En una entrevista con “Cuarto Poder”, el congresista de Acción Popular y expresidente, Manuel Merino de Lama, se refirió a la crisis política de noviembre del 2020 y a la situación sanitaria del país a causa del coronavirus (COVID-19).
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Durante el diálogo, Merino ratificó que su asunción fue constitucional y aseguró que, de haber continuado en el poder, su gobierno hubiera tenido un mejor manejo de la pandemia a comparación de la actual administración del también legislador Francisco Sagasti.
Sin embargo, en su intento de marcar distancia o bajar el tono de los sucesos desencadenados tras la vacancia del expresidente Martín Vizcarra, y su participación en los mismos, dejó frases imprecisas y falsas.
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1. “[Estamos hablando de la destitución de un presidente] Sí, pero la crisis [política] que ha tenido Chile ha sido mucho más grave”.
Esta afirmación es imprecisa
Merino fue consultado sobre cómo asimilaba los comentarios del actual Gobierno respecto de que la crisis política del año pasado influyó para concretar acuerdos a fin de obtener las vacunas contra el COVID-19. Él rechazó tales posturas, las calificó como “excusas” y citó la situación de Chile.
Sin embargo, para los internacionalistas Farid Kahhat y Óscar Vidarte, la gravedad se puede medir desde distintos indicadores que no arriban necesariamente a la conclusión de Merino. “En Chile, el gobierno permaneció en pie. En cambio, en el caso peruano, el gobierno tuvo que dar un paso al costado”, señala Vidarte al recordar que el país tuvo tres presidentes en una semana.
Cabe recordar, además, que mientras Merino dio fin a su gobierno sin un espacio de diálogo, en Chile se inició un proceso para conformar una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución.
Kahhat apunta que en las protestas desatadas en octubre del 2019 en el país vecino tuvieron como fondo al modelo económico y problemas sociales más profundos arrastrados por décadas. “Pero la crisis peruana fue gratuita, se la sacó de la manga un Congreso que estaba preocupado por vacar a un presidente en vez de afrontar la pandemia”, sentencia.
2. “La crisis que estamos viviendo obedece justamente a esas movilizaciones, cuando estábamos en momento de pandemia, donde había prohibiciones de salir a las calles”.
Esta afirmación es falsa.
Merino dio esta categórica respuesta en referencia a la segunda ola del coronavirus que vive el Perú. Sin embargo, cabe recordar que para noviembre ya se había levantado el confinamiento obligatorio y se mantenían algunas restricciones, mas no existía tal prohibición de salir a las calles.
Para Patricia García, exministra de Salud, decir que la segunda ola es producto de un solo evento como las manifestaciones “no tiene mucho sentido”, pues se trata de distintas circunstancias y distintos factores. Menciona como ejemplo la apertura económica que incidió en la movilización de personas durante las fiestas de fin de año.
“Hay datos de los Estados Unidos, que las marchas de allá no tuvieron ningún efecto”, dice García aludiendo a un estudio del National Bureau of Economic Research realizado tras las manifestaciones en distintas ciudades de dicho país a causa del asesinato de George Floyd.
Según dio cuenta también Elmer Huerta, especialista en salud pública, en un artículo publicado en este Diario, el estudio no encontró evidencia de que –durante las cinco semanas después de las protestas– las marchas aumentaran el número de casos y muertes por COVID-19 en ciudades con movilización social.
En tanto, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, señaló a fines de enero que la segunda ola se debía “muy probablemente” a la llegada de la variante británica del coronavirus. Otro dato a considerar es que enero marcó el inicio de la segunda ola en el país.
3. [¿Quién dio la orden para la represión de las marchas?] “En ese momento, yo no he tenido el poder para dar órdenes”.
Esta afirmación es falsa.
Las movilizaciones se iniciaron la noche del 9 de noviembre tras la vacancia de Martín Vizcarra. Merino juró en su reemplazo un día después y las protestas fueron acrecentándose no solo en Lima, sino también en distintas regiones, hasta su renuncia el domingo 15. Horas antes, dos jóvenes murieron tras recibir impactos de proyectiles mientras la policía intentaba despejar las manifestaciones en la capital.
Es decir, la represión policial se dio aún durante su breve gobierno. Y según la Constitución Política del Perú, el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.
Sin embargo, el constitucionalista Óscar Urviola recuerda que si bien no se le pueden achacar las muertes a Merino porque aún son investigadas, sí “tiene responsabilidad” en lo ocurrido, lo que se evidencia en su renuncia ante una situación incontrolable por su gobierno. “Por su puesto que ha tenido poder”, sostiene el extitular del Tribunal Constitucional.
Hacia las 2 a.m. del domingo 15, Merino participó de una reunión con su Gabinete nada menos y nada más que en el despacho del entonces ministro del Interior, Gastón Rodríguez.
4. “Se ha demostrado que los hechos que se están investigando no hallan responsabilidad en Manuel Merino”.
Esta afirmación es falsa.
Aún no se puede demostrar nada porque las investigaciones continúan en curso en el Ministerio Público y no hay ninguna determinación judicial. Por un lado está la pesquisa preliminar que lleva la Fiscalía de la Nación, y que fue declarada compleja, contra Merino, el ex primer ministro Ántero Flores-Aráoz y el exministro del Interior Gastón Rodríguez por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado, así como por lesiones graves producidas contra manifestantes durante las marchas.
Dicha investigación gira en torno a los presuntos delitos de abuso de autoridad en agravio del Estado, homicidio doloso en agravio de Bryan Pintado e Inti Sotelo, así como lesiones graves, leves y desaparición forzada. Según el documento de la fiscalía que declaró complejo el caso, existen “indicios del conocimiento directo que tuvieron cada uno de los altos funcionarios, tanto de los detalles de las movilizaciones, como de su represión”.
Por otro lado, la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, a cargo de Margot Aburto Garavito, también investiga los hechos relacionados a las manifestaciones.
Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, explica que si bien se trata de expedientes distintos y causas diferentes, “todavía no hay nada determinado”.
“Una es la que mantiene abierta la fiscalía suprema por el caso de los ministros y el expresidente denunciados, y otra la que se sigue contra todos los que resulten responsables. En ambos casos estamos en pleno desarrollo de las investigaciones, las responsabilidades no están sancionadas aún en ningún aspecto”, precisa.
Este Diario intentó comunicarse con Manuel Merino, a través de un asesor, pero al cierre de este informe no fue posible contactarlo.
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