La presidenta Dina Boluarte emitió un pronunciamiento tras la denuncia constitucional en su contra que presentó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por el caso de las muertes ocurridas durante las protestas de diciembre del 2022 y enero del 2023.
Acompañada por sus ministros, en Palacio de Gobierno, Boluarte remarcó que se trata de una maniobra política para distraer la atención de la grave denuncia contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Enfatizó que es “extraño” que el viernes se decida la continuidad de las investigaciones en su contra y el lunes se realice la denuncia constitucional ante el Congreso. Por ello, puntualizó que es “sospechoso” que dicha acusación se presente luego que los fiscales supremos hayan pedido la renuncia de Benavides.
“Mi Gobierno ratifica el compromiso de lucha frontal contra la corrupción y esta debe ser sin injerencias ni presión política, como se pretende indicar para distraer o cambiar la noticia sobre asuntos de corrupción que llegarían hasta la fiscal de la Nación”, señaló la mandataria.
“En relación a la denuncia constitucional presentada ante el Congreso en mi contra causa extrañeza que haya sido presentada luego que la ciudadanía tomara conocimiento de los allanamientos y detenciones del equipo de la fiscal de la Nación por presuntos actos de corrupción”, exclamó Boluarte.
Mira aquí el pronunciamiento:
La denuncia - por los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves - alcanza al primer ministro Alberto Otárola, y los exministros César Cervantes Cárdenas, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández.
El pasado 7 de septiembre, la Fiscalía de la Nación dispuso “ampliar excepcionalmente” la indagación preliminar por 45 días, plazo que venció el miércoles 25 de octubre. Ese mismo día se anunció una nueva ampliación por ocho meses.
Patricia Benavides presentó este lunes, 27 de noviembre, la denuncia constitucional contra Dina Boluarte en medio de la detención de Jaime Villanueva, su exasesor y quien es acusado de coordinar con congresistas para dirigir sus votos en determinados casos. Con ello, se buscaba favorecer a la titular del Ministerio Público e impedir su destitución. Esto, a cambio de que la fiscalía archive las investigaciones que comprendían a los legisladores.
Las coordinaciones estaban enfocadas en las votaciones sobre la remoción de la Junta Nacional de Justicia, la elección del actual defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y la inhabilitación de la exfiscal suprema Zoraida Ávalos.