La Mesa Directiva del Congreso aprobó anoche la creación de una gerencia general con todas las atribuciones para ejercer control y vigilancia sobre gastos y servicios que, en adelante, haga ese poder del Estado.

La decisión fue adoptada luego de que el presidente del Legislativo, Fredy Otárola, expusiera a los tres vicepresidentes del Congreso los alcances de la reforma administrativa que permitirá un mayor control sobre los gastos del Parlamento.

Se espera que la propuesta sea vista y aprobada en el pleno de este jueves, día en que se definirá también el perfil del gerente que tendrá el Parlamento.

Esta reforma, posibilitará, según Otárola, que el actual oficial mayor del Congreso se dedique solo al quehacer parlamentario, de tal manera que los asuntos administrativos sean responsabilidad de otro funcionario de alto nivel jerárquico.

“En un ministerio, por ejemplo, existe un viceministro administrativo y de temas de función. Estamos haciendo lo mismo. Mantenemos la Oficialía Mayor y creamos una gerencia para el área administrativa. Y debajo de esta, [crearemos] subgerencias de recursos humanos, logística, finanzas y de tecnologías de la información. Así se controlará al personal, su asistencia y cumplimiento de funciones”, explicó.

¿Habrá una poda del personal administrativo?, preguntó El Comercio. “¡La idea es esa! Cada subgerencia hará el diagnóstico de su área y planteará las reformas pertinentes. Se modernizara el sistema administrativo. Queremos desterrar la corrupción”, subrayó.

En tanto, la primera vicepresidenta del Congreso, Carmen Omonte, propuso que el responsable de la Oficina de Auditoría Interna (OAI) sea nombrado por la contraloría general para garantizar la transparencia de las actividades del Congreso.

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