ministros de Estado.
- Viceministros de Estado.
- Directores, Secretarios Generales y asesores de los Ministerios y Viceministerios.
- Procurador General del Estado.
- Miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
- Jefe Nacional de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
- Jefe Nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
- Miembros del Directorio y Gerente General de Petroperú.
- Miembros del Directorio y Gerente General de Perupetro.
- Superintendente Nacional de la Sunat.
- Superintendente Nacional de Aduanas.
- Miembros de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.
- Miembros de la Junta de Fiscales Supremos.
- Miembros del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú.
- Gerentes del Banco Central de Reserva del Perú.
- Superintendente de la Banca, Seguros y AFP.
- Defensor del Pueblo.
- Contralor General de la República.
- Magistrados del Tribunal Constitucional.
- Miembros de la Junta Nacional de Justicia.
- Otros funcionarios contratados bajo el régimen de Personal Altamente Calificado (PAC).
El documento también plantea incorporar un párrafo al artículo 42, que crea el Registro Único de Víctimas y Agresores (RUVA) y el Registro Nacional de Condenas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
En la exposición de motivos se detalla que en nuestro país los casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar se han incrementado más aún en el estado de emergencia. Según el Ministerio Público, en el contexto de COVID-19 ha recibido 3603 denuncias contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.
“La violencia contra la mujer afecta en algunos casos su autoestima, su desempeño laboral y su proyecto de vida. Es por ello, la presente iniciativa pretende reducir la violencia contra la mujer y establece el impedimento al acceso a cargos como altos funcionarios del Estado a sentenciados en primera instancia por delitos vinculados a hechos que constituyen actos de violencia contra la mujer y los integrantes de grupo familiar, con el fin de garantizar la idoneidad de la función pública”, subraya.
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Finalmente, el proyecto enfatiza que la idoneidad es un principio que el código de ética de la función pública señala como la actitud técnica, legal y moral, y es condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública.
“El servidor público debe propender a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones”, manifestó.
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