El Comité Ejecutivo Nacional de Acción Popular informó que encargó a la Secretaría Nacional de Disciplina del partido abrir un proceso de investigación y tomar declaraciones a los congresistas involucrados en el testimonio que Karelim López brindó a la fiscalía.
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El Comercio reveló que la lobbista sostuvo ante el Ministerio Público que existe una presunta mafia instalada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que habría beneficiado de forma irregular a una empresa supuestamente relacionada con legisladores del partido de la lampa.
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La gestora de intereses, implicada en los casos Provías, Puente Tarata y Petro-Perú, afirmó que esa red está integrada por el mandatario Pedro Castillo y el ministro Juan Silva, titular del MTC, desde que empezó el actual gobierno, así como por los legisladores Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Carlos Zeballos y otros dos congresistas que no fueron identificados.
En su cuenta de Twitter, el Comité Ejecutivo Nacional de Acción Popular señaló que de ser hallados responsables, se “iniciarán procesos disciplinarios acusatorios correspondientes” contra los parlamentarios. En tanto, el Comité Político del partido señaló que “rechaza todo acto de corrupción” e invocó al Ministerio Público a que corrobore lo más pronto posible la versión brindada por la lobbista.
En diálogo con este Diario, Carlomagno Chacón, secretario general de Lima Metropolitana de AP, dijo que hoy a las 7 de la noche, el Comité Político ha citado a los congresistas para que den sus descargos. “Esperemos que se presenten. Que respeten la institucionalidad del partido. Como toda investigación, hay que respetar el debido proceso, no adelantar opinión y no entrar al tema de las suposiciones”, expresó.
Puntualizó que “definitivamente es una sindicación muy grave y muy preocupante” la que realiza Karelim López ante la fiscalía.
“Lo que más nos preocupa en Acción Popular, es que se ha dicho que los hechos en los que supuestamente están involucrados nuestros congresistas, son los más fáciles de corroborar. Nosotros como militantes no negamos a rajatabla los vínculos de Karelim López, pero sí le pedimos a la fiscalía que se investigue de manera rápida y al Congreso que actúe de acuerdo a la Constitución y que paguen los responsables”, sentenció.
Chacón reiteró que Acción Popular “no blindará” a ninguno de los parlamentarios. También indicó que espera que la bancada vote a favor de la admisión de la solicitud de vacancia “para que el presidente de la República se pare en el Congreso y realice sus descargos”.
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“Al estar la bancada de Acción Popular sindicada, tiene el deber moral, de votar a favor. No se puede seguir dándole la espalda a la ciudadanía. Cinco congresistas no son Acción Popular. Hay una gran responsabilidad que pesa sobre los hombros de María del Carmen Alva, ella debe promover, indiscutiblemente, que se admita la moción de vacancia contra Pedro Castillo”, aseveró.
Sobre Yohny Lescano, Chacón dijo: “Las puertas de diálogo con Cerrón las abrió él. Siempre ha habido por parte de Lescano esta tendencia de ser pro gobierno y pro Castillo, así también fue con Vizcarra. Él tiene una tendencia y una conducta que se inclina siempre a apoyar a los regímenes que jamás AP habría apoyado. El congresista Ilich López es de Junín, tal vez conoce a Cerrón”.
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Involucrados se pronuncian
En un comunicado difundido en Twitter, Raúl Doroteo, rechazó las imputaciones vertidas por la empresaria y la acusó de querer favorecer intereses perversos. Ilich López hizo lo propio.
Por su parte, el Darwin Espinoza Vargas, negó cualquier vinculación con López. En una entrevista con RPP, el congresista por la región Áncash manifestó que no es parte del denominado grupo “Los niños”, que, a decir de Karelim López, “obedecen a todo lo que dice Pedro Castillo” para supuestamente beneficiarse con obras públicas.
Espinoza señaló que hay personas en la misma bancada, entre ellas la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, que promueven la vacancia contra el mandatario Pedro Castillo y estarían presionando a los legisladores para que voten a favor de una eventual moción de destitución.
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