La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento blindó a la congresista Rosío Torres Salinas (Alianza para el Progreso) y archivó la denuncia constitucional por concusión que presentó la fiscalía de la Nación.
“La imputación fiscal carece de solidez. La mera sospecha no es suficiente (...) la carga de la prueba recae en la parte acusadora. (...) La fiscalía no ha logrado cumplir con este estándar”, señala informe final.
Tras la lectura del informe, ningún congresista intervino. La SAC está presidida por María Acuña, de Alianza para el Progreso, el partido de Rosio Torres.
Solo votó en contra el legislador Jorge Montoya. A favor de este blindaje se pronunciaron congresistas de Fuerza Popular, Acción Popular, Perú Libre, Podemos Perú y Renovación Popular.
Incluso, el legislador José Jerí, denunciado por violación, que fue salvado de una investigación en la Comisión de Ética votó a favor de su colega de APP.
Esta era la agenda: "DC N° 361, 370 y 456 (acumuladas), interpuestas por los ciudadanos José Luis Briones Trujillo y Rafael Augusto Valdez Marín y el ex fiscal de la Nación Juan Carlos Villena Campana, contra la Congresista señora Rosío Torres Salinas por la presunta infracción a los artículos 1, 2 (incisos 15 y 22), 23, 38, 39 y 45 de la Constitución y por la presunta comisión del delito de Concusión; tipificado en el artículo 382 del Código Penal".
En junio del año pasado, una extrabajadora de la congresista Rosío Torres denunció que entregaba parte de su salario directamente a la legisladora.
“Mi bono era directamente con ella (Rosio Torres). Estoy segura de que la asesora 2 tuvo la orden de la congresista de hacer el recorte mensual a los trabajadores”, dijo Nathaly Rubio, la extrabajadora que denunció a la parlamentaria.
“Mis medios probatorios están en reserva ante la Fiscalía, pero el mío que quede claro era directamente con la congresista”, agregó.