“El gobierno nacional perdió S/10.697 millones por corrupción [en el 2022]”

También dijo, en una entrevista con El Comercio, que no irá a la reelección en el cargo.

— La contraloría ha determinado que en el 2022 la corrupción y la inconducta funcional ocasionaron un perjuicio económico de S/24.419 millones al país. ¿Cómo se puede interpretar esta situación?

Cuando hablamos de la pérdida por corrupción e inconducta funcional es la estimación que se hace respecto a todos los sobrecostos que ha tenido la ineficiencia administrativa. Y, por otro lado, a todas las perdidas, robos entre comillas, que se han hecho respecto al uso de los fondos públicos. En una obra puede haber claros indicios de corrupción, pero también la ineficiencia administrativa genera un montón de sobrecostos. Entonces, al final todo es una pérdida, esa plata no llegó a la población que debía llegar y por eso se perdió.

Estos S/24.419 son el producto de la integración de todos los miles de auditorías e informes de control que la contraloría emite a nivel nacional y nos permite saber cuánto se ha perdido respecto del gobierno nacional, regional y local. Por ejemplo, en el Perú con lo que se ha perdido por corrupción se hubiera podido construir dos autopistas centrales, imagina cómo sería nuestro proceso de desarrollo con dos autopistas centrales.

"Del monto total, el 44% corresponde al gobierno nacional, el 33% a los gobiernos regionales y el 23% a los gobiernos locales"

— ¿Y cuánto fue responsabilidad del gobierno de Pedro Castillo?

Del monto total, el 44% corresponde al gobierno nacional, el 33% a los gobiernos regionales y el 23% a los gobiernos locales. El gobierno nacional [Ejecutivo, Poder Judicial y Congreso, entre otros] perdió S/10.697 millones por corrupción. El 90% de ese gasto público se concentra en el Poder Ejecutivo durante la administración del expresidente Pedro Castillo.

Otro dato a tener en cuenta es cómo ha subido de un año para otro la cantidad de funcionarios públicos comprometidos en los informes de control con responsabilidades administrativas, civiles y penales en el Poder Ejecutivo, pasaron de 1.870, en el 2021, a 2.530 en el 2022, casi un 35% más. Esa cifra en el caso de los gobiernos regionales y locales no es superior al 10%, en las regiones es 8% y en las municipalidades, 2%.

— Usted ha señalado que 2,530 funcionarios del Ejecutivo tienen responsabilidad imputadas por malos manejos de recursos públicos. ¿De estos, cuántos continúan en sus puestos?

Ah, eso no lo podemos saber, pero seguramente muchos [continúan]. Nosotros hemos imputado responsabilidades administrativas, civiles y penales a 8,730 funcionarios [en total]. Sin embargo, solo a 1,000 los podemos sancionar desde la contraloría. Los casos civiles y penales están a cargo del sistema de justicia, mientras que la mayoría de los administrativos a cargo de sus propias entidades.

— La contraloría, a través de un informe, ha advertido que el gobierno de Dina Boluarte contrató en el primer trimestre de este año a 16 altos funcionarios, a través del mecanismo FAG. Es decir, sin pasar un proceso de selección. ¿Esta administración está incurriendo en los mismos errores que tuvo la de Castillo Terrones en este aspecto?

No. Lo que ha pasado durante el gobierno del expresidente Castillo es que designaron a funcionarios que no cumplían los perfiles. El informe que ha salido de contraloría [sobre la administración de Boluarte] ha revelado una situación adversa, un riesgo, en el sentido, de que no existen procesos actualizados para garantizar que estén designando a personas correctas y que cumplan el perfil.

— Según informó “Panorama”, el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera Gargurevich, omitió hasta en dos oportunidades colocar en su declaración jurada que tenía dos sanciones administrativas. ¿Su oficina ha revisado el caso? ¿Amerita alguna sanción concreta?

A ver, lo que ha hecho el ministro Vera es presentar declaraciones juradas incompletas, imprecisas, esas declaraciones que entregó no son las que se presentan ante la contraloría, donde adviertes los conflictos de interés. Por ello, es que es son los órganos disciplinarios de la Presidencia del Consejo de Ministros la que se ha abocado a esa investigación.

— ¿En la declaración de Vera presentó ante contraloría sí estaban sus sanciones?

No, cuando la contraloría recoge las declaraciones juradas de intereses, esta no contempla que tengan que poner las sanciones [administrativas que tengan]. ¿Por qué? Porque teóricamente las sanciones las advertimos a través de los mecanismos de interoperabilidad del servicio que tiene Servir respecto a los sancionados. Estamos evaluando que a partir del próximo año las declaraciones juradas de intereses también contemplen una práctica similar para que haya mucha mayor transparencia de parte de los altos funcionarios públicos.

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— El Comercio reveló que el Estado ha dispuesto un total de S/42.735,03 para los trasladados de Alejandro Salas y Alessandra Herrera, quienes fueron ministros durante el gobierno de Castillo. ¿Es necesario eliminar las prerrogativas que tienen las ex altas autoridades?

Sí, el tema de la existencia o no de regulaciones de ese servicio que mencionas, es legal, le corresponde de acuerdo a las normas, pero la contraloría no ha hecho una valoración si es que efectivamente estas leyes deben cambiarse o no. Frente a las denuncias que hemos recibido, efectivamente se han acreditado también los procesos de recopilación de información para ver qué es lo que ha pasado. Pero, en general, el uso de los recursos públicos que el Estado les da a ciertas personas durante seis meses después de haber sido ministro, independientemente de cuánto haya durado en el cargo, porque hubo ministros que duraron solo una semana, [es legal].

— ¿No es una situación que se debe corregir?

Yo creo que es algo que sí, como siempre hay que hacer una evaluación y hay que ver si efectivamente se deben hacer esas modificaciones, pero esa es una tarea que no le corresponde a la contraloría.

"El recorte de sueldos] no es competencia legal de la contraloría, más bien se canaliza por medio de la Comisión de Ética del Parlamento"

— En solo dos meses y medio, el Ministerio Público ha abierto investigación a seis congresistas por presuntamente recortar el sueldo de sus trabajadores. ¿Por qué la contraloría no ha intervenido?

Como todos condenamos y rechazamos firmemente que existan estas prácticas en el Parlamento, pero hay que tener claridad sobre lo que hace la contraloría, esto es intervenir respecto al mal uso sobre los bienes y fondos públicos. Cuando un mal congresista le quita el sueldo a un trabajador, ahí el fondo que se está tranzando no es público. La contraloría está interviniendo en todas las denuncias que ha habido en el Congreso en otras materias, como las denuncias por las alfombras y buffet, y los gastos de representación. Pero esto [el recorte de sueldos] no es competencia legal de la contraloría, más bien se canaliza por medio de la Comisión de Ética del Parlamento.

— Usted refiere que se tratan de fondos privados, pero esos sueldos se pagan con fondos del Estado…

No, no [se puede intervenir], la naturaleza del fondo cuando ya te pagaron y te abonaron a tu cuenta es privado. Qué pasa si un chofer coimea a un policía, o al revés, este lo extorsiona, e incluso el conductor resulta ser un burócrata y le paga la coima de su sueldo, ese es un acto de corrupción, pero la naturaleza del recurso tranzado no es público, sino privado.

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— ¿Y su oficina intervendrá en el uso de los bonos por gasolina en el Parlamento?

Sí, en ese punto sí, hemos acreditado a una comisión [en el Congreso] para que recopile la información, y hay que esperar que los auditores hagan su trabajo. Yo recuerdo que todos los congresistas, desde hace un tiempo atrás, tiene disponibilidad de cuatro pasajes aéreos al mes, casi uno a la semana, son 48 al años. Esto para que puedan cumplir con sus funciones en su regiones. Pero qué pasa con los congresistas que se movilizan a regiones donde no hay vuelos, el equivalente le dan en gastos de movilidad [por tierra]. Y eso es para un propósito de función, no es para otras cosas, eso sí lo está viendo la contraloría. Seguramente hacía junio tendremos un informe en particular.

— A fines de febrero, el Congreso dejó sin efecto el contrato del servicio de buffet para los parlamentarios cuando haya pleno. ¿A casi dos meses y medio, la contraloría cuenta con el informe de control correspondiente? ¿Hallaron alguna irregularidad?

Sí, no podríamos adelantar respecto a si hemos hallado alguna irregularidad o no, pero sí te puedo decir que el informe [sobre el buffet] está alrededor del 60%. En unas semanas estará listo, la primera semana de junio se publicaría. ¿Qué es lo que hay que mirar? ¿Es legal que se asignen recursos del presupuesto del Congreso para este tipo de servicios? Sí, es legal. El asunto es si realmente se prestaron esos servicios, si los congresistas han consumido lo que han pagado. Además, este tema del buffet o del servicio de comida es algo que existía hace mucho tiempo atrás. La contraloría lo está viendo y hay que esperar.

— Su mandato como contralor termina en julio de 2024. ¿Intentará una reelección?

No, no, yo acepté este honorífico cargo de ser contralor general con un propósito: hacer la reforma del control, la diseñé y se han publicado dos libros [al respecto]. Y desde el principio sabía las leyes que íbamos a sacar, y los recursos adicionales [que se requerían] y todo se diseñó para cuatro años, pero por la pandemia de COVID-19 se hará en seis años. Yo no estoy pensando en querer reelegirme.

— ¿Y si se lo proponen, tampoco?

No, mi periodo termina en julio de 2024.

— Existe la sensación de que usted no quiere chocar con el Congreso, porque busca su reelección en el cargo, que depende en parte de esa institución. ¿Es así?

No, definitivamente [no]. Ese tipo de especulaciones son solo eso, yo no tengo ningún interés en reelegirme como contralor. Se ha hecho una gran reforma, gracias al apoyo del Parlamento y también del Poder Ejecutivo, se ha transformado por completo la contraloría. La contraloría es una organización totalmente distinta de la que yo encontré, para mejor. Incluso, he escrito una última publicación sobre cuál sería el futuro de esa reforma para dejarle al nuevo contralor, me gustaría que sea una contralora la que me reemplace. El gran cambio, a mí juicio, es pasar de la auditoría tradicional al control digital de las personas.

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— En el Congreso hay un predictamen que propone que el contralor sea elegido directamente por ese poder del Estado. Es decir, que el Ejecutivo no envía una terna. ¿Usted está de acuerdo con ese cambio?

Sí, porque una de las tareas fundamentales que tiene la contraloría es controlar el buen uso de los bienes y fondos públicos, pero eso implica controlar la ejecución. ¿Quién ejecuta? Normalmente, lo hace el Poder Ejecutivo, es por eso que mientras más autónomo e independiente sea el contralor es mejor. En muchos países de la región y del mundo, el proceso de elección del contralor es una competencia exclusiva del Congreso. El contralor también debe tener legitimidad y consenso de la clase política, porque evidentemente tiene que hacer una serie de reformas.

Y en muchos países es el pleno del Parlamento o de la cámara de senadores el que escoge al contralor. Ese es otro cambio que creo debería discutirse, al contralor no lo debe escoger la Comisión Permanente, sino el pleno, como lo hace con los miembros del Tribunal Constitucional y el defensor del Pueblo con 87 votos.

— Usted es docente de postgrado en la Universidad César Vallejo. ¿No existe un conflicto de interés, teniendo en cuenta que César Acuña, dueño de esta casa de estudios, es gobernador regional de La Libertad?

Yo no soy ya [profesor], he sido docente de la escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, desde este año ya no soy. Ese es un conflicto de interés aparente, pero para evitar incluso que haya esa especulación solo hasta fines del año pasado di clases a mis alumnos [en esa universidad].

— Según informó el portal “El Foco”, desde el 2017, usted ha realizado 44 viajes internacionales. Cuatro de estos para brindar conferencias. ¿Por qué en estos últimos no solicitó una licencia sin goce de haber?

No, a ver, eso tendría sentido, y tendríamos que haber hecho eso si las conferencias no fueran sobre lo que hace la contraloría. El contralor representa a la contraloría y parte de esa representación en la lógica internacional es mostrar lo que la contraloría ha hecho y es, por ello, que es compatible con el cargo que tengo de ir a estos eventos y presentar los resultados de la reforma, que es valorada en toda la región. Mucho sobre el control concurrente ha servido para que hagan modificaciones constitucionales en países de la región.

¿Cuándo tendrán los resultados del megaoperativo sobre el gobierno nacional?

A ver, acuérdate que durante los años anteriores hemos hecho megaoperativos a nivel regional, en cada una de las regiones del país, movilizando a cientos de auditores para intervenir simultáneamente a todas las instituciones. Ahora tocó al gobierno nacional, y obviamente ha cubierto esencialmente a las operaciones de los gobiernos de los expresidentes Vizcarra, Merino, Sagasti, Castillo y el primer trimestre del año, que corresponde al mandato de Boluarte. Estos resultados deben estar listos hacia fines de junio. De hecho, antes de Fiestas Patrias tenemos previsto hacer la rendición de cuentas de todos los resultados.

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El Niño costero

— ¿Cuánta responsabilidad tienen el Gobierno central y cuánto las autoridades regionales y locales en los desastres generados por El Niño costero?

Yo diría que ha habido una responsabilidad compartida. En primer lugar porque quien tiene que reaccionar de manera inmediata ante un desastre natural son los gobiernos regionales y locales, ellos no lo han hecho con la celeridad del caso por diversas razones, porque eran nuevos, porque no tenía personal calificado, porque no sabían cómo hacer las cosas, o porque estaban esperando que el gobierno nacional les asigne los recursos cuando ya los tenían en su presupuesto.

Cuando hay un desastre, se supone que no hay nada más importante que atender eso y sobre todo prever. Los gobiernos locales y regionales no estuvieron dispuestos a modificar sus presupuestos, es decir a interiorizar que ya no iban a hacer tales compras y obras, y trasladar esos recursos a la emergencia.

— La contraloría detectó más de 300 presuntas irregularidades en las obras en el norte desde el 2017. ¿Cuánto impacto tuvieron en los daños generados por El Niño costero actual?

Tremendamente. ¿Qué es lo que ha pasado? La reconstrucción con cambios avanzó, ahora tenemos un avanece seguramente del 80%, se han gastado más de S/21,000 millones, evidentemente no todo se ha gastado bien, y por eso se han imputado responsabilidades administrativas, civiles y penales a más de 845 funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno.

En el componente de la reconstrucción, que es vino el huaico y se llevó un colegio, entonces se reconstruye ese colegio, pero mejor, fuera de la quebrada, con servicios que antes no tenía, como Internet. Pero qué pasó con el otro componente, el que era fundamental para evitar que esto [la inundaciones] vuelva a pasar, de eso no se ha hecho [casi nada], eso tiene un avance menor al 10%.

— ¿La reconstrucción con cambios ha fracasado en ese punto?

Sin duda, no hay nada que discutir sobre eso. El proceso funcionó para la reconstrucción, pero lo otro [la prevención] no ha funcionado.

— ¿La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), propuesta por Boluarte y Otárola, es la solución?

No es la solución. ¿Qué es lo bueno de esta propuesta? Es que se reconoce que en el Perú necesitamos centralizar la ejecución de las grandes obras. Las grandes y medianas obras no pueden estar repartidas en N ministerios y en N gobiernos regionales, porque las capacidades de ejecución de las obras [son bajas] dadas la precariedad de nuestro Estado y nuestro servicio civil. La solución es centralizar la gran infraestructura, pero no considero conveniente que esto se maneje dentro de la PCM, hay que tomar el toro por las astas y crear un ministerio de obras públicas o de infraestructura.

Lo cierto es que ese ministerio o autoridad, no va a arreglar este problema [de prevención ante El Niño Costero] de acá al cierre del año. La preocupación fundamental de todo el Estado es qué vamos a hacer, tenemos una ventana de oportunidad de seis u ocho meses que se ha abierto hasta que Dios no quiera El Niño llegue en enero, febrero y marzo del próximo año. Hay un escenario donde podría llegar entre agosto y setiembre, con lo cual prácticamente no vamos a tener el tiempo de hacer nada y el desastre puede ser mayúsculo, porque durante los últimos años no se ha hecho limpieza de cauces y de quebradas, todos los ríos están colmatados. Estamos en una situación peor a la que existía en el 2017 [con El Niño costero]. Obviamente, vamos a tener muchísimos problemas.