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Ex tesorero de Odebrecht señala que se pagaron US$3 millones a ex árbitro Cánepa

Luiz da Rocha Soares declaró a la fiscalía que se entregó esa suma al ex árbitro para que favorezca a constructora en laudos. También dijo que Miguel Atala recibió más de US$1 millón

Luiz Da Rocha Soares

Luiz Da Rocha Soares, ex tesorero internacional de la constructora Odebrecht, declaró ayer a los fiscales peruanos del equipo Lava Jato. (Foto: Antonio Álvarez / Enviado Especial)

Antonio Álvarez

Luiz da Rocha Soares, ex tesorero internacional de Odebrecht, afirmó ayer que la empresa entregó US$3 millones a Horacio Cánepa, ex árbitro de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), a cambio de que este la favoreciera en procesos arbitrales contra el Estado Peruano.

Da Rocha Soares declaró ayer ante fiscales peruanos durante el cuarto día de interrogatorios que realizó el equipo especial Lava Jato en Curitiba, Brasil.

El fiscal Germán Juárez Atoche –a cargo de la investigación– señaló, al término de la diligencia, que se prolongó por más de nueve horas, que “[el testigo] refiere que se hicieron transferencias de dinero [a Cánepa] […] y para sustentar los pagos se presentaron contratos ficticios de US$1 millón y US$2 millones. Estaría por confirmarse si se efectivizaron los US$3 millones”, remarcó.

Según fuentes de El Comercio, Da Rocha Soares tenía en su poder la copia de los contratos suscritos entre la empresa Klienfield, de Odebrecht, y la ‘offshore’ Maxcrane Finance, constituida en Panamá y cuyo beneficiario era Cánepa.

Sin embargo, a pedido de la defensa del testigo, se optó porque esos documentos sean enviados al Perú vía cooperación internacional.
Además, el ex tesorero de Odebrecht habría señalado que “para efectos de que saliera ese dinero hacia la otra cuenta, tenía que ser justificado con un contrato ficticio. Como me mandaban el contrato, entonces ahí se veía quién era el beneficiario y es por eso que puedo aseverar que ese dinero era para Cánepa”.

Hasta el momento solo se conocía que Cánepa falló a favor de Odebrecht en 16 de los 19 laudos arbitrales en los que participó entre el 2009 y el 2015. A cambio Cánepa habría recibido US$1’442.000 en cinco partidas. Los procesos en los que Cánepa intervino fueron IIRSA Norte, tramo 3 de IIRSA Sur y la carretera Callejón de Huaylas-Chacas-San Luis.

Según las mismas fuentes, Jorge Barata, el ex superintendente de Odebrecht en el Perú, hacía la solicitud del pago. Esta luego debía ser aprobada por el líder empresarial de la firma para América Latina, Luiz Antonio Mameri, para que la División de Operaciones Estructuradas –también llamada caja 2– desembolsara el dinero.

En comunicación con El Comercio, Cánepa evitó pronunciarse sobre la declaración del ex tesorero internacional de Odebrecht. “Todo lo relacionado conmigo está en la fiscalía bajo investigación reservada […]. No [voy a comentar] porque no puedo hablar sobre una investigación reservada”, refirió.

En marzo del año pasado se ordenó impedimento de salida del país por 18 meses para Cánepa.

Da Rocha Soares también se comprometió, según fuentes de El Comercio, a entregar, vía cooperación internacional, los contratos que justificaban que la Banca Privada de Andorra haya abierto cuentas a favor de Cánepa; de Jorge Cuba, viceministro de Comunicaciones del Ministerio de Transportes del segundo gobierno de Alan García; de los ex miembros del comité de licitación del metro de Lima, Mariella Huerta y Edwin Luyo; así como el del ex gerente de la Municipalidad de Lima Gabriel Prado; y Rómulo Peñaranda, apoderado de Alpha Consult, empresa que se encargó de la supervisión de la carretera Interoceánica Sur.

En comunicación con este Diario, Víctor Ortiz, abogado de Cuba, indicó que “habrá que corroborar” si la documentación que enviará Da Rocha Soares “va de acuerdo con lo que han dicho los propios implicados”.

—Desembolso—
Miguel Atala, vicepresidente de Petro-Perú durante el segundo gobierno de Alan García, recibió US$1’300.000 de Odebrecht por un contrato ficticio, según declaró Da Rocha Soares a la fiscal Geovanna Mori, responsable de la investigación a este ex funcionario.

En su defensa, Atala habría señalado a la fiscalía que ese dinero lo recibió por la supuesta venta de un terreno ubicado en El Agustino, que luego fue cedido para la construcción del tramo 2 del metro de Lima.

“[El testigo] ha referido que este contrato no existió, […] el propósito de las cuentas de la Banca Privada de Andorra era el pago de coimas”, señaló Mori al término del interrogatorio.

“Todas las transferencias de dinero eran justificadas con contratos ficticios que fueron depositados en la BPA. […] La importancia era ocultar identidad de funcionarios como beneficiarios de las cuentas”, agregó.

Da Rocha Soares indicó que en estos actos ilícitos están involucrados entre seis y siete funcionarios y que todos los detalles los brindará Jorge Barata.

Julio Rodríguez, abogado de Atala, negó que el pago de Odebrecht a la cuenta en Andorra se debiera a un contrato simulado o que fuera irregular. “Ese depósito se hizo cuando el señor Atala no era funcionario público [...] ni sabía que lo iba a ser”, señaló.

—Involucran a Gonzalo Monteverde—
Luiz da Rocha Soares además declaró ante los fiscales Walter Villanueva y Carmen Caro que Odebrecht utilizó las empresas Construmaq S.A.C. y Cementerios Centrales, de propiedad de Gonzalo Monteverde, para introducir en el Perú dinero que luego debía ser distribuido por Jorge Barata.

Explicó que Odebrecht, por medio del operador financiero externo de la caja 2, Olivio Rodrigues Júnior, transfirió más de US$29 millones a las cuentas de las compañías de Monteverde.

Esto, con el fin de que la constructora disponga de efectivo en Lima para poder pagar sobornos. El ex tesorero también declaró que se reunió en dos ocasiones con Monteverde, una en el Perú y otra en Panamá, para coordinar los detalles sobre estas transferencias irregulares.

Este Diario intentó comunicarse con Monteverde, pero no atendió nuestras llamadas. En una carta notarial que envió a El Comercio a inicios de setiembre pasado, Monteverde rechazó que sus empresas hayan servido para realizar pagos de presuntas actividades ilícitas.

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