La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó acumular dos denuncias presentadas contra el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) por el caso Ascensos, que incluye a su exministro de Defensa Walter Ayala.
En su sesión de instalación de este lunes, dicho grupo de trabajo dio cuenta de las acusaciones formuladas por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por los delitos de abuso de autoridad, organización criminal, patrocinio ilegal, entre otros.
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Por ello, la presidenta de la subcomisión, Lady Camones (Alianza para el Progreso), planteó que la denuncia 201, que ya cuenta con informe final en la Comisión Permanente, retorne al grupo de trabajo y sea acumulada con la 403, presentada por Benavides Vargas.
“Respecto a esta denuncia, debo señalar que la denuncia constitucional 201, la misma que se encuentra con informe final en la Comisión Permanente, versa sobre los mismos hechos y las mismas presuntas responsabilidades imputadas en la denuncia 403″, indicó.
Como se recuerda, el pasado 12 de agosto la fiscal de la Nación presentó una denuncia constitucional contra Castillo Terrones y el exministro Walter Ayala por el caso denominado Ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP).
Este caso se deriva de la presunta organización criminal dirigida por Pedro Castillo dentro de su gobierno. El esquema fiscal también señala al congresista Américo Gonza (Perú Libre), quien niega las imputaciones.
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Como se recuerda, en noviembre del 2021 el excomandante general del Ejército José Vizcarra denunció presiones desde el Gobierno para el ascenso de los oficiales Carlos Sánchez Cahuancama y Ciro Bocanegra Loayza, que serían cercanos al exmandatario.
Del mismo modo, el excomandante general de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) Jorge Chaparro dio cuenta de injerencias desde el Ejecutivo para la promoción de los oficiales Edgar Briceño Camero, Carlos Castillo y Herber Vilca.
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También, de acuerdo con las pesquisas de la fiscalía, el excomandante general de la Policía Javier Gallardo habría sido quien encabezó el presunto esquema de cobros ilícitos para que oficiales de la institución fueran ascendidos.
En total, se alega que nueve generales en actividad habrían pagado hasta US$40.000 para ascender. Así, a Gallardo Mendoza se le imputa los delitos de organización criminal y cohecho.
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