Ley mordaza: 25 de los 69 congresistas que apoyan norma tienen investigaciones fiscales

De los 69 congresistas que respaldaron la aprobación, en primera votación, de un proyecto de ley impulsado por Perú Libre que apunta a elevar hasta cuatro años la pena privativa de libertad por el delito de difamación agravada, 25 enfrentan en la actualidad diferentes investigaciones en el Ministerio Público. La mayoría de estas pesquisas fueron iniciadas, luego de denuncias hechas por la prensa, a la que casualmente intentan limitar.

Por ejemplo, solo en los dos últimos meses, la Fiscalía de la Nación ha abierto investigación preliminar por el presunto delito de concusión a las congresistas María Acuña y Magaly Ruiz, de Alianza para el Progreso; y a Heidy Juárez, de Podemos Perú. Diferentes medios de comunicación revelaron testimonios y capturas de WhatsApp que las comprometen en un supuesto recorte de sueldo a trabajadores de sus despachos.

Acuña, Ruiz y Juárez votaron a favor de endurecer la pena por difamación agravada no solo en contra de periodistas, sino también de ciudadanos.

El presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento, Américo Gonza (Perú Libre), quien sustentó en apenas cuatro minutos el proyecto de “ley mordaza” en el pleno del jueves 4 de mayo, también afronta una investigación por presunta organización criminal y tráfico de influencias.

De acuerdo a la tesis del Ministerio Público, Gonza habría liderado, junto al hoy expresidente Pedro Castillo y el exministro de Defensa Walter Ayala una red que cobró sobornos a nueve generales de la Policía Nacional para ascender en el 2021. Estos altos oficiales, según el testimonio de colaboradores eficaces, pagaron US$40 mil.

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Además del parlamentario perulibrista, que hasta hace poco decía poner “las manos al fuego” por Castillo Terrones, hay otros 13 legisladores implicados en la trama de “Los Niños” que apoyaron el cuestionado proyecto que- para organismos especializados, como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia- atenta contra la libertad de prensa en el país [ver recuadro].

Entre ellos figuran nueve integrantes de la bancada de Acción Popular. Este Diario dio a conocer el testimonio de la empresaria Karelim López, quien develó la cercanía que aparentemente existía entre los acciopopulistas y el vacado exmandatario.

Dentro de los 69 congresistas que respaldaron la “ley mordaza”, hay cinco que afrontan cuestionamientos, después de que la prensa diera a conocer denuncias contra ellos. Por ejemplo, los congresistas Javier Padilla (Renovación Popular) y Silvana Robles (Perú Libre), quienes, de acuerdo a “Punto Final”, solicitaron reembolsos por combustible por días en los que no realizaron actividades parlamentarias, sino personales.

Un ánimo de revancha

La jefa del Área de Libertad de Prensa del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), Adriana León, dijo que “no hay muchas dudas” de que existe un ánimo de revancha de un sector del Congreso respecto a los medios de comunicación, que han ejercido un rol fiscalizador de sus malas acciones.

“Creo que la cereza del pastel han sido los ‘mocha sueldos’. Este Parlamento y los anteriores han tenido un afán de legislar en contra de la prensa. Cuando escuchas a los congresistas decir que los periodistas no tienen por qué preocuparse si es que no han hecho mal su trabajo, en realidad es una excusa, están muy incómodos con la labor de la prensa”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, León indicó que espera que “prime la sensatez” en el Congreso, cuando se someta a segunda votación el proyecto de “ley mordaza”.

“Esta es una reforma peligrosa, porque [al elevar a cuatro años la pena] puede haber jueces que decidan dar hasta cárcel a periodistas que son incómodos al poder. La cárcel de Magaly Medida, de cinco meses, y la de Paul Garay, de seis meses, sentaron malos precedentes. Y el argumento de esos jueces fue que la prisión era para que los periodistas aprendan”, alertó.

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El secretario general de Transparencia, Iván Lanegra, consideró que la respuesta de un sector mayoritario del Congreso a las denuncias hechas por la prensa “refleja un serio problema de la comprensión que tienen los políticos actuales” sobre el rol de los medios de comunicación en democracia.

“Ellos ven [esta fiscalización] como si fuera una suerte de ataque, en vez de entender que ellos están sometidos al escrutinio público por su función”, expresó a este Diario.

Lanegra afirmó que las acciones del Congreso “abonan” a la preocupación expresada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe sobre las protestas con el gobierno de Dina Boluarte, donde advierten que un sector del periodismo ha sido víctima de agresiones y de situaciones de hostilidad.

“El ejercicio de la función legislativa no es arbitraria, se desarrolla en el marco de la Constitución y en el respeto de los derechos fundamentales. ¿Cuáles son las alternativas para sancionar una mala práctica periodística sin afectar el derecho a la libertad de expresión? Los estándares internacionales señalan que las sanciones solo deben ser de carácter civil”, sostuvo.

Lanegra señaló que “hay una sensación entre” un grupo de congresistas, en el sentido, de que “la prensa es el enemigo, en vez de verla como un actor de la democracia”.

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A su turno, el director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta, indicó que existe un sector del Parlamento que apunta a “silenciar” las investigaciones de la prensa, o a que estas no se profundicen.

“Además, de estos 30 congresistas [con investigaciones y cuestionamientos] que han votado a favor me preocupan los otros 39, ellos podrían tener cosas que no quieren que los medios de comunicación destapen. Esta es una ley profundamente peligrosa para el sistema democrático y para la rendición de cuentas”, refirió a El Comercio.

Rotta calificó de “cínico” el argumento que tienen los congresistas para justificar su voto a favor de la ley mordaza, en el sentido, de que los periodistas no se deben preocupar, “porque ellos investigan y no difaman”.

“No necesariamente tiene que haber un mal comportamiento [de un reportero], los políticos pueden presentar la denuncia por difamación, y algún fiscal despistado puede iniciar una investigación, eso mismo ya es un hostigamiento. Esperaría que el gobierno de Boluarte pueda observar esta norma si el Congreso concreta este desatino”, concluyó.

La sola amenaza de un proceso

Alberto Cruces, adjunto para Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, remarcó que a su institución le preocupa el proyecto promovido por Perú Libre, porque implica que, ante la posibilidad de la difusión de una noticia, “donde se dé cuenta un tema de corrupción, mafias y violación a derechos humanos”, los periodistas terminen siendo denunciados por difamación.

“Las personas implicadas en estas denuncias pueden accionar para se inicie una investigación penal, no es necesario que inicie el proceso [juicio], ya la sola amenaza es la de transitar por una investigación que puede durar años. Ahí es donde nosotros encontramos ya una afectación sin necesidad de que haya una pena efectiva”, subrayó a El Comercio.

Cruces dijo que espera que el Congreso pueda corregir su postura respecto a la “ley mordaza” en la segunda votación.

“Todavía queda una segunda votación, un sistema que contempla dos votaciones es precisamente para esto, para que los congresistas consideren sus argumentos para ratificarse o retroceder. Es una oportunidad que nos da el sistema democrático, y consideramos que no la deben desaprovechar”, expresó.

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El abogado refirió que si el Parlamento termina aprobando la norma que eleva la pena por difamación agravada, el Ejecutivo debe observarla.

Y recordó que la Defensoría del Pueblo tiene la potestad de iniciar un proceso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitución, en caso la ley mordaza sea promulgada.