Dina Boluarte: las acciones del Congreso y las posibles implicancias legales de los contratos de Qali Warma

La Comisión de Fiscalización del Congreso indaga de oficio las presuntas contrataciones irregulares en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Ello luego de que “Cuarto Poder” revelara que una empresa vinculada a un supuesto aportante de la campaña electoral de 2021 de la actual mandataria, Dina Boluarte, mantiene contratos vigentes con el programa Qali Warma, pese a haber entregado documentos falsos.

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Fuentes del grupo de trabajo, encabezado por el legislador Héctor Ventura (Fuerza Popular), indicaron a El Comercio que este lunes en la tarde solicitaron al Midis información sobre dicho caso. “Si en la información se identifica responsabilidad alguna, se procede a llamar a presuntos involucrados”, señalaron.

El ministerio tendrá un plazo de 30 días hábiles para remitir la información solicitada.

Además, abogados penalistas consultados por este Diario señalaron que el Ministerio Público podría abrir una pesquisa preliminar sobre este caso contra quienes resulten responsables.

Según el programa dominical, la Corporación Belcen, cuyo representante legal es Cluteldo Beltrán Salinas, tiene dos contratos vigentes por el valor de 4 millones 700 mil soles con Qali Warma. El dueño de la compañía es hermano de Eduvigis Beltrán, quien fue sindicado por la profesora Maritza Sánchez - exasistenta de Boluarte - de haberse reunido con la entonces candidata a la vicepresidencia en la plancha de Pedro Castillo el 19 de mayo del 2021.

Según Sánchez, Marcela Saldarriaga, entonces secretaria de Boluarte, habría solicitado aquella vez 150 mil soles al empresario para financiar al grupo musical de la campaña. En un primer diálogo con el programa dominical, la excolaboradora negó la reunión; sin embargo, luego cambió su versión y confirmó el encuentro.

Además, el nombre de Eduvigis Beltrán también figura en el registro de visitas del Midis del 9 de septiembre de 2021, cuando Boluarte dirigía dicha cartera.

A raíz de las declaraciones de Sánchez, el Ministerio Público abrió investigación contra la presidenta por los presuntos delitos de financiamiento prohibido de organizaciones políticas y organización criminal, en torno a supuestos aportes ilegales a la campaña del partido Perú Libre en las elecciones del 2021.

De acuerdo con “Cuarto Poder”, cuando la Corporación Belcen postuló en 2021 para obtener la buena pro con Qali Warma, se descubrió que había presentado documentos falsos sobre su experiencia en el sector.

Así que para conseguir el contrato se asoció con otra compañía y postularon bajo el nombre de Consorcio Grupo Marketing Alimentaria SAC.

Nancy Aucahuasi, directora de Qali Warma, confirmó a “Cuarto Poder” que continúan trabajando con dicho consorcio, pese a la falta en la que había incurrido uno de los miembros de esta sociedad. “Ha presentado documentos falsos en el 2021. En este año sigue trabajando”, dijo.

La funcionaria explicó que la irregularidad fue detectada en enero de este año y que el consorcio pasó a una lista negra de proveedores la segunda semana del mismo mes, con lo cual quedaron descartados como proveedores de Qali Warma. No obstante, a los pocos días firmaron con ellos dos contratos por más de 4 millones.

Tras el reportaje, el titular del Midis, Julio Demartini, negó que la presidenta de la República haya participado en “actos irregulares e ilegales” cuando estaba al frente de la cartera.

Asimismo, señaló que la relación entre la Corporación Belcen y el Estado no se inició en la gestión de Boluarte. “Nosotros estamos adoptando todas las medidas de auditoría de control. Esta semana que viene estamos yendo al mismo Ayacucho a pedir explicaciones y a formar las actas correspondientes [sobre esta contratación]”, agregó.

Demartini indicó también que pondrán los “contratos malos” en manos de la fiscalía.

Este Diario buscó la versión de la jefa de Estado. Desde la oficina de Comunicaciones, solo atinaron a reenviarnos la respuesta que había dado el Ejecutivo al programa dominical: “La señora presidenta Dina Boluarte no conoce al señor Beltrán”.

“Tal como se evidencia en el registro de visitas del Midis, el señor Beltrán no fue atendido por la entonces ministra. El registro de visitas de dicho portafolio anota la hora de salida cuando las reuniones se producen. Es posible que haya acudido al Midis, se haya registrado en el módulo de atención pero no fue atendido en la oficina del despacho ministerial”, señalaron.

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Para los abogados penalistas Luis Vargas Valdivia y Romy Chang, este caso amerita una investigación de la fiscalía y podría sumarse a la carperta que ya tiene abierta la presidenta Dina Boluarte por el presunto financiamiento prohibido de organizaciones políticas y organización criminal, en torno a los supuestos aportes ilegales a la campaña del partido Perú Libre en las elecciones del 2021.

Vargas Valdivia no descartó que, además, el Ministerio Público abra una investigación contra la mandataria por el presunto delito de corrupción de funcionarios, debido a que era titular del Midis cuando la Corporación Belcen obtuvo la buena pro con supuestos documentos falsos.

También opinó que, lo que debió hacer el Midis, apenas tuvo conocimiento de la falsificación de documentos, es presentar el caso ante fiscalía para que abra una investigación contra la empresa por los presuntos delitos contra la fe pública y fraude procesal. Asimismo, trasladar la información al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) para que inicie un proceso sancionador.

El ex procurador anticorrupción señaló que, si el Midis no ha denunciado, se trataría de un posible delito de omisión de un acto propio del cargo. Asimismo, no se puede descartar el presunto delito de colusión.

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Para Chang “la fiscalía está en la obligación de abrir investigación por este caso”. “Lo que hizo la empresa podría catalogarse en el presunto delito contra la fe pública y, si hay algún funcionario involucrado, podría tratarse de colusión”, añadió.

Según la penalista una supuesta investigación por colusión también alcanzaría a la presidenta de la República porque los hechos ocurrieron cuando fue ministra de Estado.

No obstante, consideró que no queda claro si el Midis denunció a la empresa que habría falsificado documentos ante fiscalía y la OSCE para que sea inhabilitada para licitar con el Estado.

De otro lado, indicó que existe la posibilidad de que este caso se sume a la carpeta que Dina Boluarte tiene abierta por el presunto financiamiento prohibido de organizaciones políticas.

“Dina Boluarte tenía un alto cargo en la campaña, ella era militante, tenía un cargo dirigencial”, expresó.

Sin embargo, opinó que el caso contra Perú Libre es bastante sólido y, a su juicio, sumar este nuevo elemento retrasaría las investigaciones de esa pesquisa.